VALÈNCIA (EP). Las plataformas de Indignats amb Renfe y Usuàries del Tren Valencià han "lamentado profundamente" que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya esperado hasta llegar a una situación "límite y catastrófica" para trasladar a la ministra de Transporte y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, las quejas ante "la situación de caos que viven las Cercanías".
En un comunicado conjunto, ambas plataformas han criticado que "tenga que ser la sociedad civil la que alerte y denuncie" la situación frente a "la desprotección y el abandono de un ministerio que no es capaz de detectar el negligente servicio de Cercanías Valencia y de los gestores de las empresas públicas de Renfe y Adif", donde, a su juicio, "se han traspasado líneas que nunca se debieron haber permitido, como la reducción desproporcionada de horarios, las reiteradas cancelaciones de trenes y la escandalosa pérdida de viajeros".
Las asociaciones han advertido que ha habido "una serie de negligencias" en la gestión en la que "se deberían depurar responsabilidades y actuar en consecuencia". Han señalado que "nunca se habían cancelado trenes con la frecuencia que se está haciendo en los últimos años".
En relación con el paquete de medidas que ha anunciado la ministra, ambas plataformas esperan que "no se quede en devoluciones exprés, unas pocas contrataciones para cubrir jubilaciones y la mejora de la aplicación y Twitter".
Han reclamado que el paquete vaya acompañado de un presupuesto que "solucione un problema estructural", que "ponga en valor" un medio de transporte "esencial" de cuyo servicio dependen miles de valencianas y valencianos y "no continuar dilapidando dinero público en un AVE, que no resuelve el problema de movilidad de la mayoría de la sociedad valenciana".
"El déficit histórico que arrastra el servicio de Cercanías y MD es difícil compensarlo con paquetes de medidas superficiales que nos recuerdan al 'Plan de choque del 14/02/2020'", han indicado las plataformas. Ese Plan de choque fue el resultado de la reunión entre el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura y el conseller de Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, que "a la vista está, nos ha llevado al momento actual".
Respecto a la petición de la Generalitat, las organizaciones han manifestado que no entienden "que se limite a pedir el traspaso de competencias" cuando, según ellos, "el problema es de unos gestores a los que hay que pedir responsabilidades y cambios en su política de gestión, donde quepan las necesidades de las usuarias y tengan en cuenta las variables sociales, ambientales y económicas". Señalan que el traspaso de competencias "no garantiza una buena gestión, y ejemplos hay muchos, donde acaban privatizando y reduciendo servicios".
Por último, las plataformas han señalado que el problema no es la empresa pública sino "su política de gestión que mantienen unos índices de fiabilidad bajísimos y no está siendo una alternativa real de transporte público".
