Primer permiso para la Magda: el Gobierno da la autorización previa a la planta de 250 hectáreas

CASTELLÓ (EFE/P.P). Primer permiso concedido. El Gobierno ha otorgado la autorización administrativa previa para la macroplanta solar Magda, de 127,8 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación en Les Coves de Vinromà y su línea de evacuación que pasa por otros 12 municipios castellonenses.

El proyecto de planta solar, bajo el nombre de Magda, ocuparía 250 hectáreas de suelo para la implantación de placas solares que sumarían una potencia pico de hasta 128 megavatios. Además, contempla una línea de muy alta tensión de 52 kilómetros pasando por 12 municipios diferentes. La iniciativa ha recibido el rechazo de asociaciones vecinales y ecologistas pero también de todos los partidos políticos y la Generalitat Valenciana ha emitido informes desfavorables.

Con todo, la empresa promotora Akuo ha hecho públicas algunas modificaciones del mismo tras reuniones "con los residentes locales, la consulta pública, y las reuniones realizadas con las partes interesadas", como la reducción del 40% de su tamaño -quedando en las 250 hectáreas descritas- y "se va a mantener la producción ocupando menos suelo", según la directora de Akuo en España, Eugenia Cerverón, en una entrevista concedida a Castellón Plaza. Asimismo, la empresa descarta futuras expropiaciones si el proyecto se declara de interés general.

Este miércoles, se ha publicado la resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que supone uno de los pasos previos en el avance de este proyecto fotovoltaico, que ocupará terrenos principalmente de Les Coves de Vinromà y también de Cabanes y Benlloch. La infraestructura de evacuación ocupará terrenos de Vilanova d'Alcolea, la Torre d'en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, La Vall d'Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora.

En el BOE se especifica que el promotor de la instalación, una filial del grupo francés Akuo, deberá adaptarse a la declaración de impacto ambiental y que será necesario obtener autorización administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas. Asimismo tampoco se podrá otorgar la autorización administrativa de construcción -el siguiente y último paso- hasta que no se haya emitido el informe que valore las capacidades legal, técnica y económica del promotor. Un informe que, como publicó Castellón Plaza, está pendiente de que la firma aporte más documentación.

Alegaciones presentadas

La autorización detalla todas las alegaciones presentadas y resueltas previas a la concesión de la misma. Entre ellas las de los Ayuntamientos de Les Coves de Vinromà, de Vilanova d'Alcolea, de La Torre d'en Domenech, de Alcalà de Xivert, de Benlloc, de La Vall d'Alba, de Cabanes, de Vilafamés, de Sant Joan de Moró, de Borriol y de Almassora, que muestran oposición al expediente por diversos motivos, fundamentalmente de carácter ambiental y urbanístico.

En relación con las consideraciones en materia de medio ambiente, se han tenido en cuenta en el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto y las condiciones y medidas adicionales que resultan de la declaración de impacto ambiental, explica la resolución.

Ante otras expuestas, como la de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana respecto a que los sectores del parque fotovoltaico se encuentran geográficamente muy distantes entre sí, la resolución explica que la empresa se compromete a revisar la configuración técnica del proyecto.

La Generalitat recurrirá

Por su parte, la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica ha anunciado que presentará un recurso de alzada al Ministerio de Transición Ecológica tras la publicación de la autorización administrativa previa para la instalación. La consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ha indicado que la Conselleria presentará un recurso ante la misma ya que no se ha tenido en cuenta el informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental.

Navarro ha asegurado que "defenderemos hasta el último día un uso racional del territorio" y una explotación que "respete nuestra soberanía alimentaria y el arraigo de la gente en el mundo rural". Por eso, ha indicado, "estamos preparando toda la documentación necesaria para interponer un recurso contra este ataque a nuestro territorio y a nuestra manera de vivir y de entender nuestro patrimonio cultural, alimentario y el futuro del mundo rural".