VALENCIA. La sexta Conferencia de Presidentes celebrada este martes en el Senado fue mucho más productiva que todas las anteriores, según muchos de los participantes en ella, y se saldó con un pequeño avance para la Comunitat Valenciana en su principal objetivo, que es la consecución de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Según Ximo Puig, el presidente Mariano Rajoy accedió a que dicho modelo no sólo se apruebe este año, sino que se aplique con efectos retroactivos a 1 de enero de 2017. Esto significaría que el Consell tendría prácticamente arreglado el presente ejercicio en lo que se refiere al cumplimiento del objetivo de déficit y pago a proveedores, con la financiación adicional que llegaría a final de año. Incluso podría devolverse el FLA percibido durante este año.
Un encuentro el de este martes que distó mucho de otras conferencias de este tipo celebradas en el pasado o de otros contactos bilaterales con el Gobierno central. Por primera vez, España y, en concreto, Mariano Rajoy, sí quiere -y necesita- escuchar a las comunidades autónomas, algo sobre lo que puso el acento Puig: "La actitud del Gobierno no tiene nada que ver con el pasado: está haciendo de la necesidad virtud". "Ese es el camino", remarcó, para agregar que incluso había visto a un ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "absolutamente más dialogante".
No obstante, hay dos peros al pequeño logro de Puig en Madrid sobre la financiación. En primer lugar, que es sólo un primer paso en el verdadero objetivo de la Generalitat, que es que la retroactividad se extienda cuatro años, hasta enero de 2014, fecha en la que empezó la prórroga del actual modelo. Así lo manifestó Puig en su discurso en la Conferencia de Presidentes.
El segundo obstáculo es que el compromiso que Puig arrancó a Rajoy, desvelado por el presidente valenciano al término de la Conferencia, no se plasmó en el documento final denominado Acuerdos de la Conferencia de Presidentes (ver documento). De hecho, ni siquiera se plasma el compromiso que sí hizo público el Gobierno de que el nuevo modelo estaría listo en 2017, como se pueden ver en la frase textual al respecto: "El seguimiento de este acuerdo se encomienda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participa también la AIREF, y que deberá intentar el máximo consenso en el año 2017".
Lo que sí tiene plazo definido es la puesta en marcha de la Comisión de Expertos, formada por varios representantes del Gobierno y uno por comunidad autónoma, que debe realizar los análisis necesarios para la posterior formulación de un nuevo modelo.
Otro importante acuerdo en materia de financiación fue el de hacer un estudio para saber cómo está ejerciendo cada comunidad autónoma la corresponsabilidad fiscal, después de que al menos cinco presidentes autonómicos socialistas reclamaran una armonización fiscal en los impuestos cedidos.
La primera fue la andaluza, Susana Díaz, a la que siguieron Ximo Puig, el extremeño Guillermo Fernández-Vara, el castellano manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán.
También la presidenta de Baleares, Francina Armengol, quien habló 'dumping fiscal' entre comunidades autónomas,un término utilizado reiteradamente por Puig para referirse a los bajos impuestos de Madrid. No obstante, la propia Armengol pidió que los territorios tengan "más capacidad de competencia" porque la política impositiva es "clave para redistribuir la riqueza". Un discurso contradictorio, puesto que el llamado 'dumping fiscal' surge precisamente gracias a la competencia de las CCAA en política fiscal.
El jefe del Consell destacó diversos avances de la conferencia como por ejemplo respecto a la flexibilidad sobre la tasa de reposición de forma que, según lo acordado, se garantice "un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración Pública, en colaboración con el resto de Administraciones Públicas y con pleno respeto a los límites y reglas de gasto establecidos".
Puig también celebró el acceso a competencias respecto a la implantación de la Garantía Juvenil en España así como un papel más activo de las CCAA respecto a todas las decisiones europeas que tengan relación con las competencias autonómicas.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes de las comunidades autónomas reunidos este martes 17 de enero de 2017 en la Conferencia de Presidentes en el Senado también acordaron a última hora celebrar un debate monográfico sobre violencia de género en la comisión de las CCAA para luchar de forma "contundente" contra esta lacra, así como impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a los refugiados.
Así lo anunció Rajoy este martes durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el Senado al término de la Conferencia de Presidentes. Entre otros acuerdos alcanzados en materia social se encuentran una estrategia nacional frente al problema demográfico, un consejo nacional de protección civil, un debate monográfico sobre educación y el diseño de una tarjeta social.
En concreto, el acuerdo sobre violencia de género precisa que se encomendará al Gobierno de España la solicitud de la convocatoria de la Comisión General de las CCAA del Senado para celebrar un debate monográfico sobre la violencia de género que incorpore las aportaciones de las mismas a los trabajos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Congreso de los Diputados acordó por unanimidad el 15 de noviembre de 2016, promover un Pacto de Estado en materia de violencia de género, a suscribir por el Gobierno de la nación, las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Dentro de un acuerdo sobre el desarrollo de la participación de las CCAA en los asuntos de la UE, Rajoy y los presidentes autonómicos alertaron sobre la "dramática situación que padecen miles de refugiados", especialmente ante la ola de frío; y ante los llamamientos de ayuda de distintas organizaciones, concluyeron impulsar un Plan coordinado de ayuda de emergencia, a través de la Cooperación al Desarrollo de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, Rajoy anunció que en el plazo de tres meses constituirán el Consejo Nacional de Protección Civil para sumar todos los medios de que disponen el Gobierno y las CCAA ante "algún problema grave o calamidad", para ser más "rápidos y no estar discutiendo sobre si la competencia es de uno o de otro".
Asimismo, los presidentes pactaron pedir al Senado que convoque la Comisión General de las CCAA para realizar un debate monográfico sobre educación para que las autonomías den su opinión y esta se sume a los trabajos del Pacto de Estado por la Educación.
También concluyeron que elaborarán y desarrollarán en 2017 por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las CCAA, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades Locales, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, de naturaleza global y transversal, "que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante".
Por otra parte, firmaron un acuerdo por el que se comprometen a poner en marcha en el plazo de tres meses, un grupo de trabajo con participación de la Administración General del Estado, las CCAA, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la FEMP para el diseño y puesta en marcha de la tarjeta social, incorporando también las aportaciones del Tercer Sector de Acción Social.
Esta tarjeta, según puntualizó Rajoy, permitirá la actualización permanente de las prestaciones sociales que las CCAA y el Gobierno prestan y responder más eficazmente a la situación de las familias más vulnerables.