Begoña Mollá. Foto: Ilustre Colegio de Procuradores de ValenciaVALÈNCIA (VP). "Llevamos desde el 24 de enero encadenando huelgas. Primero fueron los LAJ, y ahora los funcionarios de Justicia. Reconocemos el legítimo derecho de nuestros compañeros, pero casi cinco meses de huelgas han llevado a la justicia a sufrir un atasco monumental que imposibilita una tutela judicial efectiva", lamenta Begoña Mollá, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia.
Las consecuencias de esta huelga son numerosas: juicios suspendidos, escritos sin proveer, partidos judiciales aún más atascados, demandas sin repartir y, por lo tanto, sin incoar, y juzgados en los que no se atiende a los profesionales o al justiciable amparándose en el derecho de huelga. En definitiva, procedimientos paralizados.
Las consecuencias económicas de la huelga las sufren los justiciables, que no pueden, entre otras muchas cosas, “cobrar pensiones de alimentos o compensatorias que no se están entregando, y que son imprescindibles de forma inmediata para sobrevivir”, alerta Mollá. Pero también los procuradores: “La mayoría de los despachos, el 90%, somos unipersonales y no grandes despachos. Si los procesos se paralizan, nosotros no podemos cobrar aunque sigamos notificando para no perjudicar al justiciable. Hay compañeros que lo están pasando muy mal”, explica la decana del ICPV.
Este colegio denuncia que se suspenden de miles de juicios cada día en España, cuyo número total, según cálculos de los sindicatos, se acerca a los 500.000 solo en las últimas tres semanas. “Hemos de llamar a los juzgados cada día para preguntar si se va a celebrar el juicio al que estamos convocados, porque los funcionarios lo deciden sobre la marcha. En muchas ocasiones, las partes se desplazan a Valencia desde otras localidades u otras provincias y cuando llegan les han suspendido la vista”, denuncia la decana, que narra cómo juicios que llevan un año o dos de retraso se señalan para el año que viene. “Además, llueve sobre mojado, porque venimos de una pandemia que ya generó un atasco judicial importante”.
Los operadores judiciales están muy cansados y esta situación está empezando a crear mal ambiente en los juzgados. “Todo el mundo está muy crispado, y en algunos casos las contestaciones no son las más adecuadas. Esto genera conflictos con los funcionarios, algo que antes no era así. La realidad es que siempre ha habido cordialidad entre funcionarios, fiscales, jueces, abogados y procuradores, y ahora, a causa de tanta huelga, se respira muy mal ambiente”, deplora Begoña Mollá.
Tras tantos meses de huelga, los procuradores se sienten el patito feo de la justicia, porque además, este colectivo no tiene los mismos derechos que los funcionarios de justicia, y tienen motivos de sobra para quejarse por la congelación desde hace 20 años de los aranceles que cobran: “Ni los procuradores ni los abogados tenemos derecho a huelga. En concreto, los procuradores no podemos parar los procedimientos nunca, porque los plazos judiciales hay que cumplirlos so pena de perjudicar al justiciable de manera irreversible. Yo he tenido un cáncer de mama y he estado en un hospital de día con un gotero de quimioterapia, y he seguido notificando porque no me han paralizado los plazos. Es más, tenemos compañeros que han enterrado a su hijo —ya no un padre, una madre o un tío— que han estado notificando en el tanatorio. Eso es muy duro”.
Según recordó Mollá, los procuradores han soportado estas dificultades de forma estoica y pacífica mostrando respeto hacia todos. “No obstante, llega un momento en el que es necesario alzar la voz y decir: basta de suspensiones de juicios, basta de falta de impulso en los procedimientos, basta de maltratar a los profesionales y al justiciable. Basta de huelgas".
Aunque reconoce la legitimidad de las huelgas, la decana reivindica que éstas “se lleven a cabo sin menoscabar los derechos de los ciudadanos y sin perjudicar el trabajo de los profesionales”. Mollá insta a todos los operadores “a cesar esta situación y retomar el diálogo”. Además, propone establecer un Pacto de Estado por la estabilidad de la justicia.
En apoyo a esta postura, el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia respalda la petición de la Conselleria de Justicia de convocar la mesa sectorial para abordar los efectos de las distintas huelgas y tomar las medidas necesarias para mitigar dichos efectos.
