VALÈNCIA. El pasado 6 de diciembre Les Corts aprobaron una enmienda a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018 para que en este ejercicio se implantara un impuesto sobre la incineración y los vertidos en vertederos industriales. Un nuevo tributo que afectaba principalmente a la industria cementera y azulejera; y para el que apenas 20 días después, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció, tras visitar a Ascer, que se estudiarían bonificaciones para que no afectara a la competitividad de las empresas.
El aviso generó sorpresa y malestar a partes iguales en la formación morada: en el texto aprobado no se contemplaban bonificaciones de ningún tipo. De hecho, la enmienda original –que fue una propuesta de Podemos- se vio suavizada en el trámite parlamentario, ya que inicialmente recogía que el gravamen también afectara a los vertidos en vertederos municipales. Sin embargo, en la negociación en comisión de los morados con sus socios parlamentarios del Botànic, se eliminó esta parte del texto y se dejó únicamente para los industriales. Se trataba de una condición sine qua non para que la propuesta saliera adelante.
Con el presupuesto de la Generalitat de este ejercicio aprobado ya, los morados volvieron del descanso navideño con la intención de pedir explicaciones sobre esta pretensión. Antes siquiera de llegar a un pleno de Les Corts para plantear la pregunta –según el calendario parlamentario, Puig no comparecerá en una sesión de control hasta el próximo 8 de febrero– Podemos ya encontró una respuesta por parte de PSPV y Compromís.
Tras la Junta de Síndics celebrada este martes, Estañ afirmó que con este tipo de anuncios el PSOE parecía estar plegado a defender los intereses empresariales y no los de los ciudadanos. "Hay que optar por beneficiar a los intereses mayoritarios y no particulares. Nos gustaría que el Consell estuviera al lado de los intereses de la mayoría y no de la gran empresa que ha encontrado en el PSPV un aliado", acusó. La respuesta no solo del PSPV, sino también la de su socio en el Gobierno, Compromís, no se hizo esperar.
El síndic de los valencianistas, Fran Ferri, advirtió que en las críticas que Podemos "utiliza para diferenciarse de los partidos que conforman el Consell", la formación morada "debería" tener en cuenta que cuando se está "en la administración hay matices que atender también".
"En el tema de los residuos, hay unos matices que no contemplamos cuando hicimos la enmienda a la ley de acompañamiento a la ley de presupuestos, ya que que suponen un problema para el sector azulejero", reconoció Ferri. "Al final no estas bonificando, no estás premiando que sean más ecológicos. Supondría un sobrecoste que nadie ha estudiado y ahí hubo un problema y ahí es donde debemos mirar los matices. No es una cuestión de interés empresarial, sino de interés general para que este sector no deje de ser competitivo", subrayó Ferri.
A esta defensa realizada por el portavoz y de la que se desliza una posible revisión de la ley aprobada en diciembre, Ferri se mostraba comprensivo con Podemos para suavizar el enfrentamiento. "Han empezado su último año de legislatura pegando fuerte", afirmó, calificando las declaraciones del partido que lidera Estañ "totalmente legítimas dentro del juego político".
Más duro fue en sus declaraciones el portavoz socialista, Manolo Mata, que aseguró que Podemos "quería forzar la máquina" con la tasa de residuos e incineración. "Cuando él -Antonio Estañ- habla, habla de unas personas, y los demás lo hacen de otras", esgrimió para defenderse ante la acusación del líder de Podemos de que los del puño y la rosa velan por los intereses empresariales.
"Lo que no podemos es cargar de impuestos como ellos pretendían a ciertas infraestructuras que después lo repercutían directamente en los ciudadanos", censuró Mata. Para argumentar su defensa, alegó que no se podían poner "piedras en el camino" a un sector como el azulejero "porque está generando puestos de trabajo y exportando".
A pesar de estos hándicaps que PSPV y Compromís hallan en este tributo que ambos secundaron en su momento, conviene señalar la dificultad que tendrían si quisieran introducir bonificaciones. Para ello, deberían modificar una ley y, para verla aprobada, tendrían que contar con mayoría en la Cámara valenciana.