VALÈNCIA. (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes un programa de ayudas de 240 millones de euros en el periodo 2019-2023 para los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación (140 ayuntamientos) y con problemas financieros (otros 35).
Estas ayudas se articularán a través de un decreto ley, que ya está en exposición pública, y podrán ser subvenciones o materializarse en liquidez mediante la compra de activos municipales, con la opción de recuperarlos en cinco años.
Esta norma garantizará la prestación de servicios públicos municipales y surge de la voluntad de la Generalitat de ayudar a los ayuntamientos que están en peores condiciones, según ha explicado el president de la Generalitat durante la presentación de la Estrategia Juntament, de colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos.
Esta estrategia está integrada por los programas que se han puesto a disposición de los ayuntamientos durante el Gobierno de la Generalitat: Edificant, Avalem Territori, XarxaLlibres, C+T (Cultura y turismo) y el Fondo de Cooperación Municipal.
Ximo Puig ha destacado que estos programas marcan la hoja de ruta "correcta" para superar las desigualdades entre personas, entre territorios y entre comarcas, y persiguen lograr "las mayores cuotas de prosperidad social". Hasta la fecha la Generalitat ha destinado en esta legislatura 1.218 millones a los ayuntamientos.
Sobre las ayudas a los municipios en situación de emergencia social por despoblación, se trata de evitar que para muchos ayuntamientos pequeños o de baja densidad de población sea un problema mantener abiertas residencias de la tercera edad y centros de día, servicios educativos y culturales como escuelas infantiles, instalaciones deportivas o culturales y otros servicios necesarios para los ciudadanos.
En el caso de los municipios con problemas económicos -aquellos cuya carga financiera supera el 110 % de sus ingresos corrientes-, las medidas del decreto ley permitirán la reducción de la carga en un periodo de cinco años mediante ayudas, con la posibilidad de comprar activos municipales con la opción de que puedan recuperarlos una vez superen las dificultades financieras.
El decreto ley estará aprobado antes de dos meses, ha indicado Puig, quien ha destacado la alianza con los ayuntamientos en un modelo de gestión de subsidiariedad y proximidad "sin favoritismos ni partidismos", frente a una época en la que se daban las subvenciones "en función del color político", algo que ha desaparecido con la Generalitat actual, ha indicado.
Preguntado por el papel de las diputaciones en este ámbito, Puig ha afirmado que deben ayudar a que los ayuntamientos expresen su acción de gobierno ya que son estos los que deciden, y ha señalado que las diputaciones de Valencia y Castellón colaboraron en el Fondo de Cooperación Local mientras que la de Alicante se negó y los ayuntamientos de esta provincia solo tienen el 50 % de los recursos.
Sobre el Fondo de Cooperación municipal, ha concretado que a medida que mejore la financiación autonómica se podrá incrementar este fondo.
El director general de Administración Local, Antoni Such, ha presentado la Estrategia Juntament, la expresión de la alianza entre la Generalitat y los ayuntamientos puesta en marcha esta legislatura con programas públicos para reforzar los servicios básicos e infraestructuras que dan los municipios.