VALÈNCIA. El PPCV ha decidido llevar una vez más a los tribunales la negativa del Consell a facilitarle documentación. En esta ocasión, por los contratos de emergencia relacionados con la lucha contra la covid en 2020. Los 'populares' solicitaron a través de Les Corts Valencianes el pasado marzo la copia de todos los contratos, así como los justificantes de encargo, pago y facturas relativos a las compras internacionales (el Ejecutivo valenciano adquirió material en China en un momento en el que había desabastecimiento).
El Gobierno autonómico ha hecho caso omiso a la petición hasta el momento, por lo que el PPCV ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La argumentación del escrito suele ser la habitual en estos casos y se basa en la protección de los derechos fundamentales.
El recurso alude así al derecho a la participación en los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución. En calidad de diputado y al amparo del artículo 12 del reglamento de Les Corts, expone, Rubén Ibáñez formuló la solicitud de documentación por el cauce parlamentario, de modo que fue remitida al Consell.
Remarca, en este sentido, que la facultad de la Administración o de las instituciones, organismos y entidades de la Generalitat no alcanza para denegar el acceso a la información. "En ningún caso puede ser denegado pura y simplemente; menos todavía por silencio administrativo", señala. Algo que, añade, vulneraría el citado artículo de la Constitución.
La petición del PP se produce después de que tanto la Sindicatura de Comptes como la Agencia Antifraude hayan puesto la lupa sobre la falta de control en el dinero gastado por la Conselleria de Sanidad en compras de material para hacer frente a la pandemia. En su último informe del 2020, la primera revisó expedientes por valor de 152 millones de euros en contratos de emergencia – sin expediente de contratación– y concluyó que había significativos incumplimientos. Así, advertía de que en ninguno de ellos se pudo verificar la adecuada ejecución, ni su recepción de conformidad, ni su liquidación sencillamente porque no constaba en esos expedientes. Es decir, que se omitieron los controles posteriores.
Por su parte, Antifraude también abrió una investigación al respecto cuyas conclusiones están pendientes de conocerse. El director de la entidad, Joan Llinares, afirmó en una comparecencia en Les Corts que entre los "errores" que se llevaron a cabo con los contratos de emergencia se encontraba la falta de fiscalización interna. "No habría podido evitar los sobrecostes, pero sí racionalizarlos o darle regularidad a su funcionamiento", señaló.