VALÈNCIA (EP). El padre de un menor escolarizado en la Comunidad Valenciana quiere saber si los centros escolares donde se vacunará contra la covid-19 a los menores cuentan con los dispositivos y la preparación necesaria para hacer frente a eventuales reacciones alérgicas graves.
Este progenitor, que presentó el pasado lunes un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión de la Generalitat Valenciana de recabar en 24 horas la autorización de los progenitores de los menores de 12 años para que sean vacunados contra el coronavirus, aporta ahora a la Sala un informe pediátrico en el que se indica que los centros de vacunación "deben contar" con esas prevenciones sanitarias.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, este padre --abogado-- informa al TSJCV de que el informe fue emitido el pasado 9 de diciembre por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP (CAV-AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) bajo el título 'Vacunación pediátrica frente a la Covid-19 en España'.
Resalta que la Conselleria de Educación "en tan brevísimo corto plazo", no ha explicado cómo va a propiciar que en los más de 1.800 centros educativos de la Comunidad Valenciana "se pueda contar con tales dispositivos ante una eventual reacción alérgica grave".
"Lo que denota que la medida adoptada comporta un riesgo real y grave sobre la salud de los menores que
pudieran verse en una situación adversa como la descrita. Siendo necesario que dicha vacunación se produzca en un contexto y centro sanitario que cumpla tal medida de seguridad", apunta.
Este padre solicitó ya este lunes como medida cautelarísima la suspensión de la orden del Ejecutivo valenciano de recoger las autorizaciones y comenzar este miércoles a vacunar en centros escolares argumentando que va contra varias leyes, como la de Protección de Datos y la Ley del Menor.
El recurso se presentó por la vía especial del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, ya que juicio de este padre, la decisión del Ejecutivo de Ximo Puig "infringe el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida cuya tutela se postula a través del proceso".
Este mismo lunes la Generalitat remitía a los centros educativos de la Comunidad Valenciana la información y la autorización que debían firmar los progenitores y tutores legales para permitir esa vacunación que en este territorio arranca hoy.
En una carta firmada por los secretarios autonómicos de Educación y Salud Pública, Miquel Soler e Isaura Navarro, respectivamente, se señalaba a los equipos directivos de los colegios que, como consecuencia de las dosis recibidas en la Comunidad Valenciana, la primera fase de esta vacunación se realiza entre los días 15 y 22 de diciembre y en ella se vacunará a todo el alumnado que curse estudios entre 4º y 6º de Educación Primaria.
La Generalitat recalcaba que la información debía ser trasladada de "manera urgente" a las familias el mismo día 13 de diciembre, indicando que el centro deberá disponer de la documentación firmada por las familias a lo largo de la mañana del martes día 14 de diciembre.
Pero el abogado que ha decidido recurrir esta resolución de la Generalitat, Curro Nicolau, indica que de la misma se desprende que se confiere un plazo de 24 horas para que se complete un formulario "donde debe adoptarse una decisión muy importante por las familias". "Un plazo que resulta del todo improcedente y que todo el mundo ha conocido el mismo día de hoy, sin que haya posibilidad de respuesta", explica.
Lamentaba además en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que esa orden va directa a los centros educativos y a los padres y madres "sin posibilidad alguna de ser rebatida", teniendo en cuenta el mínimo plazo de 24 horas concedido. Y añadía que la vacunación se realizará en el propio centro educativo "sin presencia de los padres" --algo que posteriormente fue modificado porque la administración sí permite la presencia de una persona con el menor--.
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