VALÈNCIA (EFE). El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que confía "absolutamente" en la Justicia, en la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y en los funcionarios de la Generalitat ante la investigación judicial por la gestión de abusos a menores tutelados.
Puig ha respondido así tras la pregunta que le ha formulado la síndica del PP, María José Catalá, sobre si apoya a Oltra ante la situación "insostenible" por la que atraviesa ante la investigación de un juzgado de Valencia en la que ha citado ya a declarar como imputadas a trece personas por la gestión que se hizo en la Conselleria que dirige la vicepresidenta de la denuncia por abusos que hizo una menor tutelada contra un monitor, exmarido de Oltra.
Según Catalá, Oltra tienen una responsabilidad "directa" por la "instrucción paralela" que se ordenó dentro de la Conselleria sobre esa denuncia, y Puig ofrece "un silencio decepcionante" que "delata debilidad. ¿Por qué calla?", le ha preguntado.
El president le ha respondido que se trata de "una cuestión judicializada" y ha añadido: "Confío absolutamente en la Justicia, en la vicepresidenta y en los funcionarios de la Generalitat", al tiempo que ha criticado que haya "un intento permanente de dañar al Consell y a la vicepresidenta".
Ante la pregunta de Catalá de si está "tan atado de pies y manos a su vicepresidenta que no puede pedir perdón ante este caso horroroso", Puig ha señalado que aunque está "seguro" de que el juez y la fiscalía "buscan la verdad" en este caso, duda de que el PP haga lo mismo.
Por otro lado, Puig ha garantizado este jueves que "todas" las mujeres en la Comunitat Valenciana tienen "garantizado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público sanitario como una prestación sanitaria más, aunque ha admitido que "es cierto que aún no se puede abortar en todos los centros". Además, ha destacado que, con la reforma del Código Penal, se castigará con cárcel el acoso en clínicas de aborto.
El president le ha interpelado sobre qué medidas piensa tomar para que la interrupción voluntaria del embarazo sea accesible para todas las mujeres en los centros sanitarios que dependen de la Generalitat y para que se impidan "posibles campañas de acoso de las clínicas abortivas, partidos de ultraderecha y grupos ultracatólicos que puedan coartar esta libertad".
Así, ha asegurado que, en estos momentos, las demandas de las mujeres de aborto se atienden de "forma inmediata y de acuerdo a sus necesidades de la mujer que lo solicita desde los centros de salud sexual y reproductiva que realizan una atención multidisciplinar e integral, que comprende consulta médica, apoyo psicológico así como asesoramiento anticonceptivo".
Por ello, ha insistido: "El Gobierno valenciano garantiza el acceso al aborto a través de la red pública dentro de la convicción propia de una sociedad democrática y progresista que trabaja a favor de los intereses de las mujeres".
Al respecto, Puig ha recalcado "la defensa de derechos sexuales y reproductivos" que garantiza su Gobierno respetando además "la diversidad sexual, de género o de creencias". Así, ha recordado que fue en 1986, bajo el gobierno del socialista Joan Lerma, cuando se articuló la atención salud sexual y reproductiva con la creación de los centros de planificación familiar, que generó "una gran polémica por parte de sectores de la ciudadanía".
El magistrado blinda los hechos por los que se puede acusar a los 16 cargos de la Conselleria de Igualdad en su auto de procesamiento para dejar fuera delitos como el de malversación