VALENCIA. Reivindicar una financiación justa y visibilizar los "problemas e injusticias" que se derivan del actual sistema de financiación en la Comunitat Valenciana. Ese era el objetivo principal que el president de la Generalitat, Ximo Puig, fue a defender este miércoles al Círculo de Bellas Artes de Madrid bajo la premisa de que todo "lo que no está presente en el debate no se aborda, y por tanto, no se soluciona".
Con la intención de hacerse oír en la capital, cerca de 200 personas –entre los que se encontraban todos los miembros del Consell, componentes de la Mesa de Les Corts y grupos parlamentarios, representantes sindicales, patronales, empresarios y responsables de medios de comunicación– se desplazaban en varios convoyes del AVE a Madrid y celebraban un acto en el que tuvo un inusual protagonismo –estando el presidente de la Generalitat– la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
No obstante, como si se intuyera que el motivo de la jornada no fuese a despertar interés madrileño –como al final resultó por la falta de asistencia de representantes de referentes nacionales en todos los ámbitos–, no dejaba de resultar curioso que el tríptico repartido entre los asistentes y que reunía posibles soluciones para abordar la reforma del sistema de financiación –"Bases de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas"– estuviese escrito en valenciano.
A menos de una semana de la celebración del 9 d'Octubre, Puig quiso desplazar el debate que está ocupando estos días los medios de comunicación –la crisis abierta en el PSOE– para encarar los "grandes debates políticos de fondo", en esta ocasión, la infrafinanciación e infrainversión que sufre la Comunitat Valenciana.
Una problemática para la que quiso plantear soluciones, de tal manera que quedase demostrado que al Ejecutivo valenciano no le interesa ningún debate "ni localista, ni victimista", lamentos que la oposición liderada por la presidenta y portavoz del PPCV, Isabel Bonig, le ha recriminado en numerosas ocasiones en sus intervenciones en Les Corts.
Siguiendo el claim que la Generalitat presentaba la semana pasada de "Tots a una veu", la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que intervino antes que Puig, también reforzaba que existía un absoluto "consenso de todas las fuerzas políticas, sindicales, del mundo académico y empresarial, además de entidades del tercer sector" respecto a este asunto.
Sin embargo, con tan sólo la presencia madrileña del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, y el Secretario General de la Confederación sindical de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, pareció que el problema valenciano no tenía el peso suficiente para hacer ruido en Madrid y la capital miraba hacia otro lado.
Así, en su discurso ante la atenta mirada de representación valenciana, pero casi nula madrileña, el jefe del Consell expuso que el problema valenciano tiene dos derivadas fundamentales: la invisibilidad y la desigualdad. La primera, fruto de la falta de voluntad en el pasado de "las instituciones valencianas de ser partícipes de la construcción" del país. Y para ejemplificarla y alejarse del tópico de 'Levante feliz', Puig recurría a anécdotas –aunque ya utilizadas en anteriores ocasiones– como la de la conversación con el alto funcionario del Banco de España que no se creía que la Comunitat Valenciana estuviera 12 puntos por debajo de la renta per cápita que la media española.
Por lo que respecta a la desigualdad, el líder socialista valenciano hacía un recorrido histórico apoyándose en el informe de financiación desarrollado por expertos como el profesor Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie) y presidente de la comisión de expertos nombrados por Les Corts, para demostrar que la Comunitat había estado mal financiada históricamente desde que en 1983 y 1987 el Estado transfiriera a la Generalitat la gestión de la Sanidad y Educación, momentos en los que la Comunitat Valenciana disponía "de menos dotaciones públicas que la mayoría de autonomías" en ambas materias.
Tras esta exposición de motivos, Puig señalaba que el problema original derivado "de la insuficiente financiación de las competencias transferidas" no se había solucionado en ninguna de las reformas posteriores –1996, 2002 y 2009–. Ese último año la reforma del modelo fue abordada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, un dato en el que la oposición popular en Les Corts ha hecho especial hincapié en numerosas ocasiones para no enfrentarse a la cuestión principal: que el sistema de financiación lleva caducado dos años y el PP no abordó la reforma cuando todavía estaba en el Gobierno y no en funciones, idea sobre la que también planeó Puig.
