El presidente Ximo Puig, en su viaje institucional a BruselasVALÈNCIA. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que "todo es absolutamente explicable" respecto a la operación del Institut Valencià de Finances (IVF) con el Grupo Zeta por la que el PP ha pedido su comparecencia en Corts y ha afirmado que "no tiene ningún problema" en hacerlo "donde haga falta". Además, ha subrayado que él no es accionista del grupo mediático, sino de la empresa Pecsa, la editora de Mediterráneo de Castellón de la que Zeta tiene la mayoría de las participaciones.
Así, a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante su viaje a Bruselas, ha remarcado: "Yo nunca he participado en Zeta, nunca he tenido nada que ver con Zeta, que es la accionista mayoritaria de (la empresa editora de) Mediterráneo".
Puig declara, según el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana, un total de 177.886,06 euros en acciones de la empresa editora de Mediterráneo, periódico en el que él mismo trabajó hasta principios de los años 80: "Después del golpe de Estado, en una actitud absolutamente arrogante el gobierno de la UCD en aquel momento eliminó todos los restos del 'suarismo', entre ellos el director de mi periódico".
"A mí me echaron, fui al juzgado y finalmente gané la demanda y ese dinero lo invertí cuando se hizo la compra del diario. En aquel momento, igual como ahora, mi ambición era que hubiera un diario progresista en Castelló, y que se mantuviera el periódico", ha señalado. "A partir de ahí he tenido esas acciones, nunca he participado en la dirección de la empresa ni en ninguna cuestión que tenga que ver en la dinámica empresarial de Pecsa y ahora se ha producido una situación difícil del socio mayoritario de Pecsa, no de Pecsa", ha agregado en referencia a la operación del IVF.
Por ello, ha asegurado que "no es cierto" que se haya hecho una intervención por parte del IVF sobre una empresa en la que él participe. Así se ha referido a la solicitud de comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts que ha solicitado el PP para que explique los términos de su participación en el pleno del Consell en el que se aprobó una operación "que podría favorecer a algún grupo empresarial en el que tiene acciones e intereses", en referencia al Grupo Zeta y al periódico Mediterráneo.
"Nunca he participado en Zeta, ni he tenido nunca nada que ver con Zeta, es un accionista mayoritario de Mediterráneo y nosotros éramos gente minoritaria. No sé si representamos (los accionistas minoritarios) el 10%, yo represento el 1%", ha aseverado.
Respecto de la operación del IVF con el Grupo Zeta, Puig se ha remitido a la explicación que ha ofrecido al respecto el director de la entidad, Manuel Illueca.
En una comparecencia este miércoles, Illueca ha facilitado detalles de esta operación. Así, ha asegurado que no se trata de una quita sino de una "venta de un crédito deteriorado a un tercero". Además, ha subrayado que el IVF no tenía conocimiento de que Puig tuviera acciones en el medio. Asimismo, ha afirmado que en la justificación del decreto que se aprobó en el pleno del Consell para clarificar las actuaciones de la entidad en los supuestos, entre otros, de reestructuración de deuda, no estaba incluida esta operación.
"El IVF no le hace quitas a nadie, vende un activo deteriorado", ha dicho, para recalcar que no se hizo "para nada" un decreto "ad hoc" y si se esperó a su aprobación para la venta fue porque era "lo razonable" al estar al final de la tramitación.
Además, ha admitido que habló con el 'president' de este caso porque se trata de una cuestión que "aparecía en prensa permanentemente", y porque suele explicarle los temas "más complicados, aunque ha asegurado que le trasladó que se trataba de una operación "normal". Así, ha recalcado que Puig "nunca ha dado luz verde ni roja a ninguna actuación del IVF" sino que ha mostrado el "máximo respeto a la decisión técnica que se adopta en esta casa".
De hecho, Puig ha remarcado que en este caso "se trataba de dar una solución en un momento determinado que los técnicos del IVF han avalado", y ha incidido en que en ella no tuvo "nada que ver el president de la Generalitat, ni de lejos". "Sería faltarle el respeto a estos funcionarios que son absolutamente independientes y que tienen una valía profesional y que han decidido lo que pensaban que era mejor en defensa de los intereses de los valencianos", ha aseverado.
En el caso por el que se pide la comparecencia de Puig, Illueca ha detallado en su comparecencia que la operación arrancó con dos préstamos de unos seis millones a una imprenta del grupo ubicada en Biar, que contaban como aval con la fianza de Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), editora de Mediterráneo.
La operación fue liquidándose sin incidencias hasta 2009, cuando el riesgo vivo había disminuido a 3,9 millones, y el Grupo Zeta decidió reestructurar la deuda. Se decidió entonces hacer una operación sindicada, a la que el IVF --bajo la administración dirigida por el PP, en aquel momento-- no se opuso y entró junto con el resto de entidades. La fecha fue 2009, por importe de 99 millones de euros, que inicialmente se fue pagando hasta llegar el préstamo a 1,85 millones de euros, que es el importe en el que estaba fijado cuando se recibió la oferta de adquisición del crédito por Prensa Ibérica.
A partir de ahí, empezó a registrarse una serie de solicitudes de aplazamiento o incumplimiento de condiciones del sindicado, momento en el que otras entidades empiezan a aportar financiación al Grupo Zeta, aunque el IVF optó por no aumentar el riesgo.
Al empezar a exigirse garantías adicionales, se optó por el reparto de tramos con garantías diferentes y riesgos distintos, un hecho con relevancia a la hora de definir el precio que Prensa Ibérica pagó por la operación. En 2015 se planteó la separación de la deuda en dos: Grupo Zeta y El Periódico de Catalunya, y el IVF accedió a los dos tramos "para facilitar la entrada de nueva financiación".
En 2017, cuando se evidencia una insuficiencia financiera con el reconocimiento por parte de las entidades de un tramo no sostenible de la deuda, se encargó un informe a Deloitte, que reveló que en el caso de que la sociedad caminase a la liquidación, las posibilidades de recuperación serían del 24% de lo que quedaba. En ese contexto, la opción por la que se optó es reconocer una pérdida del 100% del tramo no sostenible y provisionar el sostenible al 50%.
"Fue acertada porque cobramos exactamente lo que provisionamos en ese momento y se cobró el 30%, que se ajustaba a las expectativas" de Deloitte, ha detallado. En el momento de la oferta de Prensa Ibérica que planteó adquirir el crédito por el 30% de su riesgo vivo, entendieron que podía hacerse porque el IVF "se ajustaba a derecho privado" y no operaban como administración sino "en el ejercicio de la labor habitual de dar y recuperar préstamos".
Sin embargo, ha explicado que el problema de la entidad es que quiere actuar como financiera pero se trata de un ente de derecho público, con lo que "siempre estamos con la duda de la normativa a aplicar". Por ello, decidieron en 2018 sacar adelante un decreto para "clarificar" estas prácticas de reestructuración de deuda y tener un marco de actuación "con seguridad jurídica".
Fue entonces cuando llega la oferta y al estar tramitándose el decreto se decidió esperar a que viera la luz y estuviera aprobado por pleno del Consell y "luego aceptar formalmente la operación". En el camino, según Illueca, temía que una vez lista la normativa, la oferta no siguiera en pie y que hubiera un proceso de homologación judicial posterior que hiciera que la pérdida fuera mayor, por lo que planteó "la venta en esos términos condicionada a la aprobación del decreto".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
