A la luz del último CIS, no podemos pensar el cambio económico y en depurar la corrupción sin plantearnos el papel que tienen los empresarios y sobre todo en quién los representa
VALENCIA. Un 1’6%. A pesar de todo el ruido mediático y político contra los nacionalismos y por la siempre amenazada unidad de España sólo un 1’6% de la población española, según el CIS, considera que Cataluña y los nacionalismos sean uno de los tres problemas prioritarios en estos momentos. La temida falta de gobierno aún preocupa a menos gente: sólo a un 1’4%. Nunca la distancia entre la opinión pública y publicada había sido tan abismal.
En el otro extremo, y a pesar de la cacareada retórica de la recuperación, el paro -78%- y la situación económica -25’1%- están en el podio de las preocupaciones de la población cuando se les pregunta entre un amplio abanico de opciones. No es sólo que el estancamiento internacional -con el QE imprimiendo dinero al 0% sin resultados palpables para la economía real- haya frenado las expectativas de crecimiento y creación de empleos: es también el rostro precario que tiene la creación de nuevos empleos. Más allá del 20% de paro casi estructural en el que vivimos instalados, los salarios reales han caído un 6’2% de media desde 2010 y un 40% de los asalariados están entre 500 y 900 euros al mes. Disponer de un empleo ya no es garantía de superar el umbral de la pobreza: un drama que hace pensar que la preocupación por la situación económica no tiene visos de remitir.
El otro gran problema en el podio de preocupaciones ciudadanas que recoge el CIS es “la corrupción y el fraude” con el 47’5%: uno de los porcentajes más altos en este indicador en la serie histórica, coincidiendo con el auge mediático de los casos Taula y Púnica. El estallido de estos últimos casos ha contribuido a instalar la imagen de que la corrupción no es tan sólo una galaxia de casos aislados, sino que confirma las sospechas de los nexos en común entre las distintas tramas: tanto subjetivas -cuando los indicios apuntan a la conexión de las distintas “cajas B” con la central del PP- como objetivas -la coincidencia de modus operandi y tipo de contratos. Tómese como ejemplo la actual revisión de las ayudas europeas o las auditorías a las empresas y organismos públicos de la Generalitat: la pérdida de confianza acaba siendo no sólo con el gobierno, sino con la totalidad del sector público y por ende del territorio. En el caso valenciano lo conocemos muy bien.
Hasta aquí todo “normal”: nos hallamos ante la consabida crisis de representación que nos afecta al menos desde 2011, y pudiera parecer que es un problema que se circunscribe a la clase política; en última instancia, corregible por la vía del sufragio. Sin embargo, la crisis no acaba en el sector público. OHL, de la familia Villar Mir, aparece como donante y adjudicataria de contratos en los “papeles de Bárcenas”, también en donaciones y adjudicaciones del caso Púnica, con especial protagonismo el directivo y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, alias “compi-yogui”, y vía la participación de OHL en el consorcio del AVE la Meca-Medina, en el caso de las comisiones que la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga especial del rey emérito, cobró presuntamente en cuentas en Suiza abiertas con la mediación del Centro Nacional de Inteligencia, según informó Intervíu. En los tres casos, la comisión por adjudicación de obra parecía ser el familiar 3%. Lo mismo cabe decir de Cleop, Grupo Luján y el resto de constructoras con quien solía trabajar la trama de la Diputación de Valencia: mismo modus operandi, mismo porcentaje. Si acaso cambia la escala.