Así, el retraso en afrontar esta reforma y "las consecuencias de los sucesivos modelos son claras": la deuda se ha multiplicado casi por seis, la Comunitat tiene la tasa más alta de PIB –43%– de todas las comunidades autónomas y los recursos por habitante se encuentran entre un 11 y un 12% por debajo de la media española.
En este sentido, tanto el jefe del Consell como Oltra demostraban una perfecta sintonía y coincidían, por ello, en el carácter inconstitucional de la actual financiación autonómica por la que "cinco millones de españoles sufren una discriminación inconstitucional", y por lo que para ambos entienden que se está incumpliendo los principios de "solidaridad, igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles consagrados en los artículos 2, 138 y 129 de la Constitución Española".
Mientras el president de la Generalitat manifestó que el pueblo valenciano había expresado "un solemne y conjunto 'hasta aquí hemos llegado'", la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no sólo recurría a las cifras para "demostrar sobradamente la razón" por la que se reunían en Madrid, también ponía "piel" para que los asistentes entendieran qué se estaba tratando allí: los valencianos están recibiendo 210 euros menos anualmente que el resto de españoles.
Discurso con el que trató de denunciar que el dinero que deja de recibir la Comunitat Valenciana supera el presupuesto de la conselleria que ella lidera y que ayer bautizó como la "conselleria de la vida". "Hoy nadie duda en la Comunitat que lejos de la imagen de un Levante feliz a bordo de Ferraris y yates de lujo que alguien se empeñó en difundir, late una población castigada que sufre las consecuencias de una injusticia que hay que reparar", señaló.
Por su parte, el presidente de Les Corts, Enric Morera, se sumaba a la reivindicación de la reforma inmediata del sistema de financiación autonómico "que posibilite a los valencianos disponer de servicios fundamentales" además de poder ejercer competencias propias. A su vez también pedía el reconocimiento del déficit de financiación acumulado cifrado en 12.400 millones de euros.
El problema valenciano se queda en casa
A pesar de ser un acto que parecía desarrollarse en la capital del Turia pero que se había trasladado a Madrid con una clara intención de reforzar la influencia del mensaje, el president de la Generalitat agradecía la asistencia de todas las personalidades que hasta allí se habían desplazado y trataba de vender la mejor imagen de la Comunitat, una autonomía "que no está de brazos cruzados y está impulsando su propio renacimiento" consciente de la representación empresarial que se encontraba en el acto.
Para cerrar este evento, anunció que pronto pedirá "una convocatoria Conferencia de Presidentes" para, junto al Gobierno de España, solicitar a la Comisión Europea flexibilizar los objetivos de déficit para evitar las sanciones.
Además de la asistencia del Consell al completo,numerosos diputados de Les Corts como Manuel Mata (PSPV), Antonio Montiel (Podemos) o Fran Ferri (Compromís), el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el de Alicante, Gabriel Echávarri, también asistió el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Además acudieron al acto representantes de universidades de la Comunitat Valenciana, el presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa; empresarios como Héctor Colonques (presidente del Grupo Porcelanosa), Luis Aires (presidente BP Oil), Eugenio Calabuig (Aguas de Valencia), Pilar López (presidenta Microsoft), Javier Serratosa (Consejero delegado del Grupo Nefinsa), Salvador Navarro (presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV) y Vicente Boluda (presidente Asociación Valenciana de Empresarios, AVE). Del Partido Popular, tan sólo el vicepresidente segundo de la mesa de Les Corts, Alejandro Font de Mora, asistió a este encuentro.
Un encuentro que, pese al mensaje cuidadosamente elaborado, la legitimidad de la reivindicación y el peso objetivo del contenido servido por los intervinientes, no causó la atención esperada y deseada por parte de los grandes poderes residentes en la capital de España.