Combatir las raíces de la pobreza no es articular una política de asistencia social. En tal caso, el resultado más probable es consolidar una versión actualizada de la caridad.
Que en España, como en la Comunidad Valenciana, hay un número elevado de personas pobres no está en discusión. Saber su número, sin embargo, es hoy imposible. Para ello sería necesario definir el umbral de ingresos por debajo del cual se es pobre. El concepto de pobreza es multidimensional y ello influye en que cada uno de nosotros tiene un criterio distinto acerca de a quiénes afecta. Por eso es imprescindible concretar, en términos monetarios, cuáles son las necesidades básicas mínimas que, cuando no están cubiertas, llevan a considerar a alguien como tal. Si, frente a esta opción, se elige la aproximación relativa de la Estrategia 2020 de la UE, y con ella del INE, las paradojas añadidas a las dificultades de ese cálculo aumentan de manera geométrica.
Elaborar un umbral de pobreza como mínimo vital monetario para definirla, como se hace en Estados Unidos, no resuelve todos los problemas. Ni mucho menos. Pero es una opción eficaz. Primero, para cuantificar “las necesidades básicas de la vida diaria”. Y, segundo, para poder establecer una ordenación respecto a ese umbral de los necesitados de ayuda. También en este terreno se evidencia la trascendencia del vaciamiento de funciones del Servicio Valenciano de Estadística realizado por el PP. Sorprendentemente nadie ha propuesto revertirlo a pesar de que los valores ilustrativos que estima el INE (iguales para toda España y sólo para dos situaciones familiares) no solucionan nada.
En un texto clásico, Mollie Orshansky ya destacaba las dificultades del cálculo. Como ella señalaba, lo que en el pasado era considerado un lujo, hoy puede ser considerado necesario. Y es que cuando, como sucede en España, la pregunta no es “si puedo vivir”, sino “cómo puedo hacerlo”, una cuantificación de esos ingresos mínimos requiere, además de un servicio de estadística con prestigio, consenso social. Pero el que, entre otros, los estadounidenses lo lograran hace muchos años demuestra que es posible.
Además de superar las paradojas ya comentadas que surgen al realizar una aproximación relativa basada en el AROPE, así se evitaría también la indefinición actual de los titulares del derecho a la inclusión social de la actual legislación. En la reciente ley valenciana, por ejemplo, los titulares (art. 3.1) son todos quienes se encuentren en “aquellas situaciones en las que las personas carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inclusión social y/o inserción laboral” (negrita mía). La concreción del significado de unas y otro queda para el reglamento, como si con ello se superaran las dificultades de cuantificación apuntadas.
Con todo, lo más relevante es que está lejos de ser obvio que lo que se esté poniendo en práctica mediante este tipo de normas sea la lucha contra la pobreza y no exclusivamente contra la miseria y la exclusión social. La aprobación de medidas de urgencia para paliar las situaciones de necesidad ante su gravedad y [no cuantificada] amplitud, no debiera confundir. Su urgencia, incuestionable para la mayoría, tampoco. Pero luchar contra la pobreza requiere de un esfuerzo mucho más amplio del que puede exigírsele a los servicios sociales de una administración. Pretender que con una mejor financiación la pobreza desaparecería de la Comunidad Valenciana, como acaba de declarar la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, sólo contribuye a aumentar la confusión.
No es solo cuestión de recursos y de profesionalidad, que también. En la lucha real contra la pobreza resulta inconcebible dejar fuera a la política pública de vivienda o de formación de la población desocupada en edad de trabajar. Por no mencionar el sistema de enseñanza. En el valenciano las tasas de fracaso escolar son, desde hace décadas, incompatibles con cualquier posibilidad de considerarlo eficiente en la promoción de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, ningún plan de choque contra el mismo se ha planteado hasta ahora. No forma parte de las prioridades del conseller Vicent Marzà.
Pero además, para España contamos con un estudio reciente mucho más contundente en la descripción de esa parte de la realidad: el Informe sobre el estado social de la nación 2017 elaborado por la Asociación de directores y gerentes en Servicios Sociales. No es necesario coincidir en todo con su enfoque y contenido, para destacar una conclusión central del mismo relacionada con la legislación en vigor: se está “configurando en España una amplia clase social subsidiada que genera una cultura específica marcada por la falta de expectativas, la desmotivación y la pérdida de autoestima” (p. 28).
Más preocupante todavía es lo indicado en la radiografía de los Servicios Sociales en España por CCAA realizada por la misma asociación respecto a las repercusiones en España del éxito de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. Esa que ha llevado a la hegemonía ideológica de las derechas tan bien descritas para Estados Unidos por los Nobel de economía Akerlof y Shiller. Una radiografía en la que se muestra igualmente cómo la Comunidad Valenciana, tras las décadas de gobiernos del PP, se encuentra a la cola no ya en lucha contra la pobreza que no existe, sino de la asistencia social.
Al margen de esta constatación, merece subrayarse la opinión taxativa de los autores, conocedores directos de la situación, de que frente a la precarización de una parte de la población, hacer recaer en los servicios sociales la solución de estas situaciones es enviar “un mensaje absolutamente distorsionador de la realidad, [ya que] que, en lugar de poner el acento en las verdaderas causas de la pobreza y en sus soluciones, convierten estas situaciones en marginales”. (p. 4)
Y es que, en síntesis, frente a las aproximaciones asistenciales como la que está llevando a cabo Mónica Oltra y su equipo, el desafío sigue siendo el expresado por el proverbio clásico, de autoría desconocida, según el cual, si le das un pescado a una persona pobre comerá un día, pero si le enseñas a pescar comerá toda la vida. Es obvio que la condición previa de su cumplimiento es la existencia de peces; esto es empleo, cuyo fomento por la Generalitat Valenciana es manifiestamente mejorable. Pero no se debieran ignorar las implicaciones que tiene dejar fuera de la lucha contra la pobreza sus múltiples dimensiones, de la formación y la educación a la creación de empleo no precario (como gran parte del generado por el turismo y la hostelería) pasando por la medicina, incluyendo la preventiva).
Entre esas derivaciones sobresale el que al limitar el esfuerzo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social a los servicios sociales, se está contribuyendo, aunque sea sin pretenderlo, a hacer realidad la perversa modificación del adagio realizada por Carlos Marx: si le das un pescado a un pobre, comerá un día; si se le enseña a pescar se pierde una oportunidad de negocio. Como es obvio, de negocio para quienes lo hacen con todo y con todos.
Durante los últimos doce meses, la amabilidad de Javier Alfonso director de Valencia Plaza, me ha permitido compartir quincenalmente reflexiones varias sobre algunos de los problemas económicos a los que nos enfrentamos. La combinación de nuevos proyectos y la draconiana exigencia en tiempo que esta regularidad requiere, hace conveniente, al menos, una pausa. Al margen, por supuesto de que, como escribiera Baltasar Gracián, “lo bueno, si breve, dos veces bueno, y aun lo malo, si breve, no tan malo”.
A pesar de ello, la larga lista de obstáculos que se oponen a la mejora de nuestro bienestar invita a mantener la intención de seguir asomándome, eso sí de manera esporádica, a estas páginas. Siempre con única pretensión de seguir recordando que, como Lewis Carroll pusiera en boca de Alicia en A través del espejo, hoy también en la Comunidad Valenciana “es preciso correr mucho para permanecer en el mismo lugar y para llegar a otro hay que correr el doble más rápido”.