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carlos turró, en libertad tras ser detenido por el caso imelsa

'Operación Taula', ¿puntilla para Cleop?

La detención y posterior puesta en libertad del presidente del grupo de servicios, contratista habitual del Ayuntamiento, último sobresalto para una empresa que se tambalea con cada nueva polémica 

28/01/2016 - 

VALENCIA. Nuevo revés en el camino del grupo Cleop por recuperar la normalidad. La detención de su presidente, Carlos Turró, en la operación Taula por su supuesta implicación en la trama que amañaba contratos y cobraba comisiones por adjudicaciones fraudulentas siembra de dudas el futuro de una empresa que, pese a superar el concurso de acreedores hace casi dos años, no acaba de sacudirse de encima los problemas. [FOTOGALERÍA]

La constructora lleva casi 1.500 días suspendida de cotización en Bolsa y, aunque ya hace meses que informó a la CNMV de volver al parque, por el momento no tiene visos de regresar. En su último avance de resultados, correspondiente a los nueve primeros meses de 2015, el grupo de construcción y servicios comunicó unas pérdidas de 2,39 millones de euros tras caer su cifra de negocio hasta los 24,34 millones lastrada por la negativa evolución de la rama inmobiliaria.

La penúltima polémica en la que se vio envuelta la empresa que preside Carlos Turró, quien esta madrugada fue puesto en libertad junto a otros cinco empresarios detenidos tras ser interrogado por el juez, fue su inclusión en la lista de grandes morosos que Hacienda dio a conocer hace apenas un mes en la que la compañía valenciana aparecía con una deuda pendiente de 9,55 millones.

La cuenta de resultados del grupo, contratista habitual del Ayuntamiento de Valencia, también se ha visto sensiblemente afectada tras quedarse sin el contrato para prestar el servicio de grúa municipal. El último año completo en el que prestó ese servicio, todavía con Rita Barberá al frente del consistorio, la UTE Servicleop-Cleop aportó 4,66 millones de euros en ingresos al grupo.

Con el cambio de signo político en el Ayuntamiento, la empresa no sólo que quedó sin una de sus contratas más rentables, sino que además tiene que afrontar la devolución de la deuda que le reclama el municipio, que supera los 1,9 millones de euros. La adjudicación concluyó en diciembre de 2012, pero se prorrogó hasta el 30 de junio de 2014.

Otro frente de desestabilización abierto en Cleop es el enfrentamiento que arrastra desde hace años con la inmobiliaria Urbem, con la que mantiene varias demandas cruzadas por el control de la sociedad. El penúltimo episodio de esta guerra ha sido la entrada en preconcurso de acreedores de la firma que preside José Pastor.

El contrato de las Torres de Quart, bajo sospecha 

La presencia de Turró y de otros empresarios como Javier Luján entre los detenidos en la operación Taula causó este miércoles un enorme revuelo entre las empresas del sector en Valencia. La relación completa de empresarios arrestados trascendió entrada la tarde.

En el caso del presidente de Cleop, no obstante, en el sector se daba por hecho que no se libraría de verse salpicado por el escándalo, a falta de saber en qué medida. El motivo sería la controvertida adjudicación del contrato de adjudicación de rehabilitación de las Torres de Quart, que se investiga en qué condiciones se adjudicó por la sospecha de que podría haber sido amañado.

Así quedaría patente en las grabaciones que Izquierda Unida, el partido que presentó la denuncia que dio origen a la causa, trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. En ellas habría conversaciones posteriores a la adjudicación en la que varios implicados en la trama, entre ellas la exconcejal María José Alcón, pactarían el reparto de comisiones.

Doce de los 24 detenidos hasta el miércoles son empresarios. Tras pasar la noche del miércoles en el calabozo, los arrestados comenzaron a pasar a disposición judicial el miércoles por la noche. Ya de madrugada, el TSJ informó de la puesta en libertad de los seis empresarios interrogados por el juez.

A los presuntamente implicados en esta "trama corrupta" se les imputan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

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