VALÈNCIA. Las negociaciones para que Podemos apoye el Presupuesto de la Generalitat de 2018 elaborado por el Consell han sido especialmente complejas en este año. No en vano, hasta la noche del pasado lunes -jornada anterior a que el Ejecutivo valenciano presentara el anteproyecto de ley de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio-, se producían todavía reuniones entre la Consellería de Hacienda y el propio secretario general de Podem y síndic, Antonio Estañ, y el portavoz adjunto, César Jiménez.
Minutos después de aquel encuentro, los morados enviaban un comunicado en el que afirmaban que las cuentas no aseguraban "un cumplimiento del Acuerdo del Botànic y un avance en políticas de cambio". Motivo por el que no garantizaban el apoyo a las cuentas -si bien este martes admitían que era "muy poco probable" que, por contra, respaldaran una enmienda a la totalidad del PP en el trámite parlamentario-.
Las demandas de Podemos tenían un coste de unos 300 millones de euros y, según fuentes del Consell, se habían atendido todas, aunque no por los importes que pretendía la formación. Así, de los 80 millones de euros cuantificados en pobreza farmacológica la Conselleria de Sanidad contempla un total de 33.
Desde la dirección del partido morado detallan que a los ocho millones de euros que ya se contemplaron en los presupuestos de 2017 y que afectaba a personas con rentas inferiores a los 18.000 euros, conseguían "arrancar" al Consell dos líneas nuevas: una de 20 millones para personas empleadas que no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cinco millones más para familias monoparentales. Por lo tanto, a lo que se concedió el año pasado y que este año vuelve a presupuestarse, se suman 25 millones más ante las exigencias que los morados.
Otra de las líneas rojas que planteaba Podemos era una inversión de 100 millones de euros en Vivienda. El partido que lidera Antonio Estañ quería un plan de choque para tener 1.000 viviendas de alquiler social. No se cerraban, sin embargo, a que estas tuvieran que provenir de compras directas, sino que esta cantidad podría alcanzarse mediante otros mecanismos como la rehabilitación de viviendas vacías, de forma que se ampliase el parque público de viviendas de alquiler actual.
En esta materia, fuentes de Podemos justifican a Valencia Plaza que han conseguido incrementar la partida del Plan Renhata en 2,5 millones de euros -de 3 pasa a 5,5-; aumentar la dotación del EIGE en 2,6 millones para pasar viviendas de compra-venta a alquiler; y otra inversión en 2018 más significativa de 10 millones de euros para "compra pura" de viviendas que "amplíen el parque público destinado a alquiler social". En total: 15,1 millones de euros.
La Conselleria de María José Salvador, no obstante, realiza una previsión para invertir 20 millones de euros en 2019 y otro importe equivalente en 2020. Una consideración que los morados entienden como un compromiso adquirido que hace elevar el presupuesto de las exigencias conseguidas a 55,1 millones. "Si se compran viviendas en 2018, la consellería las continuará pagando en los dos próximos años, por lo que es un compromiso en firme", justifican fuentes de la formación. Con esta previsión, sin embargo, las mismas fuentes admiten que no renuncian a presentar enmiendas en el trámite parlamentario para conseguir incrementar la partida.
La tercera exigencia de Podemos, ponía el foco en educación. Aunque no cuantificaron a este diario las concesiones que el Consell ha contemplado en las cuentas del próximo ejercicio, sí admiten que el Ejecutivo valenciano ha incluido todas sus demandas. El partido de los círculos pedía aumentar el personal para agilizar los trámites burocráticos y conseguir con ello eliminar los barracones, conseguir la gratuidad de las aulas de 0 a 2 años, y hora y media de las actividades extraescolares. Tres solicitudes alcanzaba aproximadamente los 40 millones de euros.
En esta última petición -la gratuidad de hora y media de actividades extraescolares- es en la que encuentran más dificultades para articular las ayudas. Es decir, Podemos alega que al ser las AMPAS las que gestionan estas actividades y son de carácter "privado", deben "estudiar cómo hacerlo".
Otras partidas con las que el partido que lidera Estañ sí está satisfecho es con el incremento del número plazas residenciales que habían demandado, así como las dotaciones en el área de Justicia.