El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Mónica Oltra. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La reunión entre la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, respecto a los posibles recortes sobre el presupuesto a aplicar en la recta final de la legislatura debido a la falta de ingresos pendientes del Gobierno central terminó sin un acuerdo definitivo y con poco optimismo. Prueba de ello es que desde la coalición valencianista advirtieron tras la cita de que sus condiciones son "el paso previo" a "cualquier tipo de negociación" sobre las cuentas de 2019. Unas reivindicaciones que el sector socialista del Consell que lidera Ximo Puig no parece convencido de aceptar al menos en su totalidad.
La primera exigencia de Compromís puesta sobre la mesa se dirigió hacia la reivindicación ante el Gobierno de España -del PSOE- de los ingresos correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta del modelo de financiación del ejercicio de 2019 -450 millones- así como el pago de la parte autonómica de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno anterior no abonó y que asciende a 280 millones de euros.
El siguiente asunto abordado por la coalición valencianista en la cita -a la que también acudió el titular de Educación, Vicent Marzà-, se centró en la petición por parte de Oltra de que Soler "permita a las consellerias contratar al personal funcionario previsto en el Capitulo I del Presupuesto para poder mejorar la eficacia en la prestación de los servicios públicos". Una exigencia que, tal y como informó este diario, tiene su base en el malestar de Compromís respecto a lo que consideran un maniobra "unilateral" del conseller en la elaboración del anterior Plan Económico Financiero (PEF) que limita su capacidad para la contratación de empleados públicos y, por tanto, a la propia ejecución presupuestaria.
En tercer lugar, la vicepresidenta del Ejecutivo insistió en mantener su petición para que el Gobierno valenciano solicite "públicamente" la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar "las posibles soluciones a la asfixia financiera a la que el Gobierno de España en funciones tiene sometidas a las comunidades autónomas".
Tres premisas que Oltra puso como condición sine qua non para "cualquier tipo de negociación sobre el presupuesto de la Generalitat de 2019". Según puntualizaron fuentes oficiales de Compromís, de producirse cualquier modificación en el presupuesto esta "deberá ser consensuada previamente en el seno del Consell".
En la otra orilla, el conseller de Hacienda admitió que la situación es "difícil" y para nada "agradable" pero insistió en que el Gobierno valenciano es un Ejecutivo "responsable" que sabe "hacer frente a las situaciones". "Estoy convencido de que encontraremos la manera de superar esta", comentó.
En esta línea, desde el departamento de Hacienda recordaron que "el escenario creado por la falta de gobierno y la no aprobación de los PGE de 2019" han dejado a las Generalitat sin unos ingresos que había previsto en sus cuentas del mismo año. En cuanto a las peticiones concretas de Compromís, desde la conselleria no hicieron referencia a ellas y aseguraron que en la reunión se puso sobre la mesa la situación financiera de la Generalitat y se acordó "seguir trabajando para buscar la fórmula que pueda permitir afrontar la situación creada por la falta de ingresos y abordar con cirugía fina los ajustes necesarios".
Fuentes del entorno de Oltra señalaron que Soler, según su impresión, sí se mostró dispuesto a estudiar las dos primeras de sus propuestas pero no así la reclamación de una reunión del CPFF, que según la ley debía haberse reunido antes del 1 de agosto para conocer la cifra del techo de gasto del año que viene.
Respecto a este particular, fuentes de Hacienda recalcaron que el conseller ya manifestó estos días que la "única urgencia" para la convocatoria de un CPFF "sería la aprobación de las entregas a cuenta y las liquidaciones correspondientes para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2020, asuntos que no puede llevar a cabo un gobierno en funciones, tal y como ya pasó en 2016". Una postura en la que discrepa Compromís, que considera que un acuerdo en ese órgano sí permitiría que el Gobierno de España actuara para activar fórmulas para el pago a las CCAA amparadas en el "interés general", tal como permite la ley a un gobierno en funciones.
Después del encuentro -o más bien desencuentro- entre Oltra y Soler, el conseller de Hacienda se reunió con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau. Quien fuera el candidato de Unides Podem a la Generalitat, sin embargo, no adoptó una actitud como la de Compromís. No se revolvió por los previsibles recortes ante la falta de entregas a cuenta a la Comunitat por parte del Gobierno central.
Dalmau se limitó a señalar que el problema de esta situación es la falta de un Ejecutivo de coalición en Madrid entre PSOE y Unidas Podemos y defendió que el Gobierno del Botánico II debe mantener una posición unida en la defensa de una justa financiación para la autonomía, algo que se antoja complicado en las circunstancias actuales -el PSOE, de hecho, rechazó el debate de esta cuestión en el Senado la pasada semana-. En cuanto a los posibles recortes que repercutirían en la cartera que él dirige, Vivienda, Dalmau se mostró sosegado, pues garantizó que solo se harán "retenciones de crédito en aquellos casos que no afecten al derecho constitucional a la vivienda".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
