VALÈNCIA. (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, y ha anunciado una reforma legal para "prohibir futuras amnistías fiscales".
En su intervención inicial en el Pleno del Congreso para presentar sus planes de Gobierno, Sánchez ha defendido que la amnistía fiscal fue "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio" y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Y ha añadido que el TC emitió una "sentencia durísima" sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones.
"Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía fiscal", ha reconocido, conforme al artículo 9.3 de la Constitución, que es el que "garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".
"Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", ha argumentado.
Para ello, ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasión, actualizar la lista de paraísos fiscales y prohibir futuras amnistías fiscales. "Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera", ha concluido.
Además, Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que pretende "rediseñar" el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.
"Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno", ha asegurado Sánchez, durante su comparecencia ante el Pleno, al que ha acudido este martes para exponer las líneas generales de la política que aplicará su Ejecutivo.
Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá "en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto", incluirá "figuras tributarias" para "desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente" y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.
Así, Sánchez ha asegurado que esta "figura impositiva finalista" estará "vinculada al sector financiero" y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá "a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores".
El Gobierno elevará la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitará las fianzas adicionales que deben aportarse en un alquiler y excluirá de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística.
El presidente del Gobierno ha asegurado que su Gobierno "ajustará la definición de arrendamientos de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística".
Sánchez ha llamado a "rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres", y por ello ha anunciado que su Gobierno va a "reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia vivienda pública y de alquiler".
"Nos proponemos impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada", ha aseverado.
El Gobierno impulsará "en los próximos meses" un "plan de choque para crear empleo juvenil", con un Estatuto del Becario y con medidas para revisar y promover los contratos de relevo y de prácticas.
Este plan, ha dicho Sánchez, también desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y de los programas de becario, incluirá "nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para jóvenes" y eliminará las prácticas extracurriculares.
Así lo ha asegurado en su intervención ante el Pleno del Congreso, ante el que ha comparecido este martes para exponer su programa de Gobierno, y ante el que ha lamentado la "profunda cicatriz" que, a su juicio, ha dejado la crisis en "una generación enfrentada a un muro invisible, que es el de la frustración".
En este sentido, ha querido recordar que España ha "perdido" a "cientos de miles" de jóvenes que "desarrollan sus carreras profesionales" fuera del país, pero también a aquellos que "cuando se han reincorporado al mercado laboral" en España "lo han hecho en condiciones salariales indignas o en puestos q nada tienen que ver con la formación que habían cursado".
El presidente del Gobierno ha criticado que "España arrastra un problema endémico de salarios bajos" que, ha asegurado, "no se explica únicamente por la evolución baja de la productividad, sino también por la merma del poder de negociación de los trabajadores, favorecida por la reforma del anterior Gobierno".
En este sentido, ha dicho que su Ejecutivo trabajará con el fin de "lograr que los salarios recuperen el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo de la crisis", y ha destacado que el reciente acuerdo entre sindicatos y patronal "incide precisamente en esta dirección".
Por otro lado, ha asegurado que aprobará antes de finalizar este mismo mes de julio el Plan director contra la explotación laboral, con el fin de aplicar este mismo verano "planes de choque contra la temporalidad injustificada y la parcialidad abusiva".
Sánchez ha explicado que el plan recogerá medidas para afrontar el fraude de los falsos autónomos, el exceso de jornada y las horas extraordinarias ilegales, las discriminaciones en el empleo por razones de género, raza o edad, potenciar la prevención de riesgos laborales y combatir el fraude laboral y la economía sumergida.
Por último, el presidente también ha destacado en su intervención como "compromiso del Gobierno" para derogar el artículo 3 del artículo 315 del Código Penal, "relativo a la tipificación de delitos relacionados con la libertad sindical".
Este artículo contempla penas de prisión de entre un año y nueve meses hasta de tres años, y multas de entre 18 y 24 meses, a aquellos que "actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Esta derogación ha sido una de las reivindicaciones constantes por parte de las organizaciones sindicales, cuyos 'piquetes' se han visto inmersos en causas judiciales en virtud a este tercer apartado del artículo 315 del Código Penal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), reformado recientemente para poner plazo a la instrucción de las causas penales.
"La necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad", ha dicho en el Congreso, durante la presentación de sus planes de Gobierno.
La reforma estableció que en las causas no complejas las diligencias de instrucción se deberán practicar en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.
Respecto a las causas complejas, se prevé un plazo de investigación de dieciocho meses. La complejidad puede declararse por diversos motivos, entre ellas que la causa recaiga sobre grupos u organizaciones criminales.
Además, Sánchez ha pedido apoyo a los grupos parlamentarios en el "último paso" previsto en el decreto ley del Ejecutivo para renovar al Consejo de Administración de RTVE, después de la votación fallida de este lunes en el Congreso, que impidió que la nueva cúpula pudiera ser nombrada.
"Ayer no salió adelante la renovación y lo lamento", ha señalado Sánchez en referencia a la votación de este lunes, en la que el error de dos diputados y la ausencia de otros dos impidió que los candidatos a consejeros consiguieran la mayoría necesaria para ser nombrados. La lista pactada por socialistas y Podemos obtuvo 175 votos favorables, uno por debajo de la mayoría absoluta.
Para el presidente, en este proceso están "los que quieren cambiar las cosas y regenerar la vida democrática del país" y los que "quieren mantener las cosas del pasado". Por ello, y tras agradecer a los partidos que han apoyado esta renovación, ha pedido un último esfuerzo para sacar adelante el "último paso" que propone el decreto --y que supone la elección de un administrador único para RTVE a propuesta del Gobierno-- y "salir del desbloqueo y facilitar una transición" hasta que "se sustancie la elección" a través del concurso público.
Sánchez ha defendido que el decreto ley "ha forzado a quienes nunca creyeron" en el concurso a "acelerar tiempos" tras un año de lo que ha calificado como "marrullerismo parlamentario" y se ha comprometido a que cuando el concurso público salga adelante, "se cumplirán plazos" e, incluso, "se agilizarán".
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Sánchez ha criticado que la gestión del presidente saliente de la Corporación, José Antonio Sánchez, es la "viva prueba del intervencionismo y de cómo el Gobierno anterior entendió ente público como un mecanismo de propaganda".
En este sentido, ha hablado de "manipulación informativa", de "consejeros que llevan años sin ser renovados y en representación de partidos políticos que ya no existen" y del "vacío de poder" que, a su juicio, han provocado PP y Ciudadanos "desde hace semanas" para lograr la renovación de RTVE.
"Siendo todo esto grave, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de la RTVE como servicio público", ha señalado el líder socialista, quien se ha referido al 'streaming' y a las plataformas como Netflix o HBO que "están cambiando la cultura audiovisual en el mundo y el país".
Sánchez ha advertido que este cambio cultural supone un "impacto directo en las televisiones generalistas" y ha señalado que es necesario "hacer frente a ello" porque "en siete años no se ha hecho nada". "Llevan años sin hacer nada, años en los que lo único era el bloqueo político y empresarial del ente público", ha denunciado.