Salvador Arenere, consejero de Intu Eurofund, firma promotora de Puerto Mediterráneo. Foto: EVA MÁÑEZ VALENCIA. Puerto Mediterráneo ultima el recurso que, salvo sorpresa, llevará a los tribunales la decisión del Consell de Ximo Puig de tumbar el macrocentro comercial y de ocio proyectado en Paterna, que fue rechazado por la Conselleria de Vivienda y Obra Pública (PSPV) tras recibir una memoria ambiental negativa de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente (Compromís). Así lo trasladan a este diario fuentes del entorno de Intu Eurofund Investment, la empresa promotora del proyecto -que prevé más de 800 millones y 5.000 empleos en la localidad de l'Horta Nord-.
El rechazo oficial del Consell le dio un margen de dos meses a la mercantil para "interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana". Así lo publicó el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV) el pasado 4 de noviembre. No obstante, los promotores se dieron por enterados con anterioridad, de modo que realmente tienen el próximo 12 de diciembre como fecha límite para hacerlo. Restan sólo 10 días.
Intu Eurofund Investment, conocedora de la lentitud de un proceso de estas características, está tratando de buscar una solución por la vía del diálogo con el el objetivo de que Puerto Mediterráneo no se quede congelado en los juzgados. En esta línea, solicitaron una reunión con el el presidente y con la vicepresidenta, Mónica Oltra, pero ninguno de los dos dirigentes les ha recibido todavía. Preguntado al respecto, Puig invitó en octubre a los impulsores a volver a empezar de cero.
En cualquier caso, incluso si Puerto Mediterráneo logra finalmente el ansiado encuentro, se antoja complicado que el asunto evite los juzgados, máxime cuando el propio complejo considera que su rechazo ha vulnerado la seguridad jurídica, dado que ya contaba con el visto bueno del anterior ejecutivo autonómico -cuando estaba en manos del PP-.
Además, Intu Eurofund ha dado con una sentencia de 2009 que, según su criterio, desmonta el argumento estrella del Consell para rechazar su proyecto. En concreto, como informó este jueves Valencia Plaza, el dictamen del TSJCV establece, tal y como sostienen los promotores, que la zona de servidumbre que debe guardarse junto a carreteras como la CV-35 es de un total de 50 metros y no de 100 -como estableció la Generalitat en base a la normativa estatal para emitir la memoria ambiental desfavorable-.
