Ortiz sobre la financiación a campañas del PPCV: "Me equivoqué y pido perdón"  

VALENCIA, (EP). El empresario alicantino del grupo Savia Gerocentros del Mediterráneo Enrique Ortiz ha negado este lunes que la empresa en la que participaba --Sedesa-- recibiera "ningún trato de favor" en la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes. Asimismo, ha asegurado que no mantuvo reuniones previas a la adjudicación del contrato ni con el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ni con los exconsellers Juan Cotino o Rafael Blasco.

Así lo ha indicado en una comparecencia en las Corts que investiga el proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figura Sedesa --propiedad de la familia Cotino--.

En la jornada de este lunes, han comparecido otro empresario del grupo Savia Gerocentros Arturo Alario y el responsable legal de Geroresidencias Solimar SL, Marco Penadés.

En su comparecencia, Ortiz ha explicado que decidió participar en el proyecto de construcción de centros de residencias porque anteriormente ya había formado parte de un proyecto similar, por lo que contaba con un equipo que tenía "experiencia" en la materia.

Además, ha recalcado que el contrato le resultó "atractivo" y aunque ha reconocido la existencia de "problemas e incumplimientos" ha agregado que su trabajo como empresario es precisamente crear empleo y "correr el riesgo de que a veces los negocios van bien y otras veces menos bien".

Ha explicado que su participación en Sedesa en un principio era de un 9,5 %, similar a la de Vicente Cotino, que ha cifrado en un 9%, y ha negado estar al frente de la gestión directa de la compañía. "Éramos once accionistas y delegábamos funciones en personas de alto nivel", ha explicado, para agregar que la UTE para la construcción y gestión de residencias "no era la primera" que realizaba con el sobrino del expresidente de las Corts, Vicente Cotino.

Relación con Vicente Cotino

En este sentido, ha asegurado que su relación con Vicente Cotino era "la normal de compañeros de trabajo" por lo que ha asegurado no haber intervenido en la venta de acciones ni que de aquella relación hubiera podido existir trato de favor por parte de la administración. "No ha habido ningún tratado de favor. Fuimos uno más de los que se presentaron", ha recalcado.

No tuve reuniones con nadie, ni Camps, Cotino ni Blasco y no he participado en el nombramiento de cargos administración. No he participado nunca ni tengo nada que ver", ha sostenido el empresario que, asimismo, ha querido resaltar que tampoco ha mantenido encuentros previos a la adjudicación del contrato con ningún miembro de la administración valenciana.

Por otro lado y preguntado por las conversaciones hechas públicas con Artuo Alario, Ortiz ha eludido comentar nada al respecto. "Las grabaciones están impugnadas y mientras no se decida si son legales o no, prefiero no hacer comentario. Cuando se resuelva vendré voluntariamente aquí -a las Corts-- a dar las explicaciones", ha asegurado.

Insistido por los incumplimientos en la puesta a disposición de plazas en las residencias, ha agregado que siempre que ha habido cualquier tipo de problemas en este sentido se ha sancionado si no estaba justificado, aunque ha reconocido desconocer si se produjeron sanciones porque ha dicho que él no estaba "en el día a día" de la empresa. No obstante, ha sostenido que cuando se presentamos al concurso público pensaban que podrían "llenar las plazas".

De igual modo, ha manifestado no recordar la fecha de la ampliación de capital de la empresa ni cómo ha sido la evolución de su participación en acciones de la empresa.

Por otra parte, Arturo Alario ha defendido que el concurso de adjudicación fue "absolutamente abierto" y, de igual modo que Ortiz, ha negado cualquier tipo de trato de favor ni cualquier tipo de reunión previa con la administración. De hecho, ha querido resaltar que desde la entidad presentaron un proyecto que englobaba a 60 centros, de los cuales sólo fueron adjudicatarios 29.

Asimismo, ha insistido en que el primer contrato, que entró en vigor el 1 de diciembre 2008, se hizo con un reparto "proporcional" a todas las empresas que resultaron beneficiarias.
Además, ha negado que pidiera a la conselleria de Bienestar Social que no concediera ayudas a dependientes. "Las empresas de residencias de accesibilidad nunca hemos pedido que no se dé ayudas ni se nos pasa por la cabeza", ha recalcado.

Respecto a la exclusividad en la gestión de nuevas plazas, ha recalcado que en el pliego de condiciones ya figuraba la existencia de "una cláusula que hablaba de exclusividad en gestión de nuevas plazas en el pliego de condiciones".

En similares términos se ha pronunciado Penadés, quien ha negado reuniones privadas con el exconseller Juan Cotino ni encuentros previos a la adjudicación con el exconseller Rafael Blasco ni con ningún alto cargo de la conselleria de Bienestar Social. "Conocí el pliego de condiciones cuando se publicó", ha recalcado.

Ha defendido la legalidad de la adjudicación del concurso y el cumplimiento de Savia del pliego de condiciones y ha explicado que la UTE para la construcción y gestión de residencias se conformó tras presentarse al concurso público de adjudicación porque "es lo habitual".

Pide perdón por la financiación ilegal

El empresario ha admitido este lunes que se "equivocó" al haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008 como ya confesó en el mes de abril en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional. "Me equivoqué y pido perdón. Fue un error. Nunca se debió de hacer, pero se hizo", ha admitido.

Así lo ha señalado Ortiz durante una comparecencia en la comisión de investigación de las Corts que investiga el proceso de adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, al ser preguntado por parte de un diputado de Podemos por la presunta financiación ilegal del PP, que el empresario admitió en un escrito a la Audiencia Nacional en el que reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales de 2008.

Al respecto, Ortiz ha señalado que sobre esta cuestión ya ha respondido ante la Audiencia Nacional, aunque ha afirmado: "Me equivoqué y pido perdón públicamente. Fue un error que nunca se debió de hacer, pero se hizo y ya hemos dado todas las explicaciones que teníamos que dar", ha zanjado.

El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admitió en el escrito que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas de dinero.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa. "Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa", agrega en ese escrito.

Ortiz se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.