VALÈNCIA (EP). La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha informado de que el Síndic de Greuges ha dado la razón a su formación sobre sus denuncias ante la reducción del número de comisiones y los cambios en su funcionamiento que afectaban negativamente a la oposición.
El PSPV-PSOE presentó esas denuncias al constituirse el nuevo equipo de gobierno municipal, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá, al haberse reducido tanto el número de comisiones como de concejales de la oposición con representación y capacidad de presentar mociones y preguntas en cada una de ellas.
“Esta resolución es un varapalo al caciquismo y la incompetencia de María José Catalá”, ha asegurado Gómez, quien ha señalado: “Su gestión autoritaria y esta vulneración de derechos podría ser considerada prevaricación y este mandato se le puede hacer muy largo, porque no vamos a descartar ninguna vía para que cumpla la ley”.
Gómez, según fuentes socialistas, ha anunciado que presentarán una moción “ante la gravedad de la resolución que tumba la organización del gobierno de Catalá desde su constitución y que pone en tela de juicio el resto de decisiones adoptadas, como asignar exclusivas a Vox antes de entrar al gobierno o la propia composición de los consejos de administración”.
La moción de urgencia que presentarán al pleno pide que se cumpla la resolución que insta a Catalá a cambiar el reglamento que reduce la capacidad de fiscalización de la oposición.
Gómez se ha pronunciado así en la rueda de prensa convocada junto al concejal Borja Sanjuán para dar a conocer esta resolución, en la que el Síndic "destaca que el resultado de esta reducción es 'obvio' ya que 'es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales'".
Los socialistas explicaron en su escrito de denuncia que la reducción "impuesta" por Catalá “atenta contra el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos municipales”.
En esta cuestión, el Síndic les ha dado la razón al advertir de que “no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”.
“Catalá debería empezar a rectificar su actitud caciquil con la que se cree que en València puede comportarse como en Torrent -ciudad de la que fue alcaldesa- y asumir que tiene que dejar de impedir la labor de la oposición si es que no tiene nada que ocultar”, ha advertido.
Por su parte, Borja Sanjuán ha expuesto que el siguiente paso será elevar este incumplimiento al Consell Jurídic Consultiu, en caso de que María José Catalá no rectifique.
“En caso de que el CJC se pronunciara y tampoco rectificara, podríamos estar ante un caso de prevaricación y entonces seguiríamos la vía judicial”, ha advertido el edil, quien ha remarcado: “Estamos ante un caso de nulidad de derechos y eso es un proceso reforzado por la Constitución que vela especialmente por los derechos y libertades para construir nuestro sistema democrático y de participación política”.
Ha resaltado que una de las conclusiones del Síndic es que “todas las decisiones que se han adoptado en este Ayuntamiento desde su constitución vulneran los derechos de representación".
“Ella sabía lo que hacía perfectamente –ha continuado-, tal y como el Síndic recuerda la cantidad de veces que se había quejado estando en la oposición de que no se respetaban sus derechos”.
Sanjuán ha resaltado que en la resolución, el Síndic responde a Catalá que “ha aprobado una resolución mucho más gravosa de la que se quejaba y está incurriendo en una actitud incoherente que contradice argumentos jurídicos que ella misma aportaba”.