VALÈNCIA (EP). El líder del PSPV y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reprochado al Consell que preside el Carlos Mazón que, tres meses después de las elecciones, tenga "un 30 por ciento de personas que no han nombrado; no solo de las áreas de Vox, también del PP". Además, ha acusado a sus sucesores de tener "secuestrados" a algunos de los responsables del anterior gobierno al no haberlos cesado todavía.
Así ha valorado los primeros meses del Consell tras una reunión del grupo socialista en Les Corts. Puig ha criticado la "falta de proyecto por la Comunitat Valenciana de PP y Vox", algo que ha ligado con polémicas como el uso del valenciano o el retraso en las adjudicaciones de plazas docentes.
Respecto a los cargos del anterior Consell que siguen en su puesto, como el socialista José Mª Ángel en Emergencias, ha advertido que "no es razonable" que continúen dos meses después de la investidura cuando "tienen derecho a sus proyectos laborales y a su vida normal".
"No deben estar, de alguna manera, como secuestrados por un gobierno en el que no tienen nada que ver, sobre todo aquellos que están en las áreas de influencia de la extrema derecha", ha expuesto, una posición que ve "incómoda".
Es más, ha asegurado que el mantenimiento de estos cargos demuestra que el PSPV no trató de "obstaculizar" el traspaso de poderes. "A la hora de la verdad, muchos (de los representantes del actual Consell) se han ido de vacaciones y no tenían mucha prisa", ha constatado, y ha advertido que "no es razonable" que todavía queden cargos por nombrar.
En cualquier caso, Puig ha hecho hincapié en que "tiene que haber un gobierno" y no dos, aunque esté formado por PP y Vox, y en que "el responsable político es el 'president', al margen de los acuerdos a los que pueda llegar el Consell con la oposición "en un momento determinado.
"Nosotros hemos acordado en algunos cargos que podemos mantener durante un tiempo, pero de forma acordada y no impuesta (...) Tiene que ver con la calidad democrática, que en algunos partidos está en clara contradicción en su propia esencia".
Por otra parte, respecto a la Diputación Permanente convocada este viernes en Les Corts para convalidar tres decretos del Consell, Puig ha avanzado que el PSPV los apoyará al ser "líneas de continuidad del gobierno anterior". Pero ha remarcado que pedirán que se incluya la eliminación del canon de saneamiento del agua en la reducción de tasas y "la condonación de aquella parte que tenía que ver sobre todo con los hogares con más dificultad".
También ha advertido que "es un mal síntoma de calidad democrática" que el PP no haya aceptado que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, comparezca este viernes para dar cuenta del retraso en las adjudicaciones docentes. "No se debería dar ya permanentemente por hecho que va a ser así en esta legislatura", ha avisado.
Por otro lado, Puig también ha mostrado su "dolor" y "tristeza" ante el asesinato ocurrido este pasado miércoles en Alzira, donde un policía retirado supuestamente acabó con la vida de su mujer, con la que estaba en trámites de separación, y ha reclamado que se renueve el Pacto Contra la Violencia de Género y se actualicen "las cosas que no están funcionado". Asimismo, ha señalado que "para acabar con el terrorismo machista hay que acabar con la cultura machista".
"El principal problema que tiene la sociedad española y la sociedad valenciana en estos momento es la violencia de género, los asesinatos machistas y el terrorismo machista que está determinado por la cultura machista", ha subrayado el senador territorial, que ha reclamado que se renueve el Pacto contra la Violencia de Género, "adoptando y actualizando todas las cuestiones que no están funcionando adecuadamente, pero, sobre todo, reafirmando la voluntad de toda la sociedad unida para superar esta situación que hace de nuestra sociedad una sociedad debilitada".
"Vivimos en una sociedad en la que muchas mujeres, desgraciadamente, en estos momentos, se ven limitas en sus propios derechos y en su propia dignidad", ha censurado.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal