El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Foto: GVABRUSELAS. La cuestión catalana ha traspasado las fronteras españolas. Este miércoles estaba previsto que el president de la Generalitat, Ximo Puig, defendiera ante el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea el dictamen definitivo sobre el funcionamiento del reglamento del mecanismo ‘Conectar Europa’ (MCE). Una cita programada para las 16.30 de la tarde, pero que se ha aplazado para tratar la cuestión catalana.
El plenario del Comité de las Regiones ha alterado el orden del día para hablar del procés de Cataluña, una cuestión que, según Puig, "preocupa en Europa". Para transmitir un mensaje tranquilizador a la Unión, el president del Consell, en calidad de representante español del Comité de las Regiones y encargado de defender la postura común, ha reconocido que España es un país "democrático que evidentemente tiene tensiones territoriales, como tienen otros países de la Unión, pero hay mecanismos para resolverlos a través de la Constitución, Estatut de Autonomía y otras reformas que se pueden abordar". Por lo que considera que lo "necesario" es dialogar.
"España es una democracia consolidada y homologable a cualquier democracia avanzada de Europa. Hace 40 años nos manifestábamos en las calles pidiendo Libertad, Amnistía y Estatut de Autonomía. Y lo hemos conseguido", ha indicado.
No obstante, Puig ha querido subrayar que no "hay democracia sin cumplimiento de la ley" y que las actuales son normas "legítimas" porque nacieron en "parlamentos democráticos", por lo que ha apelado al diálogo a ambas partes para resolver el conflicto actual. "El diálogo es siempre la política", ha dicho.
Así, el president de la Comunitat, ha indicado que hay mecanismos para resolver la situación que van "desde modificar leyes hasta constituciones". Herramientas "clave" para la "erradicación de cualquier totalitarismo. Razón y sentimientos no pueden estar confrontados".
En referencia a la decisión de su homólogo catalán de seguir adelante con el referéndum catalán a pesar de no reunir las garantías legales requeridas, ha indicado que las "soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley. No hay atajos en la democracia". "El referéndum no era legal, no fue válido porque no fue tal y esta tarde, cualquier decisión que se tome, no será valida porque será tomada desde fuera de la ley", ha añadido.
También se ha referido a la decisión que tomó el Gobierno central que preside Mariano Rajoy para tratar de frenar el referéndum. "Nunca la violencia soluciona problemas políticos", ha subrayado.
Llegados a este punto, el president de la Generalitat cree necesario que se supere "la fractura económica que se va a dar, la fractura social, que ya se está produciendo y la fractura emocional que ya se ha producido". Antes de finalizar su intervención, Puig volvía a apelar al diálogo. "Debemos volver al diálogo. Queremos continuar viviendo juntos en una democracia", ha concluido.
El discurso de Puig ha contrastado con el del portavoz de la comunidad catalana en el Comité de las Regiones, Amadeu Altafaj. Altafaj ha denunciado las imágenes que dejaron el pasado 1 de octubre la Policía Nacional y Guardia Civil cuando trataban de impedir que se ejecutaran las votaciones en los colegios catalanes.
"Lo que está sucediendo no es una cuestión española, es europea. El mismo president Puig afirmó ayer que Cataluña no era el problema, sino el estado territorial. Cuando un gobierno delega los problemas políticos a los tribunales, significa que la democracia está enferma. Cataluña es una nación europea. Cataluña será lo que los ciudadanos deseen y ningún tribunal decidirá el futuro político del país", ha zanjado.
Después de esta intervención, Puig defenderá el dictamen definitivo sobre el funcionamiento del reglamento del mecanismo ‘Conectar Europa’. También reclamará mayor financiación a nivel comunitario para que se complete la Red de Transporte Europea, en la que se encuentra el eje mediterráneo como proyecto prioritario de la red básica. Así, el documento que expondrá pretende asegurar la cooperación entre regiones y Estados para que se completen infraestructuras estratégicas que permitan un mayor desarrollo económico y se alcance un estándar de calidad elevado para la red de transportes entre 2030 y 2050.
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