El Gobierno aclara que el permiso retribuido no se aplica a los funcionarios sin tareas

VALÈNCIA. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros este fin de semana que paraliza toda actividad no esencial y establece un permiso retribuido recuperable no se aplicará a los funcionarios de la administración aunque no realicen servicios esenciales. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias traslada a Valencia Plaza que la orden publicada el pasado domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no afectará a los funcionarios de ninguna administración, sino sólo a aquellas personas que tienen una relación laboral.

En este sentido, conviene señalar que ante el decreto de estado de alarma, la Secretaría de Estado de Función Pública ya dictó una resolución en la que trasladaba a las comunidades autónomas que sólo debían trabajar de forma presencial los empleados públicos que desempeñaran servicios esenciales para limitar al máximo la movilidad. El resto, debían aplicar fórmulas de trabajo no presencial.

Sin embargo, hay muchos funcionarios que ahora mismo no pueden desempeñar ninguna función, presencial o desde casa, y se encuentran en la misma situación que cientos de miles de trabajadores de empresas para los que se ha establecido el permiso retribuido recuperable. Así, estos trabajadores deberán acordar con sus empresas la recuperación antes del 31 de diciembre las horas no trabajadas, cosa que no tendrán que hacer los funcionarios, según la respuesta del ministerio.

Un marco bajo el que la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat valenciana que dirige Gabriela Bravo dictó una resolución el pasado 15 de marzo en la que instaba al resto de departamentos del Gobierno valenciano a aprobar sus propias resoluciones. En ellas, debían establecer los cargos de las consellerias que desempeñaban un servicio esencial y fijar turnos de trabajo presencial para evitar que el número de funcionarios presenciales no superara el 50% en ningún caso. 

Apenas una semana después, esta resolución se modificó para restringir aún más los movimientos y esta limitación pasó a ser de un 10%, por lo que el número de funcionarios que podrían trabajar simultáneamente de forma presencial en cada conselleria se vio reducida de manera considerable. Estos límites, sin embargo, no se aplicarían en Sanidad o Políticas Inclusivas, dado que son departamentos especialmente afectados por este estado de alarma. 

Ante el nuevo decreto publicado este domingo, la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo en la Comunitat Valenciana, según publica Levante EMV este martes, remitió un escrito al Ministerio para preguntar si la orden era aplicable a los funcionarios que están en casa sin cometidos urgentes o específicos, es decir, aquellos que no desempeñan funciones esenciales y no están teletrabajando ni acudiendo al trabajo de forma presencial al no formar parte de los servicios esenciales de su conselleria. O, si en caso contrario, se tenía intención de hacerlo. 

No obstante, el Ministerio niega que esta sea una opción que esté encima de la mesa.