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El PPCV pide seis años de cárcel para Trenzano por falsedad de documento público

Foto: MARGA FERRER
1/07/2020 - 

VALÈNCIA. El PPCV ha entregado al juzgado el escrito de acusación contra director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, quien recientemente fue procesado por un presunto delito de falsedad en documento público tras emitir un acuerdo en el que decía que se habían controlado as ayudas a las empresas de Francis Puig, hermanos del presidente de la Generalitat, un acuerdo que resultó ser falso.

Los populares solicitan para Trenzano una pena de seis años de prisión por este delito y otros tantos de inhabilitación o, subsidiariamente, una multa de 24 meses a 30 euros al día (21.600 euros), así como una inhabilitación de seis años en el caso de que finalmente fuera condenado por falsedad en documento público por imprudencia.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el PPCV explica que la querella que inicia el procedimiento se interpone a raíz de del acuerdo de 6 de abril de 2018, dictado por el acusado Rubén Trenzano, en su condición de director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Para el PP, “es en este documento donde reside la falsedad con trascendencia penal”. Mediante este acuerdo, el acusado desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por Eva Ortiz en la cual intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016, para el fomento del valenciano en medios de comunicación social, a las sociedades mercantiles Comunicació del Ports y Mas Mut Producciones.

En otras palabras, el acusado, mediante el acuerdo de 6 de abril de 2018, “ordenó no atender la solicitud de Ortiz mediante la que se instaba a la Generalitat Valenciana para que fiscalizara la concesión de subvenciones a estas empresas”, que forman parte del conglomerado empresarial liderado por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, “todo ello tras la aparición de noticias de prensa en las que se advertía de supuestas irregularidades en la concesión de dichas subvenciones”.

Y añaden que, de hecho, “la Administración de la Generalitat —a través del propio acusado—, ha reconocido posteriormente que las manifestaciones formuladas en dicho acuerdo como motivación de este constituyen una absoluta falsedad”. Y que, al contrario de lo incluido en el tenor literal de dicho acuerdo, la propia Generalitat Valenciana “ha reconocido que en el momento en que éste fue dictado, la administración no había realizado las actuaciones de control que le correspondían de acuerdo con lo establecido en las órdenes citadas el propio acuerdo”.

Para la acusación resulta evidente que, tanto las órdenes, como la ley 1/2015 obligaban a la Generalitat Valenciana a llevar a cabo una comprobación de las subvenciones concedidas en los términos establecidos en el plan de control que debía elaborar el órgano que gestionase la línea de ayudas en cuestión (que debería ser, además, aprobado por el órgano concedente con carácter previo a la ejecución de la subvención).

En el presente caso, prosigue la calificación, en el acuerdo de 6 de abril de 2018, “el acusado afirmó que la Generalitat Valenciana había realizado las actuaciones de control exigidas. Sin embargo, resulta palmario que esto no se corresponde con la realidad, dado que fue con posterioridad a dicha fecha, y a raíz de la actividad fiscalizadora emprendida por Eva Ortiz, cuando el órgano competente (en la persona de Trenzano), aprobó el plan de control de las subvenciones para el fomento del valenciano a medios de comunicación social. Dicho Plan de control fue aprobado el 16 de julio de 2018”.

Y apostillan que de todo lo expuesto se evidencia,” no sólo la existencia de las falsedades contenidas en el acuerdo de 6 de abril de 2018, sino también que el acusado conocía que el contenido de dicho acuerdo era falso”. Y que Trenzano “era plenamente consciente que reconocer que se hubieran comprobado las subvenciones de 2017 y de 2018 pero no así las de 2015 y 2016 era absolutamente injustificable” ante mi mandante y, de hacerse pública la información, también ante la opinión pública, motivo por el cual, “decidió falsear el contenido de su resolución manifestando que se habrían realizado todas las actuaciones de control, cuando esto era radicalmente falso”.

Ahora deberá ser la Fiscalía la que presente su escrito de acusación contra Rubén Trenzano, así como la defensa el escrito de defensa. Pero antes de que Trenzano se siente en el banquillo, su defensa tiene todavía dos posibilidades de recurso. La primera ante el juez de instrucción y, la segunda, ante la Audiencia Provincial.

 

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