El síndic de Podemos en Les Corts, Antonio Estañ. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La tasa turística y el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases fueron las dos principales reivindicaciones de Podemos durante la negociación de los últimos Presupuestos de la Generalitat. De hecho, tras la negativa de los socialistas a implantar un nuevo tributo para gravar la actividad turística, los morados se abstuvieron a la ley de Acompañamiento de 2018 generando una gran tensión y polémica en el Botànic.
Ahora, un año después, ninguna de estas demandas que no consiguieron que prosperaran y consideradas dos buques insignia en la formación que dirige Antonio Estañ ha sido incluida en las propuestas de resolución que el grupo parlamentario registró este martes en Les Corts. En su lugar, Podemos ha rebajado sus iniciativas para lograr que salgan adelante. Pero en ningún caso ha fijado negro sobre blanco: la palabra"tasa", "tributo" o "gravamen" no aparece en sus propuestas. Y tampoco las polémicas siglas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. En su caso, las propuestas registradas son mucho más genéricas.
En el área de turismo, la formación morada pide que el Consell mejore las condiciones laborales de las camareras de piso -un objetivo que Podemos quería cubrir con lo recaudado con el tributo- y ponga en marcha "estrategias que garanticen la sostenibilidad turística y permitan que tanto residentes, visitantes, como agentes turísticos puedan contribuir a la mejora de los servicios que disfrutan los turistas en los municipios de la Comunitat y mejora de infraestructuras", entre otros.
Como novedad, solicita que se realicen las modificaciones legales pertinentes para que la concesión de ayudas en materia de turismo se tramiten por concurrencia competitiva para que en los criterios de valoración se tenga en cuenta los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales. Esto es, quieren que se valore que los establecimientos turísticos cumplan con una serie de requisitos mínimos de regulación laboral.
Con este escenario, queda por ver qué hará la formación en la ley de Acompañamiento que tendrá que debatirse en los próximos meses, cuando el Consell presente su anteproyecto de ley de Presupuestos, ya que el propio secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, despejó hace unas semanas la incógnita y aseguró que su grupo presentaría de nuevo la tasa turística. Sin embargo, en esta ocasión aseguró que no sería una línea roja para negociar las partidas presupuestarias de 2019 como sí sucedió el año pasado.
En medio ambiente, Podemos pide que se incremente el presupuesto de la conselleria que dirige Elena Cebrián hasta alcanzar un 2% de las cuentas totales de la Generalitat como "compromiso político efectivo para avanzar en el cambio del sistema productivo hacia la sostenibilidad y la economía circular".
La petición expresa de este método -el SDDR- ha desaparecido de sus propuestas de resolución. Sin embargo, sí lo rescataron al incluirlo en la Ley para la Prevención de los Residuos y para el Fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana que presentaron al inicio de este último curso político. Una norma que la formación quiere que sea aprobada antes de que termine la legislatura.
Entre las 12 propuestas que ha registrado la formación se encuentra la tasa al azúcar. Una iniciativa que aunque no ha sido una asidua entre las demandas de Podemos en los últimos años, sí fue asumida por el grupo parlamentario que lidera Estañ cuando Compromís 'renunció' a ella.
Esto es, durante la negociación de la Proposición No de Ley de la tasa del azúcar la coalición valencianista rebajó considerablemente la redacción de la iniciativa hasta el punto que desapareció del texto la implantación de este tipo de gravamen a las bebidas azucaradas. ¿Los motivos? El PSPV era reticente a apoyarla por la oposición que había generado en el sector empresarial. Sin sus votos, era imposible que saliera adelante.
El nuevo texto no pedía directamente la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas que no tuvieran aportación alimentaria, pero sí la elaboración de un estudio previo sobre la necesidad de que este entre en vigor.
Entre otras propuestas que han presentado los morados se encuentran la compra de vivienda a particulares para que éstas sean rehabilitadas con el objetivo de ampliar el parque público y así destinar los apartamentos a alquiler social o permitir el acceso a viviendas dignas a jóvenes y familias; "acelerar las actuaciones contenidas en la Ley de la Función Social de la Vivienda"; instar al Gobierno central a liberar la AP-7; crear una partida presupuestaria para "aliviar la situación de las personas afectadas por la estafa de iDental"; o urgir al Consell a que presente la ley de Función Pública cuanto antes a Les Corts.
