Puig da largas a la reunión con la plataforma de defensa del derecho civil valenciano

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no celebrará -al menos de momento- una recepción oficial con la Asociación de Juristas Valencianos (AJV), el ente que se ha destacado en los últimos años por su defensa para la recuperación del derecho civil valenciano, cuya esencia fue anulada por varias sentencias del Tribunal Constitucional en 2016.

La organización presidida por Jose Ramón Chirivella, tal y como informó este diario, registró hace casi un mes una solicitud para reunirse con el jefe del Consell sin que se haya producido una respuesta oficial. Desde Presidencia, aunque no descartan el encuentro, admiten que no hay fecha pero recalcan que la posición de Puig es "absolutamente favorable" a la recuperación del derecho civil valenciano, algo que hay manifestado públicamente en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, y más allá de las dificultades que tiene un presidente de la Generalitat para cuadrar su agenda, esta demora en el encuentro tiene más sustancia de lo normal en tanto en cuanto el derecho civil valenciano atraviesa un momento clave para su posible recuperación. 

Así, cabe recordar que en estos momentos se encuentra abierta la negociación para la reforma del artículo 49 de la Constitución, dirigida a sustituir la palabra "disminuido" por la referencia "personas con discapacidad", una petición histórica de las asociaciones de este ámbito. El PSOE, tras años con esa reivindicación en la mochila, ha encontrado en esta ocasión 'luz verde' por parte del PP (los votos de ambos partidos son necesarios para la reforma), pero los populares han dejado claro que sólo aceptarán el cambio si no se incluyen otras cuestiones.

Distintas fuentes socialistas aseguran que Puig ha hecho diversas gestiones con el Ministerio de Presidencia que lidera Félix Bolaños, el encargado de la cuestión, para que se intente incluir en ese cambio la recuperación del derecho civil valenciano. Una cuestión que incluso ha aceptado por escrito y públicamente que se incluya el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo. Sin embargo, al menos hasta el momento no parece que los intentos de Puig hayan fructificado, por lo que todo apunta a que cuando llegue al pleno del Congreso la enmienda -en este caso de Compromís- para incluir en la reforma del artículo 49 la recuperación del derecho civil valenciano, será rechazada también con los votos socialistas.

Esta podría ser una de las razones por las que Puig no termina de dar vía libre a la reunión con la AJV. Si no existe un avance en las gestiones o al menos una puerta abierta a la esperanza sobre la cuestión, el presidente sólo podría ofrecer su apoyo a una organización que, posteriormente, verá cómo su causa es rechazada en el Congreso con los votos incluidos de su partido. En Presidencia, la cuestión incomoda: ya se han producido en los últimos tiempos algunas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez que han causado problemas al Consell de Puig, como la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

Para el entorno del líder del PSPV, la cuestión del derecho civil valenciano, podría haberse utilizado mejor desde La Moncloa desde un punto de vista estratégico, dado que los populares valencianos que lidera Carlos Mazón también están a favor -lo votaron en Les Corts-, por lo que opinan que con mayor insistencia y pedagogía quizá podría entrar en la negociación. De conseguirse, Puig podría vender un pequeño -pero importante- éxito autonómico y, si hay negativa del PP, ganar el relato de que son los populares los que no han dado el paso para la recuperación.

No obstante, al menos a día de hoy, no existen avances y se produce la extraña paradoja que Puig, siendo favorable a recuperar esta herramienta jurídica valenciana, sigue manteniendo en el congelador una reunión con la principal asociación que la defiende, cuyo último encuentro oficial fue en 2016 y que además celebró recientemente una manifestación a la que concurrieron numerosos dirigentes socialistas.