VALÈNCIA (EP). El porcentaje de población valenciana en riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se situó en el 29,3% en 2020. En toda España, este índice subió e pasado año --marcado por la pandemia-- 1,1 puntos hasta colocarse en el 26,4%, el dato más elevado desde 2017, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Cabe recordar que la tasa Arope se construye con tres variables: población en riesgo de pobreza; con baja intensidad en el empleo (ambos referidos a ingresos de 2019); y con carencia material.
De acuerdo a los datos facilitados por el INE y consultados por Europa Press, los ingresos medios por persona en la Comunitat ascendieron a 11.332 --por debajo de la media nacional, de 12.292--; la tasa Arope afectó al 29,3%, superior al indicador nacional; y el riesgo de pobreza se situó en el 24,6.
La encuesta revela igualmente las dificultades económicas que padecen parte de los hogares de este territorio. El 36,1% de los valencianos no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año y una cifra similar --el 36,8%-- no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
Además, se registra un 14,4% que tiene retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos y un 10,7% presenta mucha dificultad para llegar a fin de mes.
Atendiendo a la carencia material, que es el único de los tres indicadores en el que se pueden ver los efectos de la pandemia, a finales del año 2020 había un en toda España un 7% de la población en esta situación, 2,3 puntos más que el año anterior, alcanzándose el dato más elevado desde el año 2014.
Se considera que una persona sufre carencia material severa si se cumplen al menos cuatro de estos nueve elementos: no puede ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 750 euros); ha tenido retrasos en el pago de hipoteca o recibos en los últimos 12 meses; no puede permitirse un coche, un teléfono, un televisor o una lavadora.
Por su parte, y al hilo de la publicación de la encuesta, Save the Children ha alertado de que en la Comunitat Valenciana, un 34,8% de los niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social. En total, según la ONG, más de 310.000 menores estarían en una situación de pobreza en la autonomía, lo que supone un aumento de más del 2,4% respecto a los datos del año anterior.
La organización señala también que en el porcentaje del 29,3% de población en general en riesgo de pobreza o exclusión social supone una diferencia de más de cinco puntos con los datos de población menor de 18 años, "lo que vuelve a situar a la infancia como un colectivo especialmente vulnerable frente a la pandemia".
Save the Children considera relevante el incremento de niños y niñas menores de 18 años que hay viviendo en pobreza severa, que sube de un 13% a un 14,1% en España. En la Comunitat Valenciana esta tasa ha aumentado del 14,9% al 19%, lo que implica que ahora hay cerca de 170.000 niños y niñas en esta situación, casi 38.000 más que hace un año.
"Los datos que hemos conocido hoy evidencian el fuerte impacto de la pandemia en uno de los colectivos más vulnerables: la infancia en situación de pobreza. Si no queremos comprometer el presente y el futuro de estos niños y niñas, es necesario que se sigan implementando y reforzando medidas para combatir la pobreza infantil", asegura el director de la entidad en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, en un comunicado.
Para combatir la pobreza infantil, Save the Children propone mejorar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que debería extender su acción hacia jóvenes extutelados y reforzar la cantidad de la prestación en las unidades de convivencia con hijos e hijas menores de edad a cargo. La organización indica que, aunque en este último año se han producido "pasos importantes", el despliegue de esa ayuda está siendo "demasiado lento para paliar las necesidades de un número importante de hogares, especialmente tras los estragos de la pandemia".
En este sentido, calcula que en la Comunitat Valenciana apenas 31.000 hogares han recibido el IMV, de los cuales sólo 19.000 tienen niños y niñas a cargo. En total, 33.720 niños y niñas de la autonomía serían beneficiarios de esta prestación.
Finalmente, entre las medidas que propone para paliar esta situación en la Comunitat, figuran aumentar los recursos disponibles y especializados en el sistema de servicios sociales; garantizar las medidas que favorezcan la adaptación de horario y reducción de jornada laboral para el cuidado de niños y niñas durante la pandemia; seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años, priorizando a los niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social y ampliar el parque de vivienda pública de alquiler social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios o impagos.
Por supuesto que la pregunta que debían haberse formulado es la de ¿cómo debería el gobierno cambiar la política para reducir la pobreza? Pero la política gubernamental que aplicaron fue una de las principales causas del incremento de la pobreza, ya que la forma más sencilla que tiene el gobierno de reducir la pobreza es dejar de empeorarla