Pepe Cataluña, este jueves a las puertas de los juzgados. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña ha acudido este jueves al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, donde estaba citado en calidad de investigado. Aunque ha comparecido, se ha acogido a su derecho a no declarar, como estaba previsto.
La investigación se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
La instrucción señala a Cataluña como enlace dentro de la presunta trama. En definitiva, como facilitador de contactos entre los considerados cabecillas y ayuntamientos gobernados por los socialistas. La jueza manifestó en uno de sus escritos que "no ostentaba cargo orgánico en el partido, pero tenía un gran peso y mando en el mismo", por lo que "podía actuar con total libertad".
La investigación ha contado hasta el momento con varias fases, entre ellas tres operaciones policiales, dos de ellas con detenidos. Por ahora, existen cinco piezas separadas bajo secreto de sumario. Fue en la segunda operación cuando la Guardia Civil encontró en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV unos papeles que apuntarían a una posible financiación ilegal del partido, si bien esta parte de las indagaciones permanece secreta.
La citación de Cataluña ante el juzgado, al igual que la de las otras doce personas durante esta semana, responde a la investigación llevada a cabo con anterioridad. Es decir, aquella que ya se conoce y que dibujó el grueso del presunto entramado. Tal como explicó la jueza en uno de sus autos, alrededor del Ayuntamiento de València, durante el gobierno encabezado por Rita Barberá, se creó una "trama" en la que "autoridades, funcionarios, personal laboral, asesores y técnicos, entre otros", obtuvieron "grandes beneficios" como consecuencia del boom inmobiliario en la ciudad durante la primera década de los 2000. Como ejemplo, el abogado y cuñado de la exalcaldesa, José María Corbín. Y constructoras e inmobiliarias fueron el "canal de obtención" de dichos beneficios en diferentes operaciones en València, junto a otras en municipios como Xixona, Burjassot o Benicàssim.
La magistrada recopiló hasta nueve operaciones urbanísticas "de las que se tiene constancia" en las que intervino el conglomerado del constructor Jaime Febrer y que, según el relato de la instructora, habrían conllevado contraprestaciones para que, a la postre, se hicieran "prevalecer" los "intereses económicos frente a los intereses públicos". Las personas supuestamente implicadas en todas ellas son las que ahora han sido citadas a declarar.
