VALÈNCIA (EP). El PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha anunciado este martes que presentará una moción en el próximo pleno del consistorio para que la ciudad sea declarada zona tensionada por los alquileres.
El grupo municipal socialista, que ha dado a conocer esta iniciativa a través de un comunicado, ha indicado que su objetivo es que la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá (PP), "pida a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada, en aplicación de la Ley de Suelo".
"No queremos que llegue tarde" esa declaración, "como le ha sucedido con la moratoria de apartamentos turísticos", ha señalado el edil del PSPV-PSOE Borja Sanjuán. Asimismo, ha considerado que esa moratoria "no basta para frenar a los especuladores inmobiliarios que echan a las familias de sus casas".
Sanjuán ha rechazado las "maniobras de acoso inmobiliario" que se producen por parte de "fondos buitre" y ha lamentado que haya familias que "están siendo desahuciadas" por estos. "Es el ejemplo de que la moratoria no basta para frenar estas acciones de abuso", ha insistido.
El representante del grupo socialista ha asegurado que "València tiene que declararse ya como zona tensionada para evitar que fondos especuladores como estos crean que es rentable echar a familias para después reponerlas por alquileres que son absolutamente impagables".
"No basta con decir que hasta 2025 no se van a conceder nuevas licencias cuando en un solo año Catalá ha conseguido que haya más apartamentos turísticos que viviendas en alquiler", ha agregado Borja Sanjuán.
El concejal ha afirmado que el actual ejecutivo local, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá, "tiene que ponerle freno para siempre al acoso inmobiliario y a la turistificación que está sufriendo la ciudad de Valencia". "No puede ser que Catalá vuelva a llegar tarde, como le ha sucedido con la moratoria", ha planteado, al tiempo que ha instado a reclamar "la declaración de zona tensionada".
Borja Sanjuán ha manifestado que la primera edil debe "abandonar su sectarismo para buscar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, la principal preocupación de los vecinos y vecinas".
Desde el ejecutivo municipal, en respuesta a la iniciativa del PSPV-PSOE para que se declare València como zona tensionada, han aludido a los dos gobiernos progresistas que durante los dos mandatos anteriores estuvieron al frente de la ciudad. Así, han apuntado que "los gobiernos de la izquierda en los últimos ocho años no hicieron nada para frenar el incremento de precios y la falta de viviendas de protección pública".
"Tampoco hicieron nada para frenar el incremento de viviendas turísticas", han añadido por parte del actual ejecutivo. A su vez, han expuesto que "después de estos ocho años de parálisis, ha sido el actual gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá el que ha aprobado una moratoria de autorizaciones de apartamentos --turísticos-- y ha impulsado un ambicioso plan para la construcción de viviendas pública y de alquiler asequible".
El equipo que lidera Catalá ha apuntado que "en la actualidad, el Ayuntamiento está gestionado la construcción de 846 Viviendas de Protección Pública (VPP) y alquiler asequible". Asimismo, ha señalado que este ejecutivo "ha impulsado un plan de inspecciones de apartamentos ilegales" y ha detallado que "en los primeros cuatro meses del año se pusieron cerca de 200 denuncias, mientras que en todo el año 2022 no llegaron a las 80".
El gobierno municipal ha añadido que considera "prioritario desbloquear sectores como el del Grao (2.500 viviendas), Benimaclet (2.300 viviendas) y Campanar para impulsar la construcción de VPP frente a las medidas intervencionistas y poco eficaces, como se está demostrando en otra gran ciudad, para frenar el precio de mercado".
Igualmente, el equipo de María José Catalá ha resaltado que esta "ha reclamado desde la Federación Española de Municipios y Provincias que el Gobierno central impulse un marco legal común sobre apartamentos turísticos que enmarque unas normas de seguridad y garantía para esta actividad económica, ya que la ley estatal de vivienda no regula los apartamentos turísticos".