Por tierra, mar y aire: a Puig 'se le hace bola' la sesión de control

VALÈNCIA. La primera sesión de control de la legislatura no fue un camino de rosas para el president de la Generalitat, Ximo Puig. La oposición preguntó por cuestiones que afectan al jefe del Consell en primera persona que se habían ido acumulando a lo largo de los últimos meses y sobre las que todavía no había dado explicaciones. Aclaraciones en las que tampoco profundizó este jueves. 

La primera en intervenir fue la síndica del PPCV, Isabel Bonig, que le afeó que las empresas de su hermano hayan recibido casi medio millón de euros en subvenciones y que el IVF hiciera una quita de una deuda de 1,3 millones de euros a un medio de comunicación en el que tiene acciones mientras la Generalitat debe recortar 450 millones de euros. "Recorte de asesores y enchufados" le recomendó la portavoz popular tras recriminarle que gastara "43.000 euros en la legislatura pasada para pagar entrevistas en medios británicos -The Guardian-". 

Un cúmulo de acusaciones ante las que el president apenas se defendió. Tras gastar los tres primeros minutos en trasladar el apoyo del Consell a los damnificados de la Vega Baja por la DANA, el número uno del Ejecutivo valenciano empleó escasos segundos en recriminar a Bonig que el despilfarro y enchufados en la época del PP batió récords. No agotó ni siquiera el tiempo del que disponía para ello como acostumbra a hacerlo otras veces. Subrayó que en Madrid 135 altos cargos cobran más que el president de la Generalitat, pero no hizo alusión al resto de órdagos de la popular: ni la quita del IVF, ni las ayudas mencionadas, ni tampoco la entrevista en The Guardian. "Porque repita mil veces una mentira, no se convierte en verdad", se limitó a responder. 

Los tres temas fueron retomados por el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó en su intervención. A pesar de que el partido naranja registró el lunes la pregunta al president de la Generalitat sobre qué recortes tenía previstos realizar el Consell en las cuentas, el síndic de Cs se refirió a estas otras cuestiones que no tenían nada que ver con su pregunta presentada. Conviene señalar que los grupos parlamentarios deben presentar ante el registro la pregunta al jefe del Consell 48 horas antes del inicio del pleno para que Presidencia de la Generalitat pueda elaborar las respuestas de la sesión de control. 

Así, la improvisación del portavoz de Ciudadanos derivó en una llamada de atención del president de Les Corts, Enric Morera. "Su intervención no tiene nada que ver con su pregunta", censuró. Tras lo que el jefe del Ejecutivo valenciano respondió a Cantó que no habría recortes en derechos sociales; "Por contestar a lo que realmente planteaba su pregunta", apostilló con cierta sorna. 

Cantó le llamó "comisionista", y le acusó de cobrar "500 euros al mes de sobresueldo por su participación en un medio de comunicación". "¿Le parece ético hacerse autobombo con una entrevista por la que pagó 43.000 euros?", increpó. Del mismo modo, criticó los gastos en publicidad institucional que el Gobierno del Botánico hizo en la pasada legislatura, que tuviera "becarios explotados" en Presidencia de la Generalitat y que, a su juicio, comience a comportarse "como el Berlusconi de Morella". 

De nuevo, Puig no apuró los minutos que tenía para dar respuesta a la oposición. Tras sostener que Cantó "y el respeto son dos cuestiones antagónicas", se limitó a responder que todas las acusaciones eran "mentira". "Preguntan si los ajustes van a afectar a los valencianos y luego no se pronuncian sobre ello, si esto no les interesa...", zanjó el president del Consell poniendo rumbo de nuevo a su escaño. 

El último turno de la oposición fue el de la síndica de Vox, Ana Vega, que volvió sobre la polémica de The Guardian, donde en 2017 salió publicada una entrevista a Puig que luego fue eliminada al formar parte de un acuerdo comercial. El argumento del president para dar respuesta a esta pregunta fue el mismo que con Cantó y Bonig: que la Generalitat no había pagado por esa entrevista. Ante lo que la portavoz del partido de Santiago Abascal recomendó que se querellase contra los medios de comunicación que publicaron esta información. 

En el turno de réplica, Vega le pidió justificación del "gasto de 20 millones en publicidad institucional en cuatro años", ante lo que Puig se defendió alegando que eran "cinco millones al año, muchísimo menos de lo que gastaba el PP". Sin embargo, no especificó cuánto destinó a este fin el Partido Popular cuando gobernó.