VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de València investiga una trama de corrupción en la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) vinculada a dos empresas, Servicios Medioambientales valencia (SMV) y la UTE Los Hornillos, esta última empresa proveedora de Emtre. Al igual que ocurriera con el caso Emarsa, los desperdicios, en este caso los dependientes de los ecoparques, vuelven a ser una vía para que, presuntamente, unos pocos se hagan ricos a costa de los impuestos de los ciudadanos del área metropolitana de Valencia.
En esta operación, a diferencia de Emarsa, no hay traductoras rumanas con domicilio en casas de alterne por medio, ni imputados fugados para criar nutrias en países del Este de Europa, pero la supuesta forma de robar dinero público no dista tanto de la otra macrocausa que tantos ríos de tinta hizo correr.
Al igual que en Emarsa, el tonelaje de los residuos, los euros que cobran las empresas depende de ese pasaje, es parte fundamental del entramado bajo sospecha. También aquí de los funcionarios públicos encargados de vigilar que todo se hiciera correctamente es uno de los principales señalados por la Fiscalía. Y al igual que en aquella ocasión, y para desgracia de los investigados, la fiscal es la misma, una mujer con un ‘máster’ en la legislación vigente sobre lo que el común de los mortales conoce como 'basura’.
En este caso, y por el momento, puesto que la investigación está en pañales, la causa es simple: un funcionario, la persona adjudicataria de la recogida y procesado de residuos y un tercero crearon una empresa, SMV, a la que la UTE Los Hornillos -formada por las empresas Sufi (Grupo Sacyr), Construcciones y Estudios (Cyes) y Corporación F. Turia- le daba a dedo los contratos. Una empresa en la que los tres tenían intereses económicos. Cómo lo hacían es muy fácil, ya que ellos mismo eran los encargados de valorar los precios y las empresas que se presentaban para las adjudicaciones, por lo que SMV siempre salía beneficiada.
El tema era tan claro, que cuando entró el nuevo gobierno, tras la caída de la histórica alcaldesa Rita Barberá, sacó a subasta lo que hasta 2015 se daba a dedo y los números no es solo que no cuadraran, sino que lo que se estaba pagando se salía tanto de los parámetros normales que decidieron denunciar la situación. Aunque si los números no encajaban ya en 2015, todavía más llamativo es cuando se comprueba que la propia empresa bajo sospecha pasó de facturar una media de 200.000 euros hasta 2011 a llegar a superar los dos millones de euros después de ese año.
Una de las presuntas irregularidades bajo investigación es, por ejemplo, el reciclaje de los voluminosos, entre los que destacan los colchones. Esto se investiga, puesto los precios para reclinar un colchón son muy altos por la cantidad de trabajo que conlleva el reciclaje. Requieren una manipulación adicional antes de llegar a su destino final. Se investiga si SMV cobraba por todo ese trabajo sin realizarlo, hecho que estaría comprobado con unos vídeos de seguimiento grabados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que aparecen mencionados en la denuncia del Ministerio Público.
Es más, el sistema de saqueo estaba tan instaurado que cuando cambió el gobierno y, por ende, el sistema de contratación, el investigado de SMV le dijo al director técnico del Emtre: "Tú aún eres joven para darte cuenta, pero arrieros somos y en el camino nos encontraremos; soy un tío generoso, y cuando digo generoso no hablo de chorradas, y si tú me ayudas, en otro momento podemos hacer alguna colaboración o algo similar". Una frase que para los investigadores, supone un claro intento de soborno a un funcionario público.
La denuncia de la Fiscalía la investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de València. En dicho juzgado tratan de comprobar si hubo una prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas en la selección "caprichosa" de una empresa proveedora de la UTE Los Hornillos, encargada de la gestión de los residuos de València y área metropolitana, por parte de un funcionario de la Entidad Metropolitana de Tratamiento (Emtre) que, al igual que dos empleados de la propia UTE, tenían intereses económicos particulares en ese mercantil.
El procedimiento está abierto desde hace más de un año en el Juzgado aunque se mantuvo bajo secreto de sumario hasta el pasado mes de septiembre, cuando el órgano judicial decidió levantarlo. La causa se dirige contra las tres personas a las que denunció en enero de 2018 Fiscalía al considerar que los hechos eran indiciariamente constitutivos de los tres delitos anteriormente citados.
A su vez, la denuncia ante Fiscalía la presentó la Emtre con el nuevo equipo de gobierno municipal, según avanza este miércoles Las Provincias. La entidad, presidida por Sergi Campillo empezó a sospechar de irregularidades y en 2015 se modificó el sistema de selección de empresas para pasar a la adjudicación por medio de subasta pública, lo que levantó la liebre sobre los precios anteriormente pagados.
Según la denuncia de Fiscalía, la dirección técnica de la Emtre era el departamento encargado de la revisión de la selección de los recuperadoras autorizados para el transporte y gestión de los residuos generados en la planta y resto de instalaciones de Los Hornillos. Hasta 2015, se realizó mediante un sondeo de mercado confeccionado desde la UTE y en algunas revisiones participó el área técnica de la Emtre.
Una vez realizada la prospección, el departamento encargado en la UTE enviaba una propuesta a la dirección técnica de la Emtre, que elaboraba un nuevo informe con la propuesta a someter a la comisión de gobierno. Hasta la implantación de la subasta pública, los encargados de realizar la selección de empresas y el informe propuesta fueron el funcionario de la Emtre y un trabajador de la UTE, que incluyeron a una empresa en la que ambos tenían indiciariamente intereses económicos.
En esta empresa también tenía relación -como administrador único- el tercer investigado, con cargo igualmente en la UTE y que se encargó de remitir los informes resumen de la prospección de mercado a la Emtre. Según los datos de Fiscalía, esta empresa en la que los tres tenían intereses pasó de facturar cerca de 70.000 euros en 2011 a 1,8 millones en 2017 y hasta 2,2 millones en 2016.
En la denuncia de la Emtre se comunicaba que los tres denunciados tenían intereses económicos en esa sociedad y que eran estos últimos los que dirigían la selección de la empresa como proveedora de la UTE en perjuicio de otras que podrían ofrecer un precio más competitivo. Asimismo, argumentaban que desde el sistema de subasta los costes se habían abaratado y participaban más empresas del sector.
En la denuncia de Fiscalía se recoge la declaración de un directivo de la entidad que explicó ante este órgano que se había hecho un seguimiento a los camiones de la empresa seleccionada, para ver la labor de gestión de residuos voluminosos como colchones, y que se comprobó que no realizaba la valorización de ese residuo, una valorización previa que justamente había sido lo que justificó su designación para ello, a propuesta del funcionario investigado.