Pena injusta, duelo infinito

Tenía decidido escribir esta semana sobre que Joan Ribó haya calificado de “embolao guapo” la posibilidad de seguir siendo candidato a la Alcaldía de Valencia. Gobernar en tiempos difíciles “no le estimula a presentarse”. Una confesión desabrida y clara de la apatía, pereza, incompetencia y falta de ilusión de un dirigente político que destila, hace demasiado tiempo, estar en “game over”. Y que explica, por qué en los dos años de crisis generalizada que venimos padeciendo, hemos sufrido un alcalde ausente, a tiempo parcial, con escaso interés por la gestión y sin pasión por la ciudad.

Pero no escribiré más sobre ello hoy porque, entretanto, algo me ha helado el corazón: escuchar el dolor de la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, tras la reunión con el Grupo Popular en Les Corts encabezado por María José Catalá, rogando, con tanto sollozo como dignidad y sentido común, que se reforme el Código Penal para incluir en los supuestos condenables a Prisión Permanente Revisable (PPR) la ocultación del cadáver y la reincidencia.

Lo que pide esta madre, golpeada por la muerte de una hija cuyo cuerpo sólo su asesino confeso sabe dónde está, es justísimo. Porque esa ocultación, agravando el dolor de la familia, sea una maquinación en busca de impunidad o atroz crueldad, no puede beneficiarle ni respaldarse.

Todavía recordamos a Marta del Castillo, cuya familia aún no la ha podido encontrar desde 2009 y cuyos culpables están sentenciados (aunque no condenados con PPR, porque entonces no estaba en el Código), pero siguen sin decir  dónde están sus restos. Doce largos años de tragedia, de sufrimiento ininterrumpido y de luto inconcluso. Indigerible. Intolerable. Porque como decía Shakespeare, “la clemencia que perdona a los criminales es asesina”. Y porque cuando la pena es injusta, el duelo es infinito.

Hoy mismo se debate en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una Proposición de Ley del Partido Popular instando esa sencilla, pero necesaria, reforma legislativa, Esperemos que se admita iniciarla y, sobre todo, que la tramitación se agilice por parte de quien puede hacerlo, el Gobierno de España, sin retrasarla ni guardarla en un cajón, de modo que esta norma pueda aplicarse cuanto antes.

Aunque es difícil olvidar las descalificaciones recibidas del PSOE, Unidas Podemos o Compromis, cuando, tanto en las Cortes Generales como Valencianas, se les planteó que no derogaran ni recurrieran la PPR introducida en 2015 por un gobierno popular para delitos de extrema gravedad, en casos excepcionales, cuando se constata en el condenado el peligro objetivo de volver a cometer crímenes y mientras el riesgo persista.

Menos aún se puede ignorar la ignominiosa sesión en el Congreso de marzo del 2018, donde el portavoz del PSOE, que luego sería Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, injurió gravemente a las familias presentes en el hemiciclo, hasta el punto que la presidenta de la Asociación Clara Campoamor Estrella Ruiz afirmó: “han insultado a las víctimas, nos han tomado por tontos y dicen que nos manipulan. Pido perdón a todos los españoles, desde la vergüenza que siento como socialista”.

Ello a pesar de que la PPR es una pena consolidada en los ordenamientos democráticos desde mucho tiempo antes que en España, como Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Austria, Bélgica o Alemania donde su TC se pronunció a favor ya en 1977. Es más, en Francia está vigente desde 1994, introducida por el presidente socialista Miterrand, y los gobiernos posteriores, de distintos signos, no la han derogado en ningún momento.

Pero es que ademas está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y finalmente por nuestro Tribunal Constitucional, que confirmó que era procedente, como muchos habíamos sostenido.

Es una falta de respeto a las familias de la víctimas decirles que el serlo les impide discernir, porque solo se mueven por venganza. O retrasar las medidas con la excusa de no “legislar en caliente”, cuando desgraciadamente estas tragedias no dejan de suceder, porque los asesinos no atienden a moratorias. Pero es que además, es especialmente incoherente que esto lo hagan al tiempo que se reclama, con razón, el “niunamás”, cuando en la mayoría de casos estos crímenes se comenten con mujeres, jóvenes y niños.

Retumban, al terminar, las palabras sobrecogedoras de Marisol Burón rogando a los grupos que tengan prejuicios para votar sí que, al menos, se abstengan. Esperemos que así sea, no solo en la toma de consideración inicial sino en la rápida aprobación definitiva de esta reforma del Código Penal

Porque, como ya dije en su momento en sede parlamentaria, podrán ganar en algunas votaciones; pero no nos van a mover, ni un milímetro, en las convicciones. Porque en esto tenemos razón. O más aún: las víctimas y las familias la tienen. La necesitan. Y la merecen.