XimoPuig en su intervención ante los medios. JOAQUÍN CARRIÓNTORREVIEJA. El presidente de la Generalitat, XimoPuig, aseguró este sábado que el Gobierno valenciano no aceptará "ir perdiendo derechos y recursos en materia presupuestaria", provenientes del Gobierno central, además de advertir de que no permitirá que los valencianos tengan "menos derechos que la media española”
Así lo expuso el jefe del Consell en la ciudad de Torrevieja donde los miembros del Ejecutivo están manteniendo diferentes reuniones con motivo de la celebración del Seminario de Verano 2016, cuyo objetivo es actualizar los compromisos adquiridos por la Generalitat en el pasado semestre.
En este sentido, el máximo representante del Consell denunció que desde el 2009 al 2014 la Comunidad dejó de recibir del Gobierno central 6.900 millones de euros, una "deuda histórica a la que no renunciamos porque no queremos ser ciudadanos de segunda división”, sentenció.
Unos datos que proceden del informe elaborado y presentado este sábado por el director general de Presupuestos, José Moreno, fruto del cálculo y el análisis de las liquidaciones de los últimos años.
En esta línea, Ximo Puig destacó el trabajo realizado sobre los presupuestos de la Generalitat del próximo año advirtiendo de que los ingresos de la Comunitat se sitúan "por debajo de la media mientras que los gastos se encuentran muy por debajo de la media, por lo que aquí no hay un problema de gasto, hay un problema de ingresos y, por tanto, no vamos a aceptar que los valencianos y las valencianas tengan menos derechos que el resto de españoles". Con todo. apostilló que en los Presupuestos de 2017 primarán los servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Por otro lado, el jefe del Consell aseguró sobre posibles cambios en el Ejecutivo valenciano que las formaciones políticas que lo componen “se relacionan sobre el qué (políticas aplicables) y luego sobre el quién”.
En cuanto a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se encargó de anunciar la reforma de la Ley de Función Pública “para hacerla más ágil, menos burocratizada y que responda en tiempo real a los problemas de los ciudadanos”. Una ley añadió “que fue cambiada y saboteada por el PP en solitario y donde en los últimos 10 años se han perdido la mitad de empleados públicos”.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
