CARTAGENA. Yolanda Muñoz ha acabado saliendo por la puerta de atrás del Puerto de Cartagena. La torreña ha pedido el relevo porque no ha podido aguantar el peso que la imputación de la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha puesto sobre la mesa por las presuntas irregularidades en la APC y López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, no ha tenido más remedio que aceptarlo. La travesía de Muñoz al timón de la Autoridad Portuaria se acaba aquí, con la sombra de la prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y revelación de secretos sobre sus espaldas; será ahora, el largo y tortuoso camino de la justicia el que deberá determinar qué grado de culpabilidad o no tiene en todo este gravísimo asunto.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la presidenta indicaba que:
"En el día de hoy, y tras mantener una conversación con el Presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, he tomado la decisión de solicitar mi relevo al frente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Lo hago convencida de que es la mejor decisión en este momento y con la firme certeza de defender la imagen de la institución a la que he representado con orgullo y dignidad, así como de la Región de Murcia, ante aquellos que pretenden aprovechar políticamente y sembrar confusión tras las denuncias presentadas, a la vez que poder aclarar ante la justicia aquellos hechos que se investiguen.
A partir de este momento continúo trabajando para esclarecer cualquier atisbo de dudas, al igual que durante estos años lo he hecho para incrementar las oportunidades y vías de negocio para el Puerto, la ciudad de Cartagena y toda la Región de Murcia.
Confío en la justicia y los mecanismos puestos en marcha para demostrar mi integridad y la del personal que forma parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena".
Eso sí, la magnitud de las denuncias de la Fiscalía, la presión política, mediática y la cercanía de unas elecciones regionales y municipales son una losa difícil de levantar, por mucho que la propia Muñoz quisiera arrojar luz, su luz, a este oscuro proceso, que pone en evidencia la credibilidad de una institución convertida en un referente en la Región desde hace décadas.
Fernando López Miras, quien la puso en el cargo, ha sido quien la ha quitado sin más dilación. Desde que la jueza la imputase, junto a otros siete implicados, todos los caminos nos llevaban a este desenlace, por mucho que este mismo jueves ella volviera a defender que todo se ajustaba a la ley y que nadie había cometido ilegalidad alguna bajo su mandato.
El presidente de la Comunidad era el más consciente de todos que un proceso como éste es demasiado complicado de digerir en pleno proceso electoral, cuando tanto se juega en el Gobierno regional y en el Gobierno municipal de Cartagena. De ahí que tanto su consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, como la propia alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, dejaran las miguitas en el camino a casa de Muñoz: 'la suerte estaba echada'.
Eso sí, tras ella queda un enorme problema de prestigio de la propia institución. Los propios trabajadores aseguran que el daño está hecho, que los miedos y las rencillas han quedado ahí, que la APC ha quedado 'mancillada' no solo por lo que haya o no podido hacer Muñoz, sino también por cómo lo gestionó su antecesor, Antonio Sevilla, y algunos de los altos cargos que están implicados. El modelo del puerto ha sufrido una enorme sacudida y no será fácil para el o la que venga restituirlo.
