El exlcalde de Gandia debe dar explicaciones judiciales por presuntos delitos de prevaricación administrativa malversación y tráfico de influencias
GANDIA. Arturo Torró alcanzó la vara de alcalde de Gandia en 2011 haciendo historia: logró la primera mayoría absoluta para el Partido Popular en la ciudad ducal. Durante cuatro años, ejerció una alcaldía no exenta de polémica y donde la oposición le acusó de utilizar Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), la empresa pública de Gandia, para realizar adjudicaciones “dudosas" o firmar facturas de dudosa legalidad.
En las elecciones de 2015 Arturo Torró volvió a ganar las elecciones pero un pacto a última hora entre el PSOE y Més Gandia, con el apoyo de Ciudadanos, le llevó a la oposición. Con Diana Morant (Partido Socialista) al frente del Ayuntamiento, las sospechas que el exalcalde de Gandia acumuló durante sus cuatros años de mandato se están traduciendo en acusaciones judiciales. Hasta la fecha lleva cuatro citaciones como investigado.
El primer escándalo político de la ciudad ocurrió el 9 de junio con el caso Púnica, cuando el juez Eloy Velasco ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registrar el Ayuntamiento. La UCO requisó facturas de las empresas Eico Management y Madiva Editorial, propiedad de Alejandro de Pedro - el conseguidor de la trama Púnica-, y del constructor Sergio Muñoz (Construcciones Gomuñoz). Con posterioridad el nuevo gobierno encontró en Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) facturas por valor de 885.000 euros a Construcciones Gomuñoz, que fueron enviadas por el actual Gobierno de Gandia al juez Velasco de la Audiencia Nacional.
De la documentación recogida se revelan las relaciones de Alejandro De Pedro, Construcciones Gomuñoz y el gobierno del Partido Popular para hacer supuestos pagos ficticios a empresas de la trama. Según las investigaciones de la UCO, la mercantil acordó con De Pedro un pago mensual de 2.600 euros tras la intervención de Víctor Soler, actual Presidente del PP en Gandia, y el Vicesecretario de Organización Dionisio Ollero. Por esta causa deben de declarar como investigados en la Audiencia Nacional el exalcalde de Gandia Arturo Torró y el actual diputado del PP en las Corts Valencianes Víctor Soler.
La segunda causa que afecta a Arturo Torró es la que el mismo bautizó como Operación Aplauso, mediante la cual el Ayuntamiento intentó comprar parte del complejo Gandia Palace por 6,7 millones de euros y sufragar los gastos de la operación alquilando los espacios de los antiguos CineBox. Realizada a través de Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), con la operación se pretendía incrementar el patrimonio del Ayuntamiento de Gandia, potenciar la zona de la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Una operación que el propio Torró calificó de “impecable” pues toda la operación está “perfectamente certificada por técnicos del Ayuntamiento de Gandia”. Una operación que ha terminado con la citación como investigado de Arturo Torró por un delito de prevaricación.
A todas ellas se suma la citación como investigado del exalcalde del PP de Gandia por la renovación de varios créditos con la oposición de Generalitat Y OPOSICIÓN
La tercera causa es el Caso Tele 7. En ella, se investiga la subvención pública a través de IPG de 3,5 millones a dos televisiones privadas: Comarques Centrals Televisió S. L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7). En concreto, se intenta esclarecer si Arturo Torró podría haber subvencionado a una empresa donde él tenía intereses particulares ya que, según la documentación, Tele 7 podría pertenecer a José Codina, hombre de confianza del ex alcalde de Gandia y quién fue el administrador único de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL.
A todas ellas se suma la citación como investigado del exalcalde del PP de Gandia por la renovación de varios créditos con la oposición de la Intervención y de la Generalitat Valenciana. Torró, que denunció al socialista José Manuel Orengo por estos hechos, recibió un informe negativo de la Generalitat Valenciana en el que no aceptaba esta petición de mayor endeudamiento. Sin embargo, Arturo Torró firmó ocho operaciones crediticias de renovación y ampliación, o pólizas de créditos suscritas con varias entidades bancarias entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014. En total casi 28 millones de euros. Por su parte, Orengo, aprobó una maniobra similar debido al silencio administrativo.
Cuatro causas abiertas sobre Arturo Torró que también incluyen a otros miembros del Partido Popular, como los ediles Javier Reig y Guillermo Barber o el diputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler. A todas ellas deberá responder quien otrora fue uno de los referentes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.