VALÈNCIA (EFE). El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reclamado un nuevo sistema de financiación autonómica que blinde los servicios públicos básicos que prestan las Comunidades autónomas y equipare a los ciudadanos independientemente de donde residan.
Ambos presidentes autonómicos han suscrito hoy, tras reunirse en el Palau de la Generalitat una declaración conjunta sobre la reforma del sistema de financiación, en la que también coinciden en la "insuficiencia" de los recursos asignados por el actual modelo para dedicarlo a los servicios públicos.
El nuevo sistema de financiación debe proporcionar estabilidad a la financiación al menos de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y debe asegurar la aplicación efectiva de la lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades autónomas, así como entre estas.
El presidente de la Generalitat ha afirmado que no van a "bajar los brazos" ante estas reivindicaciones, en tanto que García-Page ha manifestado que el Gobierno está "totalmente agarrotado", una postura "propia de quien en los grandes problemas juega a lanzarlos a la generación siguiente".
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han reivindicado este sábado que "ya ha pasado el tiempo de las guerras del agua estériles" y han puesto de relieve la necesidad de abordar un debate conjunto para "alcanzar un auténtico acuerdo nacional".
Así lo han manifestado tras mantener una reunión en València para abordar la financiación autonómica, a preguntas de los medios sobre si durante el encuentro habían el problema del agua y la posibilidad de un pacto entre regiones en materia hídrica.
García-Page ha lamentado la "situación de emergencia" que vive el país por la sequía, y ha incidido en que el líder del Ejecutivo valenciano "mantiene una posición distinta" a la del Gobierno manchego. "Entiendo que cada comunidad defienda sus propios intereses", ha remarcado, antes de asegurar que "todos" los presidentes regionales plantean la "necesidad de un acuerdo nacional de una vez por todas", a través de un debate de "carácter constructivo".
En este sentido, a pesar de las diferentes posturas entre la Comunitat y su territorio, ambos presidentes mantienen un "objetivo en común: intentar acercar posiciones", ha defendido.
Asimismo, el presidente castellano-manchego ha remarcado que llamado Memorándum del Tajo-Segura fue un pacto "estéril" y una "falsedad" y que, por tanto, "no existe política de acuerdo sobre agua en España".
"Para que pueda haber un acuerdo nacional, se necesita un consenso previo entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia", ha recalcado, ya que considera que "el diálogo entre las regiones implicadas requiere abordar el asunto con perspectiva de las próximas décadas" y con "altura de miras".
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, que ha puesto el foco en que las "guerras del agua" han supuesto "dinero gastado en propaganda" y un "enorme fracaso".
Puig se ha referido a algunas formas de paliar la sequía y ha destacado entre ellas las políticas contra el cambio climático, que bajo su perspectiva son un asunto que debe abordarse en la próxima Conferencia de Presidentes.
También ha señalado que el trasvase de agua "no es se por sí una solución" y ha reivindicado el papel "fundamental" de las desalinizadoras, y todo ello debe, para Puig, incluirse en el marco de una "política integral seria del Gobierno para hacer frente a la sequía".
El jefe del Consell ha mostrado la disposición de la Comunitat para trabajar con el resto de actores en un acuerdo que "empiece desde abajo" y abarque la modernización de las confederaciones hidrográficas o las políticas del agua. Todo ello para que el "agua no sea un freno sino una energía fundamental en el desarrollo económico", ha zanjado.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral