VALÈNCIA (EFE). La acusación popular en el conocido como caso Alquería que ejerce la asociación Acción Cívica contra la Corrupción ha pedido al juzgado que lo instruye que cite a declarar como investigado al actual jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa), José Luis Vera.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, se indica que la declaración de Vera es "esencial", por su papel "trascendental" en Divalterra, antes de que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València finalice su investigación con el auto de procedimiento abreviado.

El pasado 14 de febrero, el juez ya rechazó llamarle a declarar, tal y como habían reclamado las defensas recientemente, al considera que "constan ya en la causa sucesivas comparecencias, por lo que resulta inútil volverle a convocar" y sólo podría contribuir a "la dilación de la causa".

Las defensas solicitaron la comparecencia de Vera a raíz de la declaración de la excogerente de esta empresa pública Agustina Brines, quien afirmó que las contrataciones de altos directivos en Divalterra -que se cuestionan como ilícitas- no contaron con objeción jurídica alguna.

En su nuevo escrito, la acusación popular señala que Vera tenía "total conocimiento" sobre las contrataciones de los altos cargos y los "supuestos pactos políticos que las amparaban", como según argumenta consta en declaraciones y documentos que figuran en la instrucción de la causa.

Asimismo, el pasado 29 de septiembre, uno de los altos cargos que supuestamente fueron contratados de forma irregular en Divalterra pidió el archivo de la causa respecto a él, al defender que no pudo cometer ni prevaricación ni malversación alguna y al argumentar, además, que su contratación no tuvo objeción alguna por parte de los responsables jurídicos de esta empresa pública, en alusión a Vera