C's plantea una reforma del Estatut para eliminar el Consejo Jurídico Consultivo por el gasto que supone
VALENCIA (EUROPA PRESS).- La portavoz de Ciudadanos (C's) en la Comunitat, Carolina Punset, propuso ayer la eliminación del Consell Jurídico Consultiu (CJC) mediante una reforma del Estatut de Autonomía para ir "adelgazando a la Administración de gastos superfluos" y destinar así los 2,4 millones de euros anules que cuesta este organismo a garantizar los derechos sociales y el Estado de Bienestar.
C's presentó esta Proposición No de Ley urgente para que pueda eliminarse este organismo, que destina "el 83% de su presupuesto a gastos de personal y emite una media de dos dictámenes diarios" y también para eliminar "los privilegios" a los expresidentes de la Generalitat, que tienen la potestad de ser miembros natos de este organismo. Actualmente, el único expresidente que ejerce este derecho es Francisco Camps. Al respecto, Punset advirtió que esto "no debe verse como una rebancha" sino como una medida enmarcada en la línea que defiende C's de "evitar burocracia y duplicidades".
Así, recalcó que el CJC es un organismo que "no es necesario" ya que la mayoría de sus informes "no son vinculantes" y de hecho solo se requieren para dos artículos que pueden ser cubiertos por otros organismos equivalentes como el Consejo de Estado. Además, se trata de una institución de 10 años de vida, se creó en 1997, del que carecen otras comunidades autónomas, lo que prueba que "se puede sobrevivir si él" y que "no es fundamental para nuestro autogobierno".
Por su parte, la número dos del Consell, Mònica Oltra, se mostró abierta a debatir esta reforma -como todas las propuestas legales que se planteen en Les Corts, añadió-, aunque no a la eliminación del organismo.
Una de las ideas que atrae a Oltra en este cambio es, según declaró en rueda de prensa, la de eliminar los privilegios de los expresidentes, como ya propuso Podemos en otra PNL. Sin embargo, alertó de que "se ha de pensar bien, porque igual hacemos un atasco muy grande".
La vicepresidenta defendió el CJC por tareas como, por ejemplo, los informes sobre responsabilidad patrimonial de la administración que afecten a los ciudadanos y aclaró que es partidaria de su modificación siempre que sea con "parámetros que antepongan el interés de los ciudadanos".