VALÈNCIA. La Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Feprova, se ha reunido en un webinar en el que han participado cerca de 70 asociados para analizar el Decreto de Reglamento de la Vivienda de Protección Pública y se encuentra en aún en exposición pública y periodo de alegaciones hasta el próximo 25 de septiembre
Desde la Federación se valora el decreto de forma positiva, ya que permitirá generar una mayor oferta de vivienda pública y facilitar el acceso entre los sectores con mayores dificultades, jóvenes y familias monoparentales. Entre el sector, existe el convencimiento de que estas medidas recogidas en el futuro decreto hará factible crear entre 1.500 y 1.600 vivienda a corto y medio plazo en la Comunidad Valenciana, que empezarían a construirse de cara a final de año y principios del próximo.
El sector, aunque entiende que escapa de la capacidad normativa que corresponde del Decreto, considera que sería interesante tomar medidas complementarias en materia fiscal, con un IVA reducido para la adquisición de la vivienda pública para colectivos con más dificultades y menos recursos. Los promotores cifran en un tercio la repercusión del precio final de cada vivienda como consecuencia de la presión fiscal que sufre esta actividad, y una rebaja de la carga impositiva redundaría en positivo en la rebaja del coste para los colectivos con mayores dificultades.
Los representantes del sector entienden que ahora que este decreto se encuentra a punto de ser aprobado, sería el momento oportuno de impulsar otras medidas que permitan disminuir los largos procesos de tramitación de las licencias de obra. Asimismo, solicitan potenciar las medidas propuestas en materia de financiación a los colectivos de jóvenes a través del IVF de hasta el 95%, tal y como ha propuesto el Consell. Estas medidas, además de la simplificación de la tramitación de licencia, son esenciales para favorecer una contención de los precios y lograr viviendas más asequibles.
Los promotores inmobiliarios consideran que la aprobación de este Decreto puede ser la primera medida de acceso real a la vivienda pública de la última década, además de que valoran que el problema del acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables esté en la agenda política.
Los promotores de la Comunidad Valenciana consideran que en este momento, todos los esfuerzos deben sumarse al ejercicio de ver construida las 10.000 viviendas previstas en el próximo horizonte temporal, viviendas públicas que cubrirán una necesidad vital para muchos colectivos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana.