Hace dos semanas el Presidente de la Generalitat recibió en la CEV el Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana, que ha sido elaborado en el seno de un grupo de trabajo constituido en la CEV e integrado por representantes de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (FECOVAL), la Federación de Empresarios de la Construcción (FEVEC) y la Cámara de Contratistas. Además, se ha contado con aportaciones de la administración autonómica y central, de las autoridades portuarias de la comunidad, de Red Eléctrica Española e INECA.
Este documento es el fruto del trabajo desarrollado durante más de un año, y ha supuesto un enorme esfuerzo por parte del equipo que lo ha elaborado para conseguir, de una vez por todas, elaborar un catálogo completo de todas y cada una de las inversiones en infraestructuras necesarias para garantizar un desarrollo económico, social y humano de nuestra Comunidad.
El resultado del informe es apabullante y se resume en una cifra: 21.350 millones de euros en los próximos diez años distribuidos en agua, transporte, urbanismo, infraestructuras sociales (sanidad y educación principalmente), medio ambiente, urbanismo y mantenimiento. Es una cifra enorme que no sólo muestra claramente la infrafinanciación histórica de la Comunidad Valenciana, sino que pone nombres y apellidos a cada una de las carencias con las que tenemos que convivir empresarios y ciudadanos.
Sin embargo, lo más importante del documento no es el catálogo en sí mismo —una relación exhaustiva de cada una de las inversiones necesarias—, sino el análisis que se realiza de la situación y de cómo será posible alcanzar los objetivos de la década. Es evidente, y más aun desde el inicio de la crisis, que la financiación es el gran caballo de batalla. La inversión en infraestructuras, que nunca fue generosa con nuestra Comunidad, ha alcanzado en los últimos años niveles realmente ridículos que nos arrastran a una situación inaceptable de pérdida de calidad de vida y de competitividad frente a otros territorios. Para revertir la situación y alcanzar una posición lógica en el contexto nacional y europeo, es necesario que se realice un esfuerzo común en el que deberán cooperar el Estado, la Autonomía y el capital privado. El cálculo realizado implica unas inversiones del Estado cifradas en algo más de 14.000 millones, a las que habrá que sumar otros 1.900 de la Generalitat, mientras que el resto, 7.450 podrían ser cubiertos a través de fórmulas de colaboración público-privado a través de concesiones y otros modelos mixtos que impliquen inversión de empresas y fondos privados.
Esta distribución, tan sencilla sobre el papel, implica un cambio completo en el paradigma social y político nacional y autonómico. En primer lugar, es necesario sacar las infraestructuras de la batalla política del país. El catálogo, realizado con la colaboración de las administraciones, no sólo recoge las obras necesarias, sino que establece una relación de prioridades lógica que debe ser también considerada porque responde a criterios técnicos contrastados. Por lo tanto, los partidos políticos con representación en las diferentes instituciones deben estudiarlo con atención y encontrar la manera de incorporarlos a sus planes de gobierno, presentes y futuros.
Foto: RAFA MOLINA.
Es decir, que es tiempo de pactos. Por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana, sabemos objetivamente qué es necesario hacer y cuánto nos costará hacerlo. Desde la CEV se va a trasladar a los partidos del Parlamento y de Les Corts el informe completo con el objetivo de instar a un gran pacto nacional y autonómico de infraestructuras que garantice no sólo la financiación para los próximo diez años sino, y esto es importante, una planificación única que no esté sometida a los vaivenes políticos lógicos de cualquier democracia. La planificación de nuestro futuro no puede depender de los cambios de gobierno ni de necesidades perentorias e incluso, si me apuran, de las demandas y presiones que diferentes grupos, territorios o municipios puedan ejercer sobre los gobernantes. Es necesario que haya una sola línea de actuación pactada entre todos los grupos políticos, publicada y explicada a los ciudadanos, consensuada con los agentes económicos y sociales y planificada con detalle.
Sólo con esta garantía, con este compromiso inequívoco de todos, será posible desarrollar el modelo de financiación que permita la ejecución del Plan de Infraestructuras. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el financiero. Pero a pesar de las dificultades, es posible encontrar fondos para ejecutar las obras. La Unión Europea sigue participando de manera activa en el desarrollo de las regiones, bajo determinadas circunstancias, pero exige, claro está, definición, garantías y seguridad en los proyectos. Lamentablemente, hemos perdido credibilidad ante las instituciones de control europeas precisamente por los vaivenes y la poca claridad en el desarrollo de los planes de infraestructuras. Un único documento, asumido por todos los partidos, sería un buen punto de partida para cambiar nuestra imagen.
Pero más aún, este Pacto de Estado ofrecerá a los inversores las garantías necesarias para que el dinero privado se mueva con determinación hacia la financiación de las infraestructuras públicas. Los inversores sólo quieren dos cosas: rentabilidad y seguridad. La rentabilidad se establece con modelos a largo plazo de concesiones y explotaciones que cuenten con estudios de viabilidad serios e independientes. La seguridad se alcanzará mediante la revisión de los modelos jurídicos de concesión para garantizar las condiciones del contrato y evitar que algunas situaciones, como el cambio en el precio de expropiación del suelo, recaigan exclusivamente sobre el concesionario, pongan en peligro todo el proyecto.
Es difícil expresar en un artículo la importancia del momento que estamos viviendo. Los empresarios de la obra pública se encuentran en una encrucijada vital para las empresas. Los ciudadanos quieren pensar que de verdad salimos de la crisis y que sus posibilidades de mejora de calidad de vida crecerán. Todo es posible. Sólo hace falta que nos sentemos juntos alrededor de una mesa las empresas, las administraciones y los partidos políticos y escribamos juntos el futuro de la Comunidad Valenciana.
José Luis Santa Isabel es presidente de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración
Foto: RAFA MOLINA.
