VALENCIA, (EFE). El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) exigirá a la dirección nacional del PP que expulse a los nueve concejales valencianos investigados por presunto blanqueo de dinero si éstos no renuncian voluntariamente a sus actas como ediles.
Así lo han confirmado fuentes de la dirección regional del partido, que esperará a que se cumpla el plazo de diez días que les ha dado a los concejales para que dejen el cargo.
Si no lo hacen, el PPCV informará a Génova de que han cometido una falta muy grave por desobediencia a la dirección regional, lo que sería, explican, motivo de expulsión.
La dirección de los 'populares' valencianos esperará a que concluya el citado plazo, entre los días 12 y 14 de abril -dependiendo de cuándo reciban los ediles la comunicación del partido pidiéndoles que cumplan con ese compromiso- para enviar al Comité Nacional de Derechos y Garantías el informe que está elaborando sobre el caso del supuesto blanqueo de dinero.
De esa forma, si los ediles siguen para entonces negándose a renunciar, en el informe jurídico que van a elaborar incluirán el hecho de que se ha cometido una falta muy grave para instar al Comité Nacional de Derechos y Garantías a que actúe en consecuencia y decrete la expulsión del partido de estas nueve personas.
En caso de que el Comité Nacional no dé ese paso -la expulsión- cuando resuelva el expediente informativo que tiene abierto a todos los implicados en este asunto, el PPCV abrirá entonces su propio expediente para acabar decretando la salida de los nueve concejales.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se comunicó uno a uno con los concejales para pedirles el compromiso de darse diez días antes de dejar el acta.
En la dirección son conscientes de que varios de ellos se resisten aún a dejar sus puestos municipales, a pesar de que en un primer momento se comprometieron a hacerlo cuando se abriera el secreto de sumario y después pidieron esperar a ser investigados -imputados- formalmente.
Los responsables del PPCV entienden, no obstante, que la situación ha llegado ya a un punto que requiere la renuncia de los concejales.
Si estos no se van voluntariamente, aunque sean expulsados del partido permanecerán como ediles en el grupo de los no adscritos, mientras que el PP pasaría a tener solo un concejal, Eusebio Monzón, el único de los diez miembros del grupo municipal popular que no está siendo investigado.
En el caso de que dejaran la concejalía los nueve investigados, correría la lista municipal del partido. Entre los nombres por entrar hay algunos asesores también ahora investigados en el caso del supuesto blanqueo, lo que preocupa en la dirección regional, aunque también hay caras nuevas que no tienen nada que ver con el asunto y que representarían la renovación que necesita el partido.
Durante todas estas semanas desde que salió a la luz el supuesto caso de blanqueo, la dirección del PPCV ha estado en contacto permanente con Génova, con la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y en mayor medida con el responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, de quien subrayan el trabajo que está haciendo en todo este proceso.
No ocultan en la dirección regional la idea de que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá debería dejar el cargo de senadora y apartarse para propiciar la renovación del partido en la ciudad, que en estos momentos dirige una gestora y recuerdan que desde la dirección nacional también ha habido gestos que invitan a Barberá a dejar la Cámara Alta.
Están a la espera en cualquier caso de que concluya el expediente informativo abierto por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, órgano que además ya ha suspendido temporalmente de militancia a todos los investigados -los nueve concejales incluidos-.
Francisco Molinero, el instructor del expediente, tiene que entrevistar en los próximos días, desde Madrid y viajando a Valencia, a las 46 personas incluidas en esta investigación interna abierta por el partido.