No es ninguna casualidad que Javier López Madrid, además de su amistad con la Casa Real y un escabroso caso de acoso sexual que parece implicar al mismo comisario Villarejo que aparece en las escuchas del caso del ático de Ignacio González, esté también imputado en el caso Bankia, en particular en la pieza de las “tarjetas black”. Se ha hablado mucho de la implicación de los políticos en la ruina de las cajas de ahorro, pero muy poco de los grandes empresarios que les acompañaban en los consejos de administración y compartían su tren de vida, tan responsables como ellos de la ruina financiera de estas entidades. La última entrega en nuestras tierras, la ruina de la Sociedad de Garantía Recíproca, con casi 500 millones en pérdidas, explica como una entidad concebida para hacer llegar el crédito a las pequeñas y medianas empresas acaba avalando operaciones de 15 millones de euros para promociones inmobiliarias incluso después del crack de 2008. O la famosa piscifactoría de Antoni Asunción y Társilo Piles: crédito millonario, impagado y escondido del Institut Valencià de Finances y posterior compra por el Banco de Valencia. Dos empresarios y ex-políticos. ¿Podemos explicar la ruina de la burbuja y la corrupción sin hablar de sus beneficiarios directos?
Resulta difícil creer a la gran patronal valenciana de pronto conversa a la causa de la financiación, las infraestructuras y la reivindicación sin depurar antes su papel en los pufos de la etapa anterior. La difícil situación económica de Cierval y sus federaciones provinciales es paradigmática: a pesar de su retórica encendida liberal, los dirigentes de la gran patronal tienen mucho pasado a sus espaldas de la mano del sector público. Sonrojan sus críticas a la Generalitat y al IVF por no condonar el crédito de casi 4 millones de euros a la patronal Coepa por su ruinoso edificio de formación inactivo en Alicante; pareciera que ha de ser cosa de la Administración asumir los costes de su gestión deficiente, cuando ni tan siquiera ha habido cambios profundos en sus juntas directivas para evidenciar un cambio de etapa.
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, hay que transmitir credibilidad: resulta difícil pensar en la voluntad de renovación de por ejemplo el presidente de Cierval José Vicente González cuando recomendaba no hablar de los avales dudosos de la SGR en este mismo diario. El mismo que fue miembro silencioso del patronato de Feria Valencia desde 2006, en los años en los que presuntamente desaparecieron hasta 1.000 millones de euros, y ya miembro destacado de la junta de Cierval cuando en 2009 se dio apoyo a un Gerardo Díaz Ferrán ya acosado por las quiebras y los casos judiciales. Si el Consell y los Ayuntamientos han tenido que cambiar para transmitir credibilidad… ¿Por qué mantienen los empresarios a los mismos rostros y los “nuevos” políticos fingen que todo va bien?
En una economía de mercado como la actual, la gran patronal del IBEX con sus clubes privados -como el Consejo de la Competitividad- y sus equivalentes valencianos de AVE básicamente no tienen limitaciones en este campo: se representan a sí mismos y a sus socios, y punto. Pero el caso de la CEOE y sus federaciones es distinto: la legislación les otorga una función representativa y funciones constitucionales en ámbitos de negociación colectiva, así como percepción y gestión de fondos públicos. Su credibilidad como interlocutores y su representatividad es esencial.
El 99% de las empresas valencianas son PYMEs, y al contrario de lo que predica el discurso de coaching y emprendendurismo ahora en boga, su éxito no depende -o no sólo- del heroísmo individual. Dependen y mucho de las economías externas: de factores que por razones de escala escapan a su empresa, como la formación laboral, las estrategias de innovación o la facilidad de internacionalización. Su éxito no es solo endógeno y depende en gran medida del entorno y por tanto de desarrollar políticas de concertación con la administración y con sus propios trabajadores. Y depende de la reputación de dicho entorno, claro. Para que ésto pueda tener éxito y concertación y flexibilidad signifiquen algo distinto a devaluación salarial, como es la práctica habitual española, los representantes en la negociación colectiva deben atender a intereses distintos a los suyos particulares.
Dicen que sólo el ser humano tropieza dos veces con la misma piedra. Es difícil imaginar una estrategia económica que produzca resultados y empleos distintos a los de la década anterior si ponemos al cargo al mismo perfil de dirigentes empresariales y sindicales que participaron en pie de igualdad en los grandes pactos de estado y las grandes quiebras. Con los políticos parece que ya hemos empezado entre mayo y diciembre de 2015. ¿Para cuando los otros? ¿O mejor seguimos con la unidad de España?