Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EPVALÈNCIA (EFE/Laura Ramos). Los mayores expertos en vivienda del país han empezado a comparecer en el Congreso para ofrecer soluciones ante un problema que ya es la tercera preocupación de los españoles. Sus recetas van desde la gestión pública directa de un parque que tardaría 40 años en construirse hasta reducir la política social orientada al alquiler.
El arquitecto y urbanista Gerardo Roger y el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili, han abierto esta semana esa ronda de comparecencias, coincidiendo con el debate monográfico que protagonizó en la cámara la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Entre sus pocas coincidencias: la necesidad de un pacto por la vivienda y el convencimiento de que el control de precios de alquiler hace que bajen un poco al principio, pero luego no evita que se vuelvan a disparar.
"Topar los precios lo más que puede hacer es que bajen un poco, de 1.000 euros a 900, pero lo que necesitamos es que bajen a 300 euros y eso no lo consiguen los topes", planteó Gerardo Roger.
Para este especialista, la solución estructural vendría dentro de dos generaciones y no es otra que la "promoción y gestión pública directa" de 2 millones de viviendas.
Se trataría de construir anualmente 50.000 viviendas (25.000 el Estado y 25.000 las comunidades autónomas) durante cuarenta años, algo posible teniendo en cuenta que en la actualidad se hacen al año entre 80.000 y 100.000, según datos del Banco de España.
Y como -según dijo- la mejor política de vivienda es una buena política de suelo, Roger ve en los suelos dotacionales (aquellos que se destinan a usos o servicios públicos, como calles, parques, colegios, centros sanitarios, instalaciones deportivas, centros culturales y edificios administrativos) el "gran nicho" sin explotar para levantar esas casas.
"Suelos dotacionales hay por un tubo y de actuación inmediata", aseguró este experto, que en los 80 dirigió el urbanismo de Almería, en los 90 el de la Comunidad Valenciana y que ha redactado numerosos planes proyectos y leyes urbanísticas.
Roger apuntó también que los 5.000 millones anuales de inversión que supondría ese gran parque de viviendas sociales (2.500 millones el Estado y 150 millones cada comunidad autónoma) retornarían a la administración en treinta o cuarenta años, a través de los alquileres de entre 300 y 600 euros al mes que pagarían los arrendatarios.
Esos inquilinos serían fundamentalmente "mileuristas", incluso "dosmileuristas", que con sus salarios no pueden acceder a un vivienda en el mercado libre y tampoco en el de "colaboración público-privada", donde las rentas van de 900 a 1.100 euros al mes.
A su juicio, este modelo, por el cual los poderes púbicos ceden suelo gratis a los promotores privados que construyen y explotan las viviendas durante varias décadas hasta que vuelven a la administración, "resuelve el problema de la clase media", pero no el de los que ganan menos de 3.000 euros, atendiendo a la norma de no destinar más del 30 % de los ingresos al pago de una casa.
"Los mileuristas no llegan ahí. Eso solo se resuelve con gestión pública directa, creando sociedades públicas de promoción en el Estado y las comunidades autónomas. No queda más remedio que hacer esto para que los mileuristas no se vayan a la puñeta", alertó este especialista a los diputados de la Comisión de Vivienda.
Los parlamentarios recibieron además la reprimenda del catedrático Sergio Nasarre, el segundo experto en comparecer, que explicó las conclusiones de trabajos de investigación realizados en los últimos treinta años e intentó demostrar que la actual situación es fruto de la crisis financiera mundial de 2007, "cuando empezó todo", más una política "errática" a todos los niveles durante los últimos diecisiete años.
"Desde el punto de vista académico no se entiende nada de lo que han hecho ustedes los últimos diecisiete años, en Bruselas, en esta casa y en los parlamentos autonómicos. Cada vez que hacen una norma encarecen el precio de la vivienda", reprochó a los legisladores.
Su tesis es que las leyes de los últimos diecisiete años han ido excluyendo a las familias de clase media y baja del acceso a la vivienda en propiedad.
"¿De verdad queremos que cada vez la propiedad privada se concentre más en los fondos de inversión que en las familias? ¿De verdad que queremos una sociedad de ricos propietarios y pobres inquilinos", planteó este experto.
Entre sus propuestas, además de derogar la ley de vivienda, destaca la "diversificación de las formas de tenencia" de una casa, "desde la más humilde y subvencionada hasta la privada cien por cien".
Se trataría de fomentar las dos nuevas vías para ser propietario sin sobreendeudarse que ya existen en Cataluña desde 2015, pero que no se usan: la "propiedad compartida" y la "propiedad temporal", como alternativa a la compra y el alquiler.
Su listado de recetas incluye revisar los recargos, sanciones, expropiaciones y demás medidas "intrusivas" de comunidades y ayuntamientos y tomarse "en serio" el capítulo 6 del plan del Gobierno "España 2050" sobre desarrollo territorial.
Y en su guía, también una advertencia: "regular los alquileres turísticos y de temporada solo conseguirá que haya más mercado negro".
