Por una contratación pública socialmente responsable

En breve tendrá lugar en el diario Valencia Plaza un nuevo desayuno debate acerca de las licitaciones públicas y el equilibrio entre el precio y las cláusulas sociales. Participarán representantes de estas dos organizaciones sindicales, de la Generalitat Valenciana, de la Confederación Empresarial Valenciana y de CLECE, S.A., y no podemos dejar pasar la oportunidad que se nos brinda para adelantar varios asuntos que consideramos vitales y en los que la licitación pública tiene mucho que ver. Aún resuenan en nuestra memoria conflictos laborales generados a partir de incumplimientos de empresas que habían resultado adjudicatarias de contratos públicos en condiciones límite. De hecho, algunas situaciones se siguen dando a raíz de adjudicaciones por subasta a empresas que posteriormente no pagan a los trabajadores con la diligencia debida (hace apenas un mes nos manifestábamos a las puertas de la Conselleria de Educación por un caso así).

En el preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se dice: “Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de conseguir una mejor relación calidad-precio. Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.” Y eso es lo que reivindicamos para que no sean las trabajadoras y trabajadores los que finalmente tengan que sufrir las consecuencias. En los contratos de servicios que engloban nuestras federaciones (limpieza, seguridad, jardinería, etc.) prestan servicio multitud de trabajadoras y trabajadores, son servicios intensivos en mano de obra, y si no se aplica correctamente la Ley 9/2017, las empresas que resulten adjudicatarias sin presentar la mejor relación calidad-precio repercutirán en esos trabajadores y trabajadoras sus errores de gestión y/o de valoración, lo que generalmente acaba en impagos, demandas, conflictos, etc., y todo ello en colectivos con salarios más bien escasos y con condiciones laborales manifiestamente mejorables.

Por tanto, es fundamental que los criterios de adjudicación de los contratos públicos no se basen únicamente en el precio, ni siquiera principalmente en el precio. Deben contemplar otros criterios de calidad de servicio, de condiciones sociales y medioambientales, de integración de colectivos desfavorecidos, de formación, de cumplimiento de la legislación de riesgos laborales, de igualdad, etc., criterios que permitan alcanzar objetivos de interés general, convirtiéndose entonces en una opción que deben potenciar los representantes políticos y poner en práctica los órganos de contratación.

No obstante, la mejora en los criterios de adjudicación de los contratos no será suficiente si luego no hay consecuencias en los casos de incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos, oferta y posterior contrato. El complejo y farragoso procedimiento administrativo hace muy difícil la aplicación de penalizaciones, y es necesario que se potencien sistemas de control de calidad, de control de indicadores de servicio, que además de evitar los incumplimientos de los compromisos adquiridos, permitan la construcción de una reputación empresarial que sea valorada en posteriores adjudicaciones. En algunas autonomías ya se han establecido Observatorios de Contratación, en otras administraciones públicas se está proponiendo su creación, y la Generalitat Valenciana tiene una oportunidad magnífica de hacerlo a través del desarrollo reglamentario de la Ley 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social. En 2016, CC.OO.-PV y U.G.T.-PV, junto con la Generalitat Valenciana y las asociaciones empresariales competentes, constituyeron la Mesa para la Racionalización del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad Valenciana que podía, entre otras cosas, establecer colaboraciones con las Mesas de Contratación de los contratos públicos objeto de licitación por parte de la Administración, proponiendo un valor óptimo en el precio del contrato que garantice la subrogación del personal, la estabilidad en el empleo, mejora de los pliegos y especialmente la aplicación de los convenios colectivos de referencia y la calidad de los servicios en consonancia con la Directiva 2014/24/UE con garantías de estabilidad en el empleo, además de intentar lograr la máxima transparencia en todos los procesos de contratación. El Observatorio de Contratación que ahora proponemos sería más ambicioso en sus objetivos, pues ya cuenta con una Ley de Contratos del Sector Público que dispone de mecanismos más apropiados que la Ley de aplicación cuando nació la Mesa para la Racionalización del Sector de Limpieza. Este observatorio realizaría esa labor de asesoramiento fundamental para que las licitaciones contemplen en sus presupuestos todos los costes laborales que son de aplicación a los servicios, minimizando los errores que se suelen producir por la falta de dominio de la legislación laboral y los convenios de aplicación.

La determinación correcta de los precios de licitación es básica para que los trabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias dispongan de las condiciones laborales correctas. Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española los contratos han dejado de tener revisiones de precios a lo largo de su ejecución, dificultando las relaciones laborales y la negociación colectiva, amén de impedir que los errores en las licitaciones pudieran ser “laminados” en el transcurso del contrato. Es fundamental que la desindexación deje de aplicarse para que no interfiera en las relaciones entre las empresas adjudicatarias y el personal que presta servicio, evitando situaciones de pérdida de capacidad de compra y, por tanto, de bienestar.

Hay muchos temas que tratar referidos a la licitación pública y que tienen repercusión directa en las relaciones laborales y en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, y confiamos que en esta mesa de debate, con U.G.T.-PV, CC.OO.-PV, CEV, Generalitat y CLECE, permita intercambiar ideas respecto a estos temas y, sobretodo, permita alcanzar compromisos que permitan, a través de la mejora de los criterios de adjudicación en la licitación pública, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en esos contratos.

Josep Albors Ferrandis es Secretari General CCOO de Construcció i Serveis 

Lola Navarro Giménez es Secretaria General Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT (FeSMC-UGT)