VALÈNCIA. El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) ha organizado esta semana, en colaboración con Cuatrecasas el webinar ‘Protección del patrimonio familiar en tiempos de pandemia’. El evento contó con la asistencia de 60 participantes y fue inaugurado por el presidente de IVEFA, Francisco Vallejo, quien hizo hincapié en la necesidad de abordar esta temática en la actual situación del Covid-19.
Por parte de Cuatrecasas intervinieron Mª José Guillén, socia de Cuatrecasas; Pedro Antonio Gil, socio de Cuatrecasas; y Christian Gomis, asociado de Cuatrecasas.
Durante el webinar, Mª José Guillén se centró en los aspectos esenciales a tener en cuenta en la red de contratos, en particular, los derechos del arrendador y posibles pactos sobre rentas de alquiler, y en la gestión de los órganos sociales como mecanismos para paliar los efectos de la crisis del Covid-19.
A la vista de que muchas obligaciones contractuales se están viendo afectadas por la crisis del Covid-19, bien porque no pueden cumplirse (temporal o definitivamente), bien porque sólo pueden cumplirse bajo condiciones muy onerosas para el deudor, María José Guillén planteó la conveniencia de llevar a cabo un análisis interno de las obligaciones contractuales pendientes de ejecución, la necesidad de comunicar a la contraparte las dificultades de cumplimiento y, a falta de pacto, el beneficio de iniciar una negociación de buena fe con el objetivo de redistribuir los riesgos. La resolución del contrato sólo sería una opción si la renegociación no es posible o si resulta extraordinariamente onerosa o costosa para una de las partes. Paralelamente, destacó la necesidad de revisar las pólizas de seguro contratadas y recopilar medios de prueba que evidencien las circunstancias impeditivas del cumplimiento, así como de las medidas puestas en marcha para mitigar potenciales daños.
En materia de posibles pactos sobre rentas de alquiler de local de negocio, la recomendación fue la búsqueda de mecanismos de ajustes desde la buena fe y con actitud conciliadora, teniendo en cuenta los costes fijos del arrendador. En opinión de María José Guillén, la moratoria impuesta por el Real Decreto 15/2020 se presenta como un punto de partida, pero no impide la negociación de otras fórmulas más equitativas.
Por último, María José Guillén recordó que, si bien los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma, ello no impide que dicho ejercicio pueda considerarse abusivo por ej. en el caso de no distribución de dividendo mínimo, cuando dicho reparto conlleve la insolvencia de la sociedad.
Por su parte, Pedro Gil, se centró en Protocolos de familia, pactos de liquidez: aspectos contractuales y fiscales:
La progresiva complejidad de la empresa suele dar lugar a la mezcla de activos empresariales, inmobiliarios y financieros que merece la pena revisar para proteger en una crisis como ésta. Además, esta revisión de la estructura empresarial debe adaptarse también a la estructura accionarial de la empresa familiar.
Los elementos a tener en cuenta en cualquier reorganización de la estructura empresarial que deba hacerse debido a la situación de crisis actual deberían ser los siguientes: fiscalidad (particularmente, teniendo en cuenta cómo pueden repartirse dividendos dentro del grupo, y el peligro de que cambie en el futuro próximo la actual exención de dividendos), cómo se van a financiar las actividades del grupo y las garantías cruzadas entre empresas; si la estructura resultante será adecuada para poder después distribuir activos, ramas de actividad o inmuebles a los socios; y, por último, si merece la pena hacer un replanteamiento de la diversificación de nuevas actividades a través de un family office.
Otro de los puntos que destacó fue que el Covid-19 nos obliga a revisar los siguientes Pactos familiares para proteger la caja, si es que tales pactos familiares ya están adoptados por la empresa familiar: (i) qué mayorías y bloqueos son necesarios para acceder al endeudamiento y para otorgar garantías cruzadas en la empresa familiar; (ii) el dividendo mínimo de reparto obligatorio; (iii) la posibilidad de hacer uso de un “bolsín” familiar que dote de liquidez al socio a cambio de la venta de parte de sus acciones; (iv) la retribución de los administradores durante el tiempo que dure la crisis; (v) misión, visión y valores de la empresa familiar para adaptarlos al actual entorno más proclive al cuidado de la salud y medio ambiente, y el coste de tal adaptación; y (vi) cómo gestionar de forma fiscalmente eficiente las donaciones y el mecenazgo que podamos hacer en período de crisis.
Christian Gomis expuso los Aspectos legales ante el cierre o merma de actividad, así como los potenciales acuerdos de reestructuración de la deuda.
En este sentido, expuso la importancia de que las empresas se adelanten a las crisis de liquidez y solvencia propias, pero también de sus clientes, de tal forma que una crisis financiera de éstos no acabe repercutiendo negativamente a la empresa familiar.
Este adelanto a los problemas financieros requiere de llegar a acuerdos valientes y duraderos con acreedores financieros que no se conviertan en meros parches para ir salvando unos pocos meses, como ocurrió en la crisis de 2009. En el supuesto de que tales acuerdos financieros no sean posibles de forma inmediata, tampoco las empresas familiares deben tener miedo de activar los recursos que pone a su disposición la Ley Concursal: acuerdos de refinanciación y el concurso. Estos mecanismos concursales son muchas veces un mecanismo útil y muy eficaz para seguir dotando a la empresa familiar de actividad empresarial.
