La oposición duda de la legalidad del decreto de tanteo que permitirá al Consell frenar la venta de edificios

VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes un decreto ley que amplía los derechos de tanteo y retracto de la Administración valenciana. Una norma elaborada por la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau que abre la puerta a que la Generalitat pueda intervenir en la venta de edificios, así como en la cesión de estos derechos a los ayuntamientos para que vayan ampliando su parque público o, en caso de no contar con ellos, crearlos desde cero. 

Aunque regulado desde 2004 para las viviendas de protección pública, el texto incorpora importantes novedades como avanzó hace unas semanas Valencia Plaza. Entre ellas destaca la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. Pero también la colaboración con las administraciones locales para que puedan ejercer estos derechos, hasta ahora únicamente tenía la potestad la Generalitat Valenciana.

El decreto ley ha despertado recelos en el sector, que ve con cierto temor que esta normativa termine ahuyentando la inversión inmobiliaria. Pero también ha avivado las críticas de PP y Ciudadanos, que cuestionan tanto la forma como el fondo. En primer lugar, los populares critican que se haya aprobado una regulación de este calibre mediante un decreto ley, un formato que la Constitución Española recoge en su artículo 86 que está previsto para todas aquellas actuaciones urgentes que un Gobierno debe realizar y que permite sortear los trámites que debe superar un proyecto de ley como, por ejemplo, los informes del Consell Jurídic Consultiu (CJC). 

"Plantean una expropiación de viviendas privadas y lo hace de forma ilegal a través de un decreto ley que no tiene ningún tipo de justificación", explica el diputado del PPCV y portavoz de Vivienda de su grupo en Les Corts Valencianes, Alfredo Castelló. En el partido naranja, según la diputada Mamen Peris, también "preocupa la legalidad de esta medida" porque "en Podemos siempre anteponen ideología a criterios de interés general". Por lo que la diputada advierte que en su grupo estudiarán "con mucha cautela el decreto ante posibles irregularidades". Unas declaraciones que comparte también el diputado de Vox, Miguel Pascual. 

Respecto al fondo de la cuestión, el parlamentario popular señala que esta normativa que plantea el Consell "es demoledora para el sector de la construcción". "Lo de intervenir la compra de participaciones o acciones de sociedades es puro intervencionismo, sin respeto a los derechos constitucionales y propio del comunismo de Podemos", añade Castelló. "Retrasar la compra de edificios o viviendas durante 60 días para poder ejercer el derecho de tanteo o por otros 60 días para ejercer el derecho de retracto es condenar a la desaparición al sector de la construcción; sólo van a conseguir un retraimiento económico mayor, limitar un sector productivo y crear más paro, que es exactamente lo contrario a lo que necesita la Comunitat Valenciana ahora", censura el parlamentario. 

"La Conselleria que lidera Martínez Dalmau se ha visto superada por la realidad del sector de la arquitectura y de la construcción y realiza un ataque frontal contra el sector privado y el derecho a la propiedad", añade el diputado de Vox. 

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Mamen Peris, considera que no "tiene ningún sentido hacer este tipo de anuncios y luego aprobarlos si no se dota de fondos suficientes para llevarlos a cabo, en este caso para adquirir las viviendas". "No podemos ahogar a entidades como los ayuntamientos que ya tienen que hacer frente a muchas necesidades relacionadas con la vivienda", explica la parlamentaria a Valencia Plaza.

En este sentido, Castelló asegura que la partida para ejercer tanteo y retracto en el Presupuesto del Botànic ya sufrió un recorte del 50%: "Había 2 millones presupuestados para 2020 y se dejó en uno apenas", juzga el también exalcalde de Sagunto, que satiriza con las políticas de vivienda que se van a poder llevar a cabo con esta cuantía. Sin embargo, también reprocha que los socialistas hayan dado el visto bueno a este decreto ley: "Sólo pretenden embarrar la actividad económica: expropiar viviendas privadas para podérselas dar a ONGs o entidades sin ánimo de lucro, estando Podemos de por medio, suena muy mal, pero el PSPV traga con todo". "De nuevo Podemos se impone ante el presidente Puig que sigue siendo un títere para el gobierno de Sánchez y también para sus socios", zanja Castelló. 

La Generalitat podrá quedarse edificios enteros

La novedad más relevante para el sector inmobiliario es que, a partir de la entrada en vigor del decreto ley, la Generalitat podrá quedarse edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados. La idea del departamento que dirige Martínez Dalmau no es inmiscuirse en cada operación inmobiliaria, ya que tampoco cuenta con fondos para poder hacelo, sino  intervenir en grandes operaciones en las que participen fondos de inversión.

Concretamente, la Administración valenciana podrá ejercer el derecho de adquisición preferente y retracto en "las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas, que constituya su destino principal, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al 80% de dicho edificio", así como "en operaciones de venta referidas a diez o más viviendas y sus anejos". En ambos casos, podrá hacerlo tanto si es una venta directa como si se hace mediante la venta de acciones o participaciones en mercantiles cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.

Estos derechos, excepto cuando son sobre vivienda protegida, tienen dos limitaciones para la Generalitat. Por un lado, la colisión con otros derechos de tanteo o retracto que estuvieran reconocidos a su favor. Y por otro, una limitación territorial que vendrá fijada en un Catálogo de Áreas de Necesidad de la Vivienda que se elaborará antes de seis meses desde que entre en vigor el decreto y que fijará las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. 

No obstante, desde que entre en vigor el decreto y hasta que se apruebe el Catálogo se considerará 'zona de necesidad' los municipios beneficiarios de la línea del Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento y los incluidos en el Informe de Necesidad de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2020 realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. 

El objetivo, según expuso el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda este viernes, es utilizar esta fórmula, que ya se utiliza en capitales europeas como Berlín, Viena o Paris para ampliar el parque público. Pero, además, en este nuevo escenario se quiere hacer partícipes a los ayuntamientos para que puedan ir incorporando vivienda a sus parques municipales o, incluso, crearlos desde cero.