confía en su desimputación
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VALÈNCIA. (EP). El nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha señalado que tiene la "garantía" de que la "intención" del nuevo Gobierno con un departamento específico para la ciencia es aumentar su inversión, una opción por la que siempre ha abogado el astronauta.
"Llevo muchos años propugnando la ciencia y tecnología en las universidades, la educación y el conocimiento, que deberían tener una posición mucho más fuerte en España y, como se dice en Estados Unidos, ahora tienes que poner el dinero donde pusiste la boca", ha señalado en una entrevista para Onda Cero recogida por Europa Press.
El ingeniero y astronauta afirma sentirse "ilusionado" con su nueva labor como responsable de la Ciencia en España, pero reconoce que también tiene "un poquito de vértigo".
Según ha apuntado, el presidente del Gobierno ha sido "muy persuasivo" con él para que aceptase ser el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, pero de él ha dicho que "consigue las cosas que quiere y sobre todo de las personas", por lo que solo le queda "hablar en positivo de la labor que va a hacer".
Además de intentar aumentar la inversión en Ciencia, otro de los objetivos que ha mencionado Duque es la de dotar de "más importancia" a esta materia, así como poner todo el "empeño" en que, "por lo menos, existan espacios para que los investigadores, las empresas innovadoras, se puedan desenvolver, aun dentro del presupuesto existente". "Y ya veremos lo que hacemos el año que viene; y tener más éxito, que el Estado sea una ayuda y no una traba", ha añadido.
Preguntado sobre si ve complicada la política, ha admitido que aunque habrá áreas de trabajo en los que tendrá que "aprender más", como la gestión de la innovación o el conocimiento de las universidades, "todas estas cosas no serán tan difíciles como la política de los partidos", donde espera que se lleguen a "acuerdos políticos de consenso".
El mundo científico han puesto de manifiesto en los últimos años su malestar por la bajada continuada de la inversión que ha sufrido desde 2009 la Ciencia, área que ahora asume el astronauta Pedro Duque dentro del Gobierno de Pedro Sánchez al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La reivindicación es recuperar los niveles de inversión de los años pre-crisis, una petición a la que se han sumado también los rectores universitarios demandan desde hace tiempo un aumento de las inversiones.
La inversión en I+D+i en España se sitúa un 9,1% por debajo de los niveles de 2009, mientras que la mayoría de los países europeos han recuperado, e incluso superado en algunos casos, la inversión de los años anteriores a la crisis.
Además, la inversión de España en I+D+i fue del 1,2% del PIB en 2016, el mismo valor que hace una década, cuando la media europea se sitúa actualmente en el 2%. A ello hay que sumar la baja tasa de ejecución presupuestaria, según COTEC, que afecta principalmente a los créditos en I+D+i, frente a las subvenciones, de las que se ejecuta prácticamente la totalidad.
En una entrevista reciente con Europa Press, Duque se mostraba crítico con la financiación del Gobierno en materia científica en los últimos años, y abogaba por un aumento de la inversión para que España no se quede "atrás". Además, relacionaba esta falta de inversión con la precariedad laboral de los científicos españoles e insinuaba que España no contribuía económicamente lo suficiente en Ciencia a nivel europeo, cuando hacerlo es "ventajoso" para el país.
Precisamente, la equiparación salarial entre los científicos de Organismos Públicos de Investigación (OPI) y la estabilización laboral de los investigadores, son otros de los retos de futuro ministro.
Una de las demandas más largas realizadas por el colectivo científico es que el sistema de incentivos basado en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios que impera tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS) como en las Universidades se extienda al resto de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) --en total hay seis--, algo que por Ley debería haberse aplicado desde 2014.
Pero la falta de un reglamento que regule estas retribuciones ha impedido que se cumpla, aunque el Real Decreto que en teoría debía aprobarlo lleve preparado desde 2014. Sin embargo, este año la Ley de los PGE de 2018 podría agilizar su aprobación, al permitir a los OPI la posibilidad de aumentar el gasto neto del personal investigador a su cargo.
Otro de los retos que deberá asumir el Ejecutivo socialista será que salga adelante la estabilización laboral de los investigadores en OPI, consorcios y fundaciones científicas, una medida de la que podrían beneficiarse más de 2.000 trabajadores y que recoge los PGE de 2018. Esta medida permitiría que trabajadores que hayan ocupado una plaza de carácter estructural de forma ininterrumpida en los últimos 3 años puedan tener contrato indefinido.
Otro asunto que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó pendiente durante esta legislatura es la elaboración del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), abierto a consulta pública desde finales de mayo, después de meses de negociación entre sindicatos y asociaciones. Una vez finalizado el periodo de consulta, este Estatuto tendría que pasar por cada uno de los Ministerios implicados, el Consejo de Estado y finalmente el Consejo de Ministros, donde quedaría aprobado.
Otro objetivo ampliamente defendido por el PSOE es atajar la 'fuga de cerebros', es decir, recuperar a los científicos españoles que se han ido al extranjero, más de 12.000 desde 2010, según datos de la Comisión Europea, lo que supone una pérdida del 9% de los investigadores en los últimos cinco años. También son muchas las voces que reclaman un Pacto por la Ciencia que dé solución a todos los problemas actuales que tiene el Sistema.
En los últimos meses, los socialistas, con Francisco Polo a la cabeza como Secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, han apostado por la I+D+i en su denominado Acuerdo de País para la Ciencia, donde muestran su deseo de alcanzar un ansiado Pacto por la Ciencia, recuperar un Ministerio exclusivo de Ciencia, y centrándose en tres ejes principales: el aumento de la financiación pública, la captación de talento, y la reducción de la burocracia, temas en los que deberá trabajar ahora Pedro Duque como ministro.
A todas estas tareas, Duque tendrá que sumar las competencias en universidades y como actuación más inmediata materializar el anuncio de Méndez de Vigo de volver a situar la nota media en un 5 para acceder a una beca general, una reivindicación de rectores y estudiantes. Del mismo modo, deberá decidir si mantiene la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de premiar la excelencia incrementando en 200 euros las becas de aquellos alumnos con nota de 8 y 9, así como implementar becas específicas para víctimas de violencia de género.
Además, ya el pasado mes de febrero los 76 rectores integrados en CRUE Universidades Españolas acordaron una estrategia para trasladar al Congreso de los Diputados y al Gobierno la necesidad de situar los "problemas" de la universidad "en primera línea de debate y preocupación", mediante un Pacto de Estado que dé respuesta a la "situación de urgencia de la vida universitaria". Los rectores esperaban que este acuerdo pudiera sustanciarse en una nueva ley de universidades o en una "reforma profunda" de la actual.
La reforma universitaria fue una idea que el primer ministro de Educación de Rajoy, José Ignacio Wert, retomó encargando a un grupo de expertos una propuesta de reforma universitaria que finalmente nunca vio la luz. El sucesor de Wert, Íñigo Méndez de Vigo, dio prioridad en su gestión al Pacto de Estado Educativo que finalmente también naufragó.
Este mismo año los rectores seguían reclamando más financiación estatal para las universidades, el desarrollo de medidas que mejoren la situación actual del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las tasas universitarias y un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.
Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer el sistema universitario, la Conferencia también ve necesario que los claustros y consejos sociales cuenten con "mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un marco estatal mínimo de regulación".