Félix Bolaños interviene en rueda de prensa tras registrar la ley de amnistía. Foto: GUSTAVO VALIENTE/EPVALÈNCIA (EP). El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso lo que denomina "Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde l de enero de 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista de 2014 como el proceso del referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores iniciadas a raíz de las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Pero la iniciativa la ha registrado el PSOE en solitario, sin la firma de Sumar ni de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y Bildu, ni de los nacionalistas del PNV y del BNG, que era lo que se pretendía. Obtener el visto bueno de todos estos grupos fue retrasando hasta última hora el registro del texto y finalmente el PSOE optó por ir en solitario. En el índice de textos registrados este lunes por la tarde en el Congreso figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones.
Algunos de los socios del PSOE han confirmado a Europa Press que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto, que no les llegó hasta el mediodía del lunes. Otros, como el PNV, aseguran que no suscribieron el texto porque "las partes negociadoras no lo han requerido".
Desde Sumar apuntan que el objetivo es que la firmaran todos los grupos y como finalmente no ha podido ser, ellos han preferido no firmar con el PSOE. Eso sí, subrayan que lo relevante no es quién firma el texto, sino su aprobación.
En rueda de prensa en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha declinado comentar los motivos por los que finalmente el PSOE ha presentado la iniciativa en solitario: "Respecto a las posiciones de otros grupos parlamentarios les corresponde a ellos responder los motivos por los cuales toman decisiones en un sentido o en otro", se ha limitado a decir.
En todo caso, ha remarcado que todo este proceso se ha hecho negociando con los socios de investidura y no tiene dudas de que finalmente la ley se aprobará en el Congreso con 178 votos, dos por encima de la mayoría absoluta; es decir, todos los socios de investidura salvo CC.
"Esta ley se ha registrado después de haber trabajado con todos los grupos y estamos en disposición de decir que hemos conseguido una amplia mayoría parlamentaria --ha explicado--. La registra el PSOE pero tenemos un amplio consenso y va a contar con 178 votos, se lo digo con conocimiento de causa".
Al ser una proposición de ley de grupos parlamentarios, el texto registrado no lleva informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado que serían obligatorios para el Gobierno si se hubiera presentada como proyecto de ley del Ejecutivo.
En este sentido, el PSOE ha solicitado que la proposición de ley destinada a amnistiar a los encausados en el proceso independentista catalán desde 2012 se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos a la mitad. Ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de un mes.
De hecho, Bolaños ha mostrado su deseo de que la amnistía sea una realidad "en las próximas semanas", pero ha evitado anticipar una fecha para su aprobación definitiva. En este contexto, se ha limitado a explicitar que la intención de los socialistas es que se pueda "aprobar a la mayor brevedad posible" tanto en el Congreso como en el Senado y que todas las fuerzas políticas que están a favor de la amnistía puedan trabajar "combinando esa urgencia con rigor en el trabajo parlamentario".
Tras su registro, el texto deberá recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso, lo que se conoce como calificación, un trámite que, en principio tendrá lugar el martes de la próxima semana.
Foto: E. PARRA/EP La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha explicado que esta proposición de ley orgánica seguirá el "curso normal" de todas las iniciativas parlamentarias, lo que implica que, aunque se haya registrado este lunes la Mesa del Congreso no la calificará en su reunión de este martes, sino que la previsión es que lo haga el próximo día 21 de noviembre.
En todo caso, el PSOE y Sumar cuentan con mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara para dar vía libre a un texto que previsiblemente será estudiado previamente por los servicios jurídicos de la Cámara que pueden emitir informe al respecto.
Así lo hicieron los letrados en 2021 cuando se mostraron en contra de la calificación de la ley de amnistía registrada entonces por ERC al considerarla inconstitucional. En aquel momento el PSOE apoyó el criterio de los servicios jurídicos, pese a que sus informes no son vinculantes.
