VALÈNCIA. Que entre el PP de Mariano Rajoy el de Isabel Bonig no hay una posición compartida respecto a la necesaria reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, quedó patente este jueves en el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios populares se abstuvieron en la votación de una moción de Compromís que instaba al Gobierno a la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica para dotarle de recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías. Un texto calcado de una declaración institucional aprobada por todos los partidos de Les Corts, incluido el que lidera Bonig.
Esta desconexión, no obstante, no sólo se dio entre los diputados del Partido Popular y su organización en la Comunitat Valenciana –una de las autonomías peores financiadas de todo el Estado–. Lo mismo hizo el partido que lidera Albert Rivera. Ciudadanos también se abstuvo en la votación de la moción que el grupo parlamentario de Les Corts que lidera Mari Carmen Sánchez había respaldado –eran idénticas– el pasado mes de octubre en la Cámara valenciana.
El distinto criterio para aprobar un texto en una comunidad autónoma y abstenerse en las Cortes Generales fue motivo de críticas en redes y en los pasillos del parlamento valenciano después de la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig. La también presidenta del PPCV trató de justificar el distinto posicionamiento que su formación había adoptado en Madrid. Las razones que trasladaron los diputados en el Congreso a Bonig fueron que no se había aceptado una enmienda de modificación al texto que había registrado Compromís.
El documento alternativo de los populares, no obstante, en poco o nada se parecía al original. En primer lugar, señalaba que el Congreso instaba al Gobierno central a que intentase "lograr un amplio consenso sobre el nuevo sistema de financiación". Un consenso al que en numerosas ocasiones se ha referido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para tratar de justificar el retraso de más de tres años de su Gobierno para abordar la reforma. También en las filas del PP se ha recurrido a este argumento para arremeter contra el PSOE y repartir la responsabilidad de llegar a un acuerdo, ya que los populares no suman mayoría necesaria para aprobar la reforma. De hecho, tras la última visita de Montoro a la Comunitat Valenciana, Rajoy replicó el discurso de su ministro y afirmó que el nuevo modelo no se llegaría a aprobar si no había consenso con los socialistas.
La enmienda del PP, además, contemplaba tres propuestas: "Dar un impulso definitivo a la renovación del modelo de financiación autonómica";"promover un nuevo modelo de financiación autonómica fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos, y "fomentar que el sistema de financiación sea el mecanismo a través del cual se integren los principales recursos que desde la Administración del Estado se transfieren a las CCAA para reformar la materialización de los principios que deben sustentar dicho sistema".
No obstante, que la negativa del resto de grupos a aceptar esta enmienda en el Congreso fuese el motivo para la abstención del PP no sirvió de excusa para los partidos del Botànic, que no comprendían que si el texto original presentado en la Cámara Baja y en Les Corts era el mismo y había conseguido el consenso de todos, ahora se desmarcasen.
Por su parte, fuentes de Ciudadanos en Les Corts justificaron la postura de su grupo con una propuesta que, precisamente, se defendió este jueves en el hemiciclo de la Cámara valenciana, que fue rechazada por el PP y ante la que el resto de fuerzas políticas se abstuvieron. Esta iniciativa frustrada de los naranjas instaba al Consell a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a la modificación de la ley del Concierto Económico del País Vasco y a la nueva norma del Cupo Vasco para el quinquenio 2017-2021 por "vulnerar el principio de igualdad entre todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residen y proscriben que las diferencias entre comunidades autónomas puedan suponer privilegios económicos o sociales".
En este sentido, fuentes de Ciudadanos argumentaron que si todos los partidos de Les Corts estaban de acuerdo en que el cálculo del Cupo "es perjudicial, no resuelve los problemas de financiación y beneficia a unos territorios frente a otros" no podían entender por qué no "dejaban" que el Consell "actúe". Es decir, que el Ejecutivo valenciano presente este recurso ante el TC porque esta ventaja para el País Vasco "perjudica en el reparto al resto de comunidades autónomas".
En el Congreso, el diputado Francisco de la Torre Díaz incidió también en esta ventaja que comporta el Cupo vasco en detrimento de otros territorios. "Efectivamente Valencia es el territorio con menor financiación, está en un 80% en la financiación de régimen común, y el más elevado de ellos, a igualdad de esfuerzo fiscal, que casi está en un 240%, cerca del triple, es el caso del País Vasco, y Navarra está en un 180%", señaló. "Todo esto se debe al sistema de financiación que había antes del cuponazo y del cambio en la aportación navarra, y, por ello, hay ciudadanos que por vivir en un territorio que tiene régimen foral tienen una financiación por habitante para las competencias de educación, sanidad y servicios sociales muy superior a los que viven en otro territorio; esto hay que reformarlo", añadió.
A pesar de que con este argumento demostró que estaba de acuerdo con el fondo de la moción de Compromís, de la Torre trasladó al diputado de la coalición valencianista Enric Bataller que lo que se tenía que hacer era "desbloquear los Presupuestos" para que las comunidades autónomas "que no tuvieron la suerte de ver incrementada su financiación el año pasado tengan un aumento de 4.000 millones" con las nuevas cuentas.