Así lo anuncia la vicepresidenta segunda de Les Corts y exconsellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, tras reunirse con representantes del Front Abolicionista y trasladarles la intención del primer grupo de la oposición de "seguir dando pasos para acabar con la prostitución, que también es una manifestación de la mayor lacra que sufre esta sociedad que es la violencia de género".
"La pasada legislatura, los socialistas ya iniciamos el camino para convertir a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía que sancione al prostituidor, al proxeneta así como los dueños de los establecimientos donde se explotan a mujeres", subraya Bravo en un comunicado.
Tras insistir en "la necesidad de poner el foco en el putero, pero también en la víctima prostituida", defiende que "en ningún caso se puede considerar la prostitución como una actividad laboral, puesto que no hay contrato ni libertad ni consentimiento".
A su juicio, las modificaciones que propone el PSPV abrirán el camino para erradicar la prostitución en la Comunitat Valenciana y poner en marcha un plan de acción integral para la protección y asistencia a las víctimas de prostitución.
Según su propuesta, con este plan se les podrán garantizar recursos económicos, habitacionales y formativos para acceder a un empleo de calidad, así como asistencia sanitaria y psicológica. Un plan, explica, que estaría nutrido por la recaudación que se obtenga de las sanciones, que irían desde 600 hasta 30.000 euros según sean graves o muy graves.
La vicepresidenta segunda de Les Corts insta a los grupos parlamentarios a apoyar ambas modificaciones, al considerar que van en la línea de los estándares europeos y que se trata de la defensa de los derechos humanos: "Confío en que haya un amplio consenso para luchar contra esta manifestación de la violencia de género".