Al haberse optado por una proposición de ley y no por un proyecto de ley de Gobierno, en este caso no será obligatorio que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitan informes sobre su contenido, si bien es previsible que tanto el PP como Vox intenten que la Mesa del Congreso los reclamen.
La decisión sobre la tramitación urgente corresponde también a la Mesa del Congreso, por lo que se da por hecho que los plazos que se fijen para la iniciativa se reducirán a la mitad.
Una vez que el órgano de gobierno la califique, la ley será
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se remitirá al Gobierno para que dé su conformidad para la tramitación. El Ejecutivo tiene la facultad de vetar la tramitación de proposiciones de ley si considera que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos.
Para dar su conformidad, el Gobierno cuenta con un mes para pronunciarse, pero lo previsible es que no lo agote y dé su plácet con celeridad. En la proposición de ley que acabó con el delito de sedición tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno.
Salvado este trámite, la Junta de Portavoces podrá poner fecha al debate de toma en consideración en el Pleno y, cuando la Cámara dé vía libre, la Mesa tendrá que abrir un primer plazo para la presentación de enmiendas al texto.
Una vez tomada en consideración la ley, las enmiendas de totalidad deberán ir acompañadas de un texto alternativo. Esta es la opción que previsiblemente utilizarán el PP y Vox para dejar constancia de su oposición frontal al texto.
Además de la vía de urgencia, el PSOE podría pedir que la proposición de ley se tramite en lectura única, lo que implica desarrollar en el Pleno todas las fases sin pasar por ponencia ni comisión. Eso sí, esta tramitación exprés debe ser aprobada por el Pleno, donde el PSOE y sus socios también cuentan con mayoría para sacarla adelante.
Esa tramitación exprés podría permitir aprobar el texto en el Congreso en tres semanas y llegar al Día de la Constitución con todo hecho, a la espera del Senado.
El PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, ya ha impulsado una reforma reglamentaria para intentar dilatar la tramitación en sus dependencias, aunque la Constitución, en su artículo 90, establece un tope de dos meses desde su recepción en el Senado hasta su dictamen, o bien 20 días si son proyectos urgentes declarados como tales por el Congreso.
Los 'populares' y Vox tienen dos opciones en el Senado: vetar la tramitación de la iniciativa --lo que obligaría al Congreso a levantar ese veto con mayoría absoluta-- o tramitarla e introducir modificaciones, unos cambios que después tendría que deshacer el Congreso.
Esta última opción retrasaría la aprobación de la ley de amnistía, el Congreso requeriría mayoría simple para refrendar o borrar las nuevas enmiendas del Senado, pero al final siempre necesitaría mayoría absoluta para su aprobación definitiva al tratarse de una ley orgánica.
Foto: JESÚS HELLÍN/EPEn el peor de los casos, desde los grupos que conforman el Gobierno calculan que la ley, tras su paso por el Senado, el paréntesis de enero (periodo no hábil) y la aprobación definitiva por el Congreso, podría estar en vigor en marzo.
La proposición conocida este lunes para amnistiar al independentismo catalán --desde el 9-N al 1-O-- trata de blindar la futura ley frente a las acciones que jueces y tribunales puedan emprender para paralizar temporalmente su aplicación a los casos concretos que tienen entre manos, al eliminar los "efectos suspensivos" de los recursos que puedan presentarse contra la misma.
Hasta ahora, se vislumbraban dos vías con las que jueces y tribunales podían impedir, al menos temporalmente, que la ley de amnistía se aplicara a los casos que llevan y se ven afectados por la misma: la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La vía nacional desemboca irremediablemente en el TC, ya que es la puerta a la que deben llamar tanto jueces y tribunales como políticos para tumbar la medida de gracia bajo el argumento de que no cabe en la Constitución.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que esta es la opción preferente del Tribunal Supremo (TS), donde se juzgó y condenó a 12 líderes del 'procés', entre ellos el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, y donde sigue abierta la causa contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus ex consejeros fugados por el 1-O.
