Pedro Sánchez. Foto: EFEEl Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte Josep Borrell, decidió el jueves que los ciudadanos "nunca más" –es decir, de momento– tengamos que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) al firmar una hipoteca con el banco, como venía ocurriendo desde que el Gobierno de Felipe González, del que formaba parte Josep Borrell, decidió que así fuera. Este es el resumen, por si no tienes ganas de seguir leyendo, pero vamos con la historia, que tiene miga porque hay buenos, malos y peores, y los peores no son los bancos.
El primer malo de todos fue Felipe González y con él los miembros de su último gobierno progresista, incluidos nuestra querida Carmen Alborch (QEPD) y Josep Borrell. Después de impulsar una ley que regulaba de forma ambigua quién debía pagar el impuesto sobre las hipotecas, ese Gobierno decidió en plena crisis –año 1995– dejar clarito en un reglamento que los paganos íbamos a ser los clientes y no los bancos. Nadie, que se sepa, protestó por ello.
Salvo que se pruebe que lo hicieron a cambio de prebendas de la banca, algo inimaginable en la época de Filesa, Roldán, Mariano Rubio, etc, aquí los bancos no son los malos ni los peores porque se limitaron a partir de entonces a cumplir la ley y su reglamento.
Si el Gobierno cambia ahora la ley para, de acuerdo con la propaganda sanchista, "proteger los derechos de los ciudadanos", habrá que concluir que el Ejecutivo de González, en el más puro estilo Romanones –"ustedes hagan las leyes que yo haré los reglamentos"–, decidió hace 23 años no protegerlos.
No obstante, en lo que respecta a este impuesto esa desprotección durante más de dos décadas ha transcurrido sin manifestaciones en la calle, sin apenas recursos contencioso-administrativos ni mucho menos demandas contra los bancos por parte de los cientos de arriagas y asociados que se nos ofrecen interesadamente. Y, lo que es peor, con el respaldo de los tribunales cuando alguien ha pedido justicia. A lo más que hemos llegado los paganos cuando adquirimos la primera vivienda es a lamentar el doble sablazo de Hacienda por comprar –Transmisiones Patrimoniales– y firmar la hipoteca –AJD–, cuando es evidente que no tienes dinero para pagar la casa porque de lo contrario no pedirías un préstamo.
La falta de presión popular permitió que los sucesivos gobiernos de Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez no vieran ninguna necesidad de cambiar un simple reglamento, que como es sabido no tiene que pasar por el Parlamento. Las Comunidades Autónomas se limitaron a poner el cazo sin cuestionar si era justo que pagasen los clientes, y tampoco los viejos partidos de la casta –PP, PSOE y los nacionalistas– ni los nuevos partidos de la regeneración –Ciudadanos y Podemos– incluyeron en sus programas un cambio de reglamento ni aprobaron o apoyaron otra propuesta que no fuera subir ese impuesto en las CCAA. Subir el impuesto de AJD que sabían que iba a pagar el cliente y no el banco. Todo iba encaminado, sin ellos saberlo, a hacer la hipocresía de hoy más grande.
La hipocresía política se precipita cuando cuatro magistrados del Tribunal Supremo anulan el artículo de marras del reglamento romanoniano, 23 años después, y fijan la doctrina de que pague el banco. Lo siguiente es conocido: interviene el presidente de la Sala Tercera, se reúne el Pleno y, por 15 votos a 13, se vuelve a la jurisprudencia anterior –paga el cliente– pero no se repone el artículo anulado porque los jueces no pueden hacer de Romanones.
Visto el escenario y a la espera de conocer el texto de la nueva sentencia del Supremo, uno tiene la sensación de que la Sala Tercera y especialmente su presidente, Luis Díez-Picazo, sacrificaron su prestigio para lograr el resultado menos dañino para el Estado. Fallar que durante 23 años las haciendas autonómicas han estado cobrando un impuesto a quienes no debían pagarlo habría supuesto abrir la puerta a una posible reclamación de hasta 30.000 millones de euros, 5.000 en el mejor de los casos si se limitaba a los últimos cuatro ejercicios. Un dinero que habrían tenido que pagar las CCAA –con nuestros impuestos– sin posibilidad de reclamárselo a los bancos porque ellos cumplieron las normas a rajatabla. Se ha salvado a las CCAA, no a los bancos.
Para evitar males mayores y a costa del descrédito personal y colectivo, Díez-Picazo apoyó que el impuesto lo pagaran los bancos a partir de ahora, sin efectos retroactivos, pero cuando le hicieron ver que lo de "sin efectos retroactivos" era caer en el mismo error que en la sentencia de las cláusulas suelo, se pasó al otro bando, decantó la balanza y, lo que es más sorprendente, no dimitió a continuación.
El bochornoso espectáculo ofrecido por los magistrados ha hecho olvidar a los autores del desaguisado, entre los que se encontraba Josep Borrell, lo que ha permitido al Gobierno de Sánchez, en el que está Josep Borrell, erigirse en salvador de la ciudadanía adelantándose esta vez a Pablo Iglesias. Ni Sánchez ni Iglesias, por cierto, se acordaron de salvar a los ciudadanos del impuesto de AJD en su amplísimo acuerdo presupuestario para 2019 firmado hace un mes.
Para su desgracia, esta vez no pueden culpar al PP ni a los bancos del injusto gravamen del que es responsable Felipe González y un señor que vuelve a estar sentado en el Consejo de Ministros, así que Sánchez lo ha solventado con una explicación para echarse a temblar: "La democracia también es que no paguen siempre los mismos". Quedamos a la espera de que el no menos injusto Impuesto de Transmisiones Patrimoniales lo pague algún día el vendedor del piso y no el comprador.
Respecto al Real Decreto Ley (RDL) con el que Sánchez ha salido a rescatarnos –más allá de las dudas legales sobre una modificación de ese calado vía RDL–, es una buena noticia, aunque llegue con 23 años de retraso y sus efectos sean más limitados de lo que la propaganda quiere hacer ver porque los bancos ya han anunciado que lo repercutirán en el precio o las comisiones de la hipoteca. Como es natural.
Lo de que el Gobierno "velará" para que los costes no se trasladen a los clientes es mentira. También dijo que velaría para que los cines trasladaran a los espectadores la rebaja del IVA y tararí. Es imposible. De hecho, es tan poca la confianza que tiene, que ha decidido que en los préstamos hipotecarios a partidos políticos, la Iglesia y entidades benéficas los bancos no paguen el impuesto de AJD. Estos clientes estaban exentos hasta ahora –sí, señores, los partidos políticos no pagaban AJD–, pero resulta que ahora el impuesto lo paga el banco. ¿Por qué con estos clientes estará exento el banco? Muy sencillo, porque es la única forma de garantizar que no se lo repercuta, por poner un ejemplo, al PSOE.
No han tenido la misma suerte, de momento, aquellos colectivos que tenían bonificaciones en el impuesto, como los jóvenes, los discapacitados o las familias numerosas, que ahora corren peligro de que el banco, que no tiene esas bonificaciones, les repercuta el coste. ¿O van a bonificar las CCAA a los bancos porque saben que lo van a repercutir por mucho que vigile la ministra Montero para que eso no ocurra?
También es para nota el anuncio de creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros, que demuestra que la Dirección General de Consumo del Ministerio no funciona.
La última medida del RDL de este Gobierno que quiere aparentar ser inmisericorde con los bancos es que no podrán deducirse en el Impuesto de Sociedades el gasto del impuesto de AJD. Además de las dudas legales que se pueden plantear por doble tributación, el resultado de esta no deducción lo explica muy bien Federico Varona: Hacienda, en este caso la estatal, ingresará más dinero de rebote. Es decir, al banco le supondrá mayor coste cada préstamo hipotecario y eso lo tiene que pagar alguien. Alguien que, eso sí, no serán la Iglesia ni los partidos políticos.